dosyuno eve090211d_gsantosEste medio publicó el 3 de febrero una infografía en la que se incluyó al hermano del prefecto Cossío como socio de Catler Uniservice SRL. Se trata, evidentemente, de un error. La Razón pide disculpas al prefecto Cossío y a su hermano Pablo por la inclusión incorrecta de sus nombres en dicha publicación.atraco1

Febrero 21,año 2009. Martes

Durante un programa radial en esta localidad cocalera a unos 600 km al este de La Paz, retransmitido por la cadena nacional Patria Nueva, Morales señaló al capitán de policías Ramiro Carrasco, entrenado por más de una década en labores de inteligencia, seguridad, escuchas, vigilancia, comunicaciones y operaciones antinarcóticos encubiertas y, entre otras especialidades, manejo de crisis internacionales, en centros estadounidenses.

Carrasco también recibió instrucción en Inglaterra en 1996, precisó el gobernante boliviano.

El oficial denunciado, punta de lanza de la supuesta infiltración de la CIA, asistió asimismo a cursos en Panamá, República Dominicana, Colombia, Brasil, Chile, Argentina y Perú en décadas pasadas, abundó Morales.

Carrasco también se empleó en empresas agropecuarias del rico oriente boliviano, opuestas terminantemente a las políticas reformistas de Morales, y se desempeñó como “expositor” en la privada Cámara de Hidrocarburos de Bolivia, que organiza a una veintena de empresas petroleras internacionales que operan en el país exportador de gas natural, desde la década de los años 90.

Asimismo, sostuvo vínculos con una organización de bancos privados en el país andino.

En la nueva administración de YPFB, luego de removido Ramírez por decisión del propio mandatario, “se dieron cuenta que (Carrasco) ingresó con el título de ingeniero comercial cuando no tenía realmente dicho título profesional”, reseñó.

Morales retrató a Carrasco como un elemento “altamente peligroso cuando se ve sus capacidades para realizar operaciones encubiertas, infiltración, sabotaje y control político”

El Presidente dijo explicarse, recién ahora, a la luz de estos datos, la escasez de combustibles que se abatió entre agosto y setiembre últimos en el país, donde grupos de civiles volaron gasoductos, tomaron aeropuertos y oficinas del Estado en las ciudades de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, cuyas autoridades y líderes civiles se oponen radicalmente al mandatario  de origen indígena.

http://www.hidrocarburosbolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14670:morales-presenta-pruebas-de-una-qgran-infiltracionq-de-la-cia-en-bolivia&catid=15:gobierno-relacionamiento&Itemid=121

Febrero 21,año 2009. Lunes

- Igual que en el contrato de Alvarado con Iberoamericana, el contrato que firmó Ramírez con Catler-Uniservice incurre por lo menos en cuatro delitos penales, tal como lo ha comprobado la Ministra de Transparencia, y en este caso hay una infinidad de infracciones administrativas. Me llama la atención que en el contrato con Catler no haya un informe legal sustentado con la firma de un abogado competente, o por lo menos la firma del asesor legal de YPFB; sólo se registra el nombre de una notaria de Fe Pública, ajena a la empresa estatal. No existe ningún informe jurídico que debió anteceder al contrato. Es como si Yacimientos no tuviera un Departamento Jurídico ni abogado alguno. Sólo este detalle ya es muy grave, muy similar al contrato con Iberoamericana.

- Sabido es que el entonces director jurídico de YPFB, Mauricio Ochoa Urioste, fue encarcelado en diciembre del año pasado al habérsele sorprendido cobrando un soborno para agilizar un contrato de venta de combustible. ¿Correspondía a él emitir criterio jurídico para viabilizar el contrato con Catler?

- Sin duda, si es que Ochoa era el director jurídico de Yacimientos en julio del año pasado cuando se produjo la firma dolosa. No entiendo por qué ese abogado omitió sus deberes en este caso; seguramente lo aclarará desde la cárcel. Sin embargo, el informe de la ministra Suxo identifica a la abogada Esther Carmona como la directora jurídica que intervino en la comisión calificadora para adjudicar el contrato a Catler, y se supone que es ella quien asesoró a Santos Ramírez en dicho trámite; aunque no se qué tipo de asesoramiento habrá brindado la doctora Carmona, siendo ella sobrina de Ramírez.

http://www.lostiempos.com/noticias/23-02-09/nacional.php

Febrero 21,año 2009. Domingo

El gerente general de Taiyo Motors SA, Marcos Córdova Achá, explicó ayer a La Razón que el incremento en el precio de venta de 58 camionetas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se debió a que la empresa estatal primero pidió vehículos en zona franca (sin nacionalizar) y después, en la segunda licitación, puestos en sus almacenes.

“Cuando estábamos revisando el contrato, ellos pusieron que Taiyo tenía que entregar los vehículos con todos los impuestos pagados. Esta contradicción se hizó notar en nota enviada el 6 de noviembre por la empresa a YPFB”, explicó Marcos Córdova.

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, señaló ayer que el ex funcionario del Comando de Operaciones Especiales (Copes) y ex gerente nacional de comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Rodrigo Carrasco Jhansen, es uno de los infiltrados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la estatal petrolera.

“El señor Rodrigo Carrasco Jhansen ha sido miembro de Copes, ex policía, saquen ustedes sus conclusiones, pero les digo que aquí no va a haber ningún encubrimiento, el Presidente de la República lo dijo claramente el día de la promulgación de la nueva Constitución en la ciudad de El Alto, los corruptos sean del MAS, o no del MAS, a la cárcel, y ya tenemos la muestra de aquello, de que el Presidente cuando dice algo está hablando en serio.

http://www.lostiempos.com/noticias/22-02-09/nacional.php

http://www.la-razon.com/versiones/20090222_006646/nota_262_767130.htm

Febrero 21,año 2009. Sábado

LOS HECHOS:La compra de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de 58 camionetas a la empresa Taiyo Motors (única proponente) con un presunto sobreprecio de 3 millones de bolivianos, fue aprobada por la ex directora Jurídica de la estatal petrolera, Esther Carmona, que actualmente es investigada por la Fiscalía, por acciones irregulares y sospecha de corrupción.
Así lo reflejan las resoluciones administrativas de adjudicación de estos vehículos publicadas por la petrolera nacional. Un hecho inusual fue que para la adquisición de las camionetas de doble cabina y doble tracción se haya realizado dos licitaciones.
En la primera, se adjudicó el total de los motorizados por un monto de 10,4 millones de bolivianos. En la segunda licitación, el precio subió a 13,3 millones de bolivianos por la misma cantidad de camionetas, con similares especificaciones.
Carmona, que fue colaboradora de Santos Ramírez, firmó la aprobación de la adjudicación en las dos oportunidades. En ambas resoluciones administrativas, la ex funcionaria figura como responsable del proceso de contratación en licitaciones públicas.
La primera adjudicación fue aprobada el 21 de octubre del 2008. Sin embargo, el 11 de noviembre se anula el proceso de contratación para la adjudicación y se vuelve a llamar a una nueva licitación. En este segundo proceso, nuevamente la única proponente es Taiyo Motors, que el 26 de noviembre vuelve a adjudicarse la venta de los vehículos.

LA INVESTIGACION:La jueza décimo de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, instruyó ayer la detención domiciliaria del ex viceministro de Desarrollo Energético y ex gerente de Planificación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Misael Gemio, al establecer que puede tener responsabilidad en el caso de corrupción de la estatal petrolera.
La jueza estableció durante la audiencia de medidas cautelares, que duró alrededor de cuatro horas y que fue suspendida el jueves, la existencia de suficientes indicios de responsabilidad en contra del imputado, al relacionarlo con el extravío de documentos de YPFB y señalar que el sindicado manejaba información sobre el contrato de Catler-Uniservice con la estatal petrolera.
El directorio de YPFB aún no fue convocado por el nuevo presidente interino de la estatal petrolera, Carlos Villegas, para tratar los casos de presunta corrupción por el contrato con la sociedad accidental Catler Uniservice, que involucra a su ex presidente, Santos Ramírez, recluido provisionalmente en la cárcel de San Pedro.
La siderúrgica argentina Sica, una de las dos empresas contratadas por el consorcio Catler Uniservice para la construcción de tanques cisternas y tanques fijos para la planta de extracción de líquidos en Río Grande, ya realizó el acopio de materiales y la totalidad de los trabajos de ingeniería, cuyo financiamiento se efectuó con recursos de esa misma empresa. Según indica Sica, esta parte representa un 40% del total del contrato.
Sin embargo, esta compañía hasta la semana pasada no había recibido ningún pago por el concepto de acopio de material y por la labor de ingeniería. “Hasta el momento, nuestra empresa está al aguardo del pago de las dos certificaciones aprobadas por parte de YPFB para dar inicio a las actividades de fabricación”, refiere Sica al responder un cuestionario enviado por EL DEBER.

LAS PERSONAS:El ministro de Finanzas y Economía, Luis Arce Catacora, conocía las irregularidades que se cometió en el manejo del fideicomiso de YPFB, las advirtió al presidente de la empresa estatal del petróleo, pero no se conoce si tomó alguna determinación adicional, según reveló ayer la ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, en una entrevista con la Cadena A.
“Nosotros tenemos conocimiento de que incluso hay observaciones que se habrían hecho de parte del Ministro de Hacienda cuando se instruía los desembolsos. Pese a todo ello, lamentablemente quien debía cuidar que ese fideicomiso sea desembolsado de acuerdo a norma, es la máxima autoridad ejecutiva de YPFB, en ese momento Santos Ramírez”, señaló.
El Ministerio de Finanzas, como fideicomitente, entregó al Banco Unión $us 45 millones en calidad de fideicomiso para la construcción de una planta de extracción de licuables en Río Grande-Santa Cruz. De este monto, según un informe, el 12 de noviembre del 2008 se realizó un desembolso de $us 35 millones para la apertura de una carta de crédito (una garantía) a nombre de Gulsby para la importación de equipos para la planta.

FRASES:“Esta madrugada estaba revisando algunos datos en La Paz y lamentablemente ha habido presencia de la CIA en YPFB y algunos de nuestros compañeros han sido atrapados por esa infiltración externa”, dijo el Presidente en medio del discurso que emitía en un acto que se realizó ayer en Chimoré para inaugurar un programa de apoyo al desarrollo alternativo que recibe la colaboración económica de la Unión Europea.

http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-02-21/vernotanacional.php?id=090220222314

http://www.la-razon.com/versiones/20090221_006645/nota_249_766789.htm

http://www.la-razon.com/versiones/20090221_006645/nota_249_766790.htm

http://www.lostiempos.com/noticias/21-02-09/21_02_09_nac3.php

Febrero 20,año 2009. Viernes

LOS HECHOS:Efectivos policiales hallaron ayer jueves $us 270.000 que se encontraba en poder de Ángel Laime, quien estaba en un local ubicado en el Plan Tres Mil.
Los efectivos policiales notaron que el sujeto se mostraba bastante nervioso, lo que originó sospechas. Se supo también, tras las primeras declaraciones tomadas al sospechoso, que el dinero le habría sido enviado de La Paz.
El subcomandante de la Policía Departamental, coronel José Piérola dijo que personal que patrullaba este barrio cruceño en el marco de la Ley Fortaleza, detectó a esta persona y comenzaron a interrogarlo al verlo con muchos nervios.
Detalló que le pidieron mostrar el contenido de un bolso que portaba y una vez abierto, descubrieron en su interior dos paquetes envueltos en cinta maskin, hecho que llamó la atención de los uniformados que descubrieron el dinero y el sujeto fue trasladado al Distrito Policial DP 3.
La estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) anunció una querella contra los funcionarios de Servicios e Industrias Petroleras SA (SIPSA) —su propia empresa—por haber incurrido en varias irregularidades, además de causar daño económico al Estado.
“Nos vamos a querellar para tomar decisiones, porque se tiene que asegurar las actividades de perforación, una vez se aclaren las anomalías e irregularidades legales, administrativas y financieras que rodearon a la constitución y al funcionamiento de SIPSA”, declaró ayer el presidente de YPFB, Carlos Villegas.
Por graves “irregularidades y anomalías” en la constitución de la empresa Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA), el presidente ejecutivo de la estatal petrolera, Carlos Villegas, decidió que la perforación de los pozos 34D y 35H en el campo Víbora, de propiedad de la YPFB-Andina, no se inicien hasta que se resuelvan las deficiencias jurídicas, administrativas y financieras.
Villegas, quien ayer inspeccionó el estado en que se encuentra el equipo de perforación en el campo Víbora, en especial el taladro chino alquilado a YPFB por la compañía PDVSA Servicios de Venezuela, dijo que esta maquinaria está en condiciones óptimas para iniciar los trabajos planificados.
La jueza Décimo de Instrucción en lo Penal Cautelar, Marcela Siles, ordenó este viernes el arresto domiciliario del ex viceministro de Hidrocarburos, Misael Gamio, quien está acusado de estar vinculado a los presuntos hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La decisión fue asumida en la audiencia de medidas cautelares, donde el Ministerio Público, después de exponer sus alegatos, pidió la detención preventiva del imputado en la cárcel de San Pedro de La Paz, a lo que no accedió la jueza.

LA INVESTIGACION:La empresa estadounidense Gulsby, subcontratada por Catler Uniservice para la construcción del 80 por ciento de la planta separadora de licuables en Río Grande que se adjudicó de manera “irregular”, cumple las especificaciones necesarias para realizar la obra, afirmó el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce.
La autoridad señaló que por mandato del Presidente de la República, junto a YPFB y el Ministerio de Transparencia, se realizó, de manera conjunta, una valoración jurídica sobre los contratos suscritos entre la estatal petrolera y Catler Uniservice, cuya empresa firmó otro contrato con Gulsby.
La compra de acciones por parte de la petrolera estatal de la firma Full Industry, por más de $us 200.000, que luego cambió su razón social y se transformó en Sipsa, no tuvo el aval de la máxima instancia de YPFB y de las autoridades nacionales del sector de hidrocarburos.
Luego, afirmó que entre las distintas irregularidades cometidas en la administración de Sipsa, su ex gerente Rogelio Ashimine dio un aporte individual de aproximadamente Bs 100.000 para iniciar las actividades de perforación, pues aparentemente la empresa carecía de fondos. Por si fuera poco, denunció que Ashimine, después de ser destituido de su cargo, siguió trabajando en la empresa.
Tres nuevas irregularidades cometidas en la gestión de Santos Ramírez, al frente de YPFB fueron conocidas ayer. Por un lado está la compra de 58 camionetas doble cabina y doble tracción. La estatal petrolera el 1 de octubre del año pasado licitó la adquisición de las camionetas y el 21 de ese mes seleccionó a un único proponente (Taiyo Motors) para que le proveyera los vehículos a un costo por debajo del valor referencial de Bs 13,9 millones establecido en la convocatoria de la licitación. Se decidió hacer la transacción por Bs 10,4 millones.
Sin embargo, el 11 de noviembre se anuló el proceso cuando prácticamente se elaboraba el contrato. YPFB hizo una nueva licitación y ganó la misma importadora, la que se adjudicó el proceso por un monto de Bs 13,3 millones. El gerente general de Taiyo Motors, Marcos Córdova, explicó a La Prensa que el costo se elevó porque YPFB primero quería que los vehículos llegasen a zona franca, pero cuando se estaba por firmar el contrato sus abogados retrocedieron porque iba a implicar que la estatal pagara los impuestos.
En Potosí, la empresa constructora Improcon, encargada del levantamiento de un muro perimetral para una planta engarrafadora y donde no se observa la obra comprometida, no recibió un solo centavo de los Bs 100.000 que debió entregarle YPFB.
En Tarija, en la planta de almacenamiento de YPFB en Bermejo se firmó un contrato para la readecuación de la malla perimetral, cuyo contrato fue firmado el 24 de noviembre de 2008 con la empresa Copai por Bs 170.000, pero que ese trabajo no era necesario. /La Prensa
Támer Medina, funcionario del Ministerio de Transparencia, informó que el lunes 16 de febrero, recibieron un informe de José Yucra Paredes, jefe de la oficina comercial en Bermejo, quien hizo conocer la firma de un contrato para una obra que no sería necesaria.
Según el informe, el 24 de noviembre YPFB habría contratado los servicios de la empresa “Servicios y Mantenimiento de Ingeniería” (COPAI), representada por Jorge Rojas, para realizar la readecuación malla perimetral en la Planta de Almacenaje Bermejo-Tarija, obra que se entregaría en 32 días y por un costo de 170.060.40 bolivianos.
Sin embargo previo a que se ejecute la obra, Yucra envió un informe al Director Distrital de YPFB, Freddy Alarcón, a quien le hace conocer el estado de la malla perimetral, la cual no presentaba ruptura ni deterioro, motivo por el cual no era necesario el cambio.
Según Medina, se comprobaron irregularidades en el contrato, las mismas habrían sido cometidas por Carlos Nieves, quien fue el encargado de requerir una obra innecesaria y que al parecer registra sobreprecio.
A raíz de esa investigación, el Ministerio de Transparencia además detectó un ítem fantasma al interior de YPFB-Tarija, a favor de Sadid Guido Prado Flores, por 3.217 bolivianos, ciudadano que figuraba como funcionario desde hace un año y medio, sin embargo desconocen al mismo.
Ernesto Michel, gobernador del penal de San Pedro, afirmó ayer que los hermanos Córdoba le informaron haber recibido una oferta de soborno de 150.000 dólares el martes 17, alrededor de las 16.00, mientras que el abogado defensor de Ernesto Córdoba, Jorge Borda, sostuvo que la correspondiente denuncia fue hecha la semana pasada.
El miércoles, Borda aseguró que dos hombres, a través de la reja que separa el zaguán del patio delantero en el panóptico, formularon a su cliente y a su hermano Luis Fernando la propuesta de “callar o inculpar” al ex presidente de YPFB Santos Ramírez a cambio de 50.000 dólares para cada uno, aunque los internos del sector La Posta, donde se hallan recluidos los hermanos, no acceden a ese espacio.
La versión hecha pública por Michel indica que los Córdoba le comunicaron que un hombre, a quien no se pudo identificar, conversó con ellos. “El martes, aproximadamente a las 16.00, me encontraba en la puerta de la sección La Posta. Se me acercó uno de los Córdoba y solicitó hablar conmigo, entramos a la oficina del oficial de servicio y manifestó que un ciudadano de civil, aparentemente policía, le había indicado que le iba a entregar 150.000 dólares para que se calle. Nada más”.
El Gobernador del penal mostró el registro de visitas de ese día, en el que no constaba el ingreso de persona alguna a esa hora.
La teoría de Borda consiste en que Lucio Lazo, garzón de El Caballito, club nocturno de propiedad de Ernesto Córdoba, recibió el dinero a nombre de su patrón, sin consulta ni aviso previo, y pretendía llevarlo a Palos Blancos, provincia Sud Yungas, de donde es originario.
El fiscal de Homicidios Luis Mamani reveló ayer que entre los hermanos Luis Fernando y Ernesto Vladimir Córdoba mantenían “relaciones comerciales y de trabajo” con Franz Michael Rodríguez Caero, imputado por el asesinato de Jorge O’ Connor d’Arlach.
En tanto, la Fiscalía sumó ayer otros 4 imputados en la investigación sobre corrupción dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Mamani sostuvo que Rodríguez Caero tomó 38 mil dólares del asalto y los depositó en su cuenta abierta en el fondo financiero FIE, que reportó a la Policía un depósito muy fuerte en una caja de ahorros con promedios más bajos.
”Esa persona ha tomado esa suma para sacarla de La Paz” El agente del Ministerio Público no precisó qué tipo de relación mantenían los Córdoba con Rodríguez Caero, aunque insistió en que eran “socios”.
Por solicitud de la Fiscalía, la Superintendencia de Bancos ordenó “congelar” de esa cuenta. Además, un operativo efectuado el miércoles por la tarde en El Caballito buscó exhaustivamente otra parte del dinero arrebatado a la víctima.

LAS PERSONAS:La Fiscalía sumó ayer otros cuatro imputados en la investigación sobre corrupción dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El fiscal César Romano informó que presentaron la imputación contra Miguel O’Connor, Mario Cossío Mac Galem y Luis Fernando Córdova; pero sumó también a Rodrigo Carrasco, aunque no lo aprehendió por el grado de participación que tuvo en la estructura del contrato entre la estatal petrolera y la empresa Catler-Uniservice.
Romano dijo que será la jueza que lleva adelante este proceso -Marcela Siles- la encargada de fijar fecha y hora de las audiencias de medidas cautelares; estos nuevos implicados no están retenidos pero debe ser el juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal de la Corte Superior paceña el que convoque a los sindicados.
El abogado de Ernesto Córdova, Jorge Borda, amenazó con una querella al fiscal de distrito, Jorge Gutiérrez, por estos allanamientos -el quinto desde el 28 de enero- y dijo que no se puede entrar a un domicilio privado las veces que quiera el Ministerio Público.
Borda negó que Lucio Lazo sea empleado de Ernesto Córdova y dijo que su cliente le entregó en anticrético una habitación y por eso fue sorprendido en el domicilio de Córdova. En la cárcel de San Pedro informaron que Lazo estuvo en ese recinto un día antes de ser aprehendido por efectivos antidroga.
El ex gerente nacional de Comercialización de Yacimientos, Rodrigo Carrasco, compareció ayer ante la Fiscalía y quedó en libertad. Carrasco es un ex policía que trabajó en Inteligencia y fue miembro del Comando de Operaciones Especiales (COPES), organización que estaba financiada por la Embajada de EEUU y que fue clausurada por el presidente de la República, Evo Morales. Además, los camaradas del sindicado aseguran que trabajó durante varios años en la Agencia Antidroga de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés), y que producto de ese trabajo conoció las labores que se realizan en las empresas petroleras. Señalan que esa es su única experiencia y que no tiene estudios académicos de especialidad en el tema hidrocarburífero.
Carrasco dijo que incluso se lo acusa de ser agente de la Inteligencia estadounidense CIA, por sus siglas en inglés, pero que hasta ahora nadie pudo probar esas acusaciones.
La ex autoridad sólo podrá ser imputada por un delito menor y quedaría libre. El fiscal César Romano sostuvo que sólo se encontró indicios de que la ex autoridad habría incurrido en el delito de incumplimiento de deberes, que el Código Penal sanciona con una pena máxima de un mes a un año de reclusión.
De este caso el único detenido es el ex presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez.
El gobernador de la cárcel de San Pedro, coronel Ernesto Michel, admitió ayer que Luis Fernando Córdova, presunto autor intelectual del volteo que derivó en el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, denunció que un policía lo habría visitado en la cárcel e intentó sobornarlo con 150 mil dólares por su silencio.
Pero, apuntó que la denuncia la hizo tres horas antes de que Lucio Lazo Contreras (empleado de Ernesto Córdova en el bar El Caballito), quien cayó con ese monto de dinero en la madrugada del martes, sea presentado a los medios de comunicación, y cuando ya llevaba más de 12 horas detenido en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).
El martes, la Fiscalía requisó la celda de los hermanos Luis Fernando y Ernesto Córdova en el penal de San Pedro y halló documentos que corresponderían al supuesto plan del volteo de los 450 mil dólares al empresario Jorge O’Connor D’Arlach la mañana del 27 de enero, según confirmaron fuentes del Ministerio Público que prefirieron mantener su nombre en reserva.
Según el investigador que participó en el caso, representantes del Ministerio Público se incautaron de un papel aparentemente escrito por Luis Fernando Córdova (acusado de ser uno de los autores intelectuales del hecho) que contenía el procedimiento a realizarse la mañana del 27 de enero, cuando el empresario Jorge O’Connor D’Arlach pereció luego de que cinco delincuentes de arrebataran 450 mil dólares y le segaran la vida de un disparo.
Fuentes allegadas a la familia Córdova indicaron que ese documento era una “ayuda memoria” para el abogado de Córdova.
En el documento, que es ahora analizado por la Fiscalía, estaba escrito el procedimiento. Presuntamente se describe cómo debían extraer el dinero del Banco Unión, luego se resume la llegada al domicilio en la avenida Tejada Sorzano, la alerta a Radio Patrullas 110 tras el hecho, además de palabras aisladas como Mario Cossío, Jorge O’Connor, Miguel O’Connor, Gonzalo Aramayo y Javier Navía Doria Medina, ahora implicados en el caso, según afirmó el investigador.

FRASES:“Aparentemente la empresa Gulsby ha estado cumpliendo las especificaciones que tenía que cumplir para la construcción de la planta y obviamente será valorada técnicamente por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)”, dijo Arce.
“Cuando me posesionaron como presidente yo mandé una carta indicándole que quedaba inmediatamente destituido del cargo, a pesar de eso, hoy (ayer) pude verificar que hubo un trabajo. Habiendo sido destituido, el señor Ashimine y todo el equipo que le acompaña, del 3 de enero a esta parte ha emitido cheques, ha realizado erogaciones en montos importantes, no recuerdo exactamente, que están entre Bs 600.000 y Bs 800.000, más o menos”, dijo Villegas, al señalar que eso le parece es otra irregularidad.

http://www.elmundo.com.bo/Secundarianew.asp?edicion=20/02/2009&Tipo=Nacional&Cod=8608

http://www.la-razon.com/versiones/20090220_006644/nota_249_766226.htm

http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-02-20/vernotanacional.php?id=090220012614

http://www.laprensa.com.bo/noticias/20-02-09/20_02_09_segu3.php

http://correodelsur.com/2009/0220/reader.shtml?corrupcion.htm

http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-02-20/vernotanacional.php?id=090220002200

http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_02/nt090220/4_04scd.php

http://www.la-razon.com/versiones/20090220_006644/nota_249_766233.htm

http://www.la-razon.com/versiones/20090220_006644/nota_249_766232.htm

http://www.la-razon.com/versiones/20090220_006644/nota_249_766231.htm

http://www.lostiempos.com/noticias/20-02-09/20_02_09_nac7.php

http://www.hidrocarburosbolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14525:hallaron-us-270000-del-botin-robado-al-empresario-oconnor&catid=15:gobierno-relacionamiento&Itemid=121

http://www.hidrocarburosbolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14539:caso-ypfb-ordenan-arresto-domiciliario-de-misael-gemio&catid=21:general&Itemid=123

http://www.hidrocarburosbolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14524:involucran-a-ramirez-en-hecho-irregular-de-ypfb-tarija-&catid=15:gobierno-relacionamiento&Itemid=121

Febrero 19,año 2009. Jueves

LOS HECHOS:El presidente de YPFB, Carlos Villegas, sustituyó ayer al responsable distrital de Santa Cruz, Amilkar Soto Peña, por Marco Teodovich, que antes se desempeñaba en el departamento de Activos. Además se cambiaron a cinco funcionarios, informó el saliente gerente de esa oficina regional, Soto Peña.
“Me ha llegado el memorándum de destitución debido a cambios normales que se dan en cada gestión. El presidente Villegas también ordenó la destitución de otros funcionarios jerárquicos”, sintetizó.
Por otro lado, fuentes gubernamentales, adelantaron a EL DEBER que el asesor del Ministerio de Hidrocarburos, Manuel Morales, se perfila para ocupar la Superintendencia del área en reemplazo de Guillermo Aruquipa. El cambio se puede efectuar después de las fiestas de Carnaval.
La estatal informó de que en dos semanas de intervención ya se cambió a 140 funcionarios en todas las oficinas de YPFB.
Villegas aseguró que continuarán los cambios de los ejecutivos y otros niveles donde sea necesario. Cabe recordar que hace dos semanas posesionó a José Luis Gutiérrez como vicepresidente de Operaciones; Gary Medrano, gerente de Comercialización, Roger Uzquiano, gerente de Administración y Jenny Medinaceli como directora legal.
El Gobierno denunció ayer miércoles un nuevo presunto acto de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que involucra a su ex Presidente, Santos Ramírez, y su entorno por un daño económico al Estado de al menos 755 mil dólares estadounidenses.
La denuncia la dio a conocer la Ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, quien indicó que el daño económico se habría causado por el alquiler de un taladro de la empresa PDVSA (monto con el cual se podría haber adquirido ese equipo) y segundo en la contratación de una empresa para la recalificación de garrafas.
“Esta mañana se ha recibido la declaración de Misael Gemio. Se reunió la comisión de fiscales y se ha decidido su aprehensión. Identificamos la posible participación en los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y asociación delictuosa”, afirmó el fiscal César Romano.
Según el representante del Ministerio Público, la ex autoridad presentó al presidente destituido de YPFB, Santos Ramírez, las cartas de invitación directa de la empresa Catler-Uniservice para la adjudicación de un proyecto y puesta en marcha de una planta separadora de licuables en el sector de Río Grande en Santa Cruz.
“Después de la publicación que tenía que ser incorporada a la página web, él (Gemio) ha generado esas cartas de invitación directa y no se tiene la recepción de las otras empresas”, acotó.
Ayer, en una audiencia de medidas cautelares que se extendió por más de tres horas, la ex asesora legal fue acusada de cometer los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa y cohecho pasivo y activo, entre otros, al participar presuntamente en la contratación irregular con Catler-Uniservice.
No obstante, el representante legal de Carmona, Freddy Cuentas, presentó pruebas que convencieron a la jueza de que Carmona no participó en la comisión que concertó y adjudicó el contrato con Catler-Uniservice, según la agencia ANF.
“Ese es un elemento primordial dentro del mismo. La comisión que ha conformado mi cliente en ningún momento ha recomendado absolutamente nada, porque lo que hizo es una evaluación minuciosa entre las propuestas que se habían presentado”, indicó Cuentas al salir del acto judicial.
“La imputación formal se ha sustentado en base a los elementos de convicción. Por eso la jueza ha determinado que existe la participación en el incumplimiento de deberes, pero especificó que ha sido ambigua en el caso de la acusación por uso indebido de influencias”, dijo.
El Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción halló al menos un daño económico al Estado de 60.756.800 dólares (60,7 millones) en la empresa YPFB- Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA) tras su conformación, firma de contratos y alquiler de una perforadora importada desde Venezuela para la estatal petrolera.
Suxo explicó que además existe la posibilidad de otro daño, de entre 30 y 60 millones de dólares, “esto en relación al alquiler que se habría estado pagando de un taladro para llevar adelante las funciones que debía desarrollar YPFB”.
La maquinaria se encuentra, desde agosto de 2008, en el campo Víbora, de la provincia Cordillera, de Santa Cruz, para perforar el pozo 34d y ampliar la producción de gas y líquidos en el país, sin embargo, aún no funciona.
Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) trasladó el taladro, tarea por la que reclamó, en agosto pasado, una deuda de más de 6 millones de dólares en una reunión con representantes de la estatal petrolera y YPFB-SIPSA.
Suxo dejó la investigación y confirmación de su denuncia en manos de la Fiscalía para confirmar el monto total. “Será el Ministerio Público que pueda valorar más adelante cuál es el real daño económico que se le habría causado al Estado”.
El taladro PDV-08, que llegó al país el 30 de julio de 2008 desde Venezuela, no es propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), como fue anunciado por el Gobierno en el acto realizado en Patacamaya ese mismo día.
De acuerdo a publicaciones de diarios de esa fecha, la perforadora fue comprada a Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) por un valor cercano a los 25 millones de dólares, aunque no se da conocer la forma de pago acordada entre ambas partes.
Ayer, la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, declaró que “no, lamentablemente no (pertenece a YPFB la perforadora) por los malos manejos que se está haciendo”.
Añadió que la maquinaria está en condición de alquiler “cuando incluso este taladro ya lo podrían haber adquirido a favor de Yacimientos”. Esta perforadora se otorgó bajó esa figura (alquiler) para realizar la perforación del pozo 34d en el campo Víbora, tarea que le fue entregada a YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S. A. (YPFB-SIPSA) mediante un contrato. Según El Deber, el monto del mismo sería de 4,3 millones de dólares.
Bajo este concepto existe la posibilidad de un daño económico al Estado de entre 30 y 60 millones de dólares. Por este hecho, el Ministerio de Transparencia acusó a nueve personas ante el Ministerio Público, entre estos el ex presidente de YPFB Santos Ramírez.
Mientras la Fiscalía determinaba la detención del ex viceministro de Desarrollo Energético, Misael Gemio en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en el Gobierno anunciaron la instauración de otros dos juicios contra el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez.
El fiscal César Romano explicó que Gemio es acusado de uso indebido de influencias, asociación delictuosa e incumplimiento de deberes y por ello hoy se presentará la imputación. Según la versión de la Fiscalía, la ex autoridad elaboró las cartas de invitación directa para la empresa Catler-Uniservice, que finalmente se adjudicó la construcción de la planta de separación de líquidos de Río Grande, en Santa Cruz.
Estas cartas, según las investigaciones, fueron entregadas de manera directa a la Presidencia de YPFB. Gemio trabajó como gerente nacional de Planificación y su destitución fue solicitada por el presidente de la República, Evo Morales, el 31 de enero cuando posesionó al titular interino de YPFB, Carlos Villegas.
Los investigadores vieron ‘muchas contradicciones’ en las declaraciones que prestó ayer en la mañana Gemio ante el Ministerio Público; debido a esto, el equipo de fiscales decidió su aprehensión, aunque en ausencia del titular de ese equipo Edward Mollinedo, que se ausentó al interior del país en ‘misión oficial’, según explicaron en su oficina.
Pero ayer se complicó la situación de Ramírez, porque YPFB y la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, comunicaron, por separado, la instauración de otros juicios.

LA INVESTIGACION:Las irregularidades cometidas en la gestión de Ramírez en YPFB
Se conoce al menos nueve hechos de corrupción ocurridos durante la gestión del ex presidente de la estatal.
Catler-Uniservice. YPFB firmó un contrato con Catler-Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande. Hay al menos seis observaciones al proceso de adjudicación. El caso se conoció tras la muerte de Jorge O’Connor D’Arlach, ejecutivo del consorcio, el 27 de enero.
Avioneta. El ex presidente de YPFB habría gastado Bs 196.128 en ocho viajes en una avioneta privada. La información fue revelada el 9 de febrero por Cadena A, que accedió a ocho memorandos en los que el entonces gerente administrativo hacía la solicitud de dinero para cubrir la contratación de la nave.
SIPSA. El 12 de febrero, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, pidió que se investigue la creación de la empresa SIPSA, creada por YPFB para la recalificación de garrafas y servicios de perforación de pozos. La empresa fue creada como sociedad anónima pero con capitales del Estado.
Personal. El 12 de febrero, tras anunciar la destitución de 74 funcionarios, Villegas informó que sólo en el área administrativa de la oficina central de YPFB había 1.557 empleados. El 2005 eran sólo 500 en todo el país. El incremento de contrataciones empezó en la gestión de Guillermo Aruquipa.
Muro. El 16 de febrero, Cadena A reportó que Santos Ramírez aprobó el 2008 el desembolso de Bs 100 mil para la adecuación y mejoramiento de un muro perimetral en la planta engarrafadora de Cala Cala (Potosí). El desembolso se concretó, se presentaron facturas de descargo, pero el muro nunca se construyó.
Taladro. La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, denunció ayer que YPFB paga entre 30 y 60 millones de dólares por el alquiler de un taladro de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Con ese dinero —dijo— se pudo haber comprado un taladro propio.
Cajas de medición de gas. El cívico Mirko Orgaz dijo ayer que hay irregularidades en los gabinetes de medición para YPFB, que involucran a la Súper de Hidrocarburos. Las cajas no cumplirían especificaciones, según dos auditorías. Orgaz indicó que se calcula que hubo un negociado de $us 17 millones.
Nepotismo. En diciembre del 2008, el sindicato de trabajadores de YPFB denunció vía carta al entonces ministro Carlos Villegas, que Santos Ramírez incurrió en nepotismo al haber contratado a gente que lo acompañó en el Congreso en la gestión 2006 y a familiares, todos ellos sin experiencia en el área energética.
Camionetas. La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, informó ayer que entre las denuncias que llegaron a su despacho se encuentra una referida a la adquisición presuntamente irregular de 58 camionetas para la estatal petrolera YPFB. “Es información que la estamos procesando”, manifestó.
Desde que estalló el caso por el presunto soborno que Catler-Uniservice habría pagado a Ramírez para adjudicarse la obra, analistas y opositores han cuestionado el Decreto 29506 (abril del 2008), que faculta a YPFB para la contratación y compra directa de bienes y servicios, además de la constitución y manejo de fideicomisos para las empresas públicas estratégicas.
Según Nardi Suxo, “no son los decretos los que permitieron se cometan las irregularidades, (sino que las autoridades) no cumplieron el mandato de estos decretos y sus reglamentos”.
En la audiencia de medidas cautelares de Luis Lazo Contreras (29) la Fiscalía presentó alegatos en su contra que lo llevaron a una detención preventiva, pero no pudo confirmar con evidencias que el dinero que se le encontró el martes era parte del botín que se le volteó a Jorge O’Connor D’Arlach hace 22 días.
El juez 4º de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, encontró al menos tres causas para mandar a prisión a Lazo, sin embargo dijo que en el caso del dinero, se requiere de mayor investigación.
En el acto judicial, el Ministerio Público, representado por Edwin Sarmiento y Aldo Ortiz, expuso que Lazo se resistió a revelar de dónde provenían los 132.800 dólares que la Policía encontró entre sus pertenencias.
Los fiscales indicaron que ese dinero correspondía al botín que se le volteó a O’Connor, pero no mencionaron la serie a la que pertenecían, y omitieron el hecho de que esos fajos carecían del precinto del Banco Unión, como una parte del dinero hallado en otros operativos.
“La plata es parte integrante del dinero que ha sido robado y del cual (Lazo) no ha podido acreditar de dónde lo obtuvo”, indicó Ortiz, sin presentar documentación ni pruebas que lo respalden en su afirmación.
Para el juez Dávila, los elementos que lo llevaron a tomar la determinación de enviarlo a prisión, fueron que Lazo no contaba con un domicilio fijo, que podría existir el riesgo de obstaculización en la indagación y que no contaba con una fuente laboral estable.
No obstante, al pronunciarse sobre el dinero, precisó que no habían suficientes elementos de prueba que constaten que esos billetes venían del volteo.
“Son elementos probables que se deben aclarar en la etapa preparatoria”, afirmó Williams Dávila durante su pronunciamiento al culminar la audiencia.
Luego, el magistrado agregó: “No se ha establecido absolutamente nada. No se conoce el domicilio, está precintado. Él estaba yendo sin rumbo, por lo tanto existe un riesgo eminente de fuga. No tiene un oficio, trabajo o cualquier actividad lícita”.
El equipo de fiscales discrepa sobre la decisión de imputar o no a Javier Navía Doria Medina (cuñado de Santos Ramírez) y a Gonzalo Aramayo Doria Medina (primo de los Navía), aunque los investigadores tienen la hipótesis de que ambos incluso participaron en el volteo que derivó en la muerte, el 27 de enero, del empresario Jorge O’Connor.
Fuentes de la Fiscalía y de la comisión especial de Senadores que indaga el caso, señalaron a este medio que el ingeniero O’Connor, el día que falleció, y luego de salir del Banco Unión, tras retirar 450 mil dólares, no sabía adónde se dirigía. Según esas versiones, Navía y Aramayo lo guiaron hasta la casa donde ocurrió el volteo. Es decir, que lo habrían conducido a una trampa para robar el dinero en combinación con los hermanos Luis Fernando y Ernesto Córdova.
El abogado de ambos, Marcelo Ugarte, respondió que esperaron a O’Connor en una calle cercana al banco, pero que no sabían que llevaba dinero y que se dirigían a la casa de Aramayo, en la avenida Tejada Sorzano (donde ocurrió el volteo y asesinato), para intercambiar información sobre proyectos de construcción de viviendas, relacionadas con la Fundación Khantati, de la que ambos son socios.
El fiscal Edward Mollinedo replicó, sin embargo, que hay información del Viceministerio de Vivienda de “que no existe ningún proyecto aprobado” y que todos los que se presentaron desde la Fundación Khantati están archivados en la repartición.
Además, el representante del Ministerio Público, luego de una declaración de Aramayo en la Fiscalía el martes, señaló que “el señor estuvo el 27 de enero en el lugar de los hechos donde fallece O’Connor; es parte de la Fundación Khantati, recibió algunos (montos) de dinero vía Catler-Uniservice a través de unos giros que serán especificados también en una imputación”.
Sin embargo, su colega Luis Mamani aseveró ayer que “se hará una evaluación más. Quizás más allá podamos adoptar algunas medidas más en contra de ellos. Por el momento, no tenemos nada oficial”.
Los ex presidentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Aruquipa y Santos Ramírez, incumplieron los Contratos de Operación, puesto que a pesar de estar en vigencia hace casi dos años, hasta ahora no se firmaron los Acuerdos de Entrega.
Para Manuel Morales Olivera, asesor del Ministerio de Hidrocarburos, la postergación de esos Acuerdos se origina en el desconocimiento de los términos contractuales, porque toma tiempo asumir los cambios y porque faltaban algunas normas. Pero de ahora en adelante los compromisos ‘se pondrán sobre rieles’ con la ejecución de planes de desarrollo, que conlleva inversiones.

LAS PERSONAS:Por distintas acciones irregulares e indicios de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el actual presidente interventor de la estatal, Carlos Villegas, presentó ayer una querella criminal en contra de la ex máxima autoridad de la petrolera, Santos Ramírez, y de 16 ex funcionarios de su gestión.
Además de Ramírez, los ex trabajadores incluidos en la querella son Julio Anagua Chumacero, Esther Carmona Nogales, Daniel Álvarez Gantier, Javier Guzmán Navarro, Diego Argandoña Aramayo, Linneth Sclink Ontiveros, Marco Antonio Vega del Carpio, Elizabeth Morales Troncoso, Iván García Coca, Federico Galán Laime, Richard Aguilera Montesinos, María Cecilia Palacios Jiménez, Pablo Valeriano Barroso, Ramiro Lizarazu Orellana, Mauricio Ochoa Urioste y Juan Carlos Arellano Paz.
Según el informe de la estatal, las 17 personas estarían involucradas con el irregular contrato entre YPFB y la sociedad accidental Catler-Uniservice, para la provisión e instalación de la planta de extracción de licuables de gas natural en el campo Río Grande, ubicado en la provincia Cordillera de la región cruceña.
Luis Mamani: “No tenemos dudas de que Rufino Rodríguez haya disparado contra el ingeniero Jorge O’Connor. Pero esta gente quiere cambiar todo (lo que declaró) a última hora, cuando no es así”.
Aseveró que existen los elementos concretos que lo implican, sin embargo no quiso entrar en más detalles. “Nosotros no podemos lanzar a la opinión pública esa información. Todavía estamos en etapas muy iniciales para estar afirmando cualquier cosa. Sin embargo, todo se realizará a través de incorporación de pruebas en el juicio oral”, acotó.
Este medio le consultó que si no hay dudas de que él es el asesino, entonces ¿para qué volverlo a interrogar o hacer el desfile? “Son medios de prueba. No basta una sola prueba para acusar, deben ser una serie de ellas que tengan un solo fin, es decir, ubicar a alguien como el autor del hecho”.
Luego de que fuera detenido, dos días después del volteo, apareció una declaración escrita que decía: “antes de que ingresen a la casa (de la avenida Tejada Sorzano, donde se produjo el volteo) no quisieron sotar el dinero y es por eso que yo le disparé (a O’Connor) directamente a su cuerpo y él se cayó al suelo soltando el dinero…”.
Poco después se retracto, y en una entrevista con este medio señaló que le habían hecho firmar un documento en blanco, y que en medio de torturas lo amenazaron con dañar a su familia si no se autoincriminaba.
La Policía dijo que lo detuvieron “por casualidad” en un operativo rutinario de efectivos del PAC, que notaron un comportamiento extraño de su esposa cuando circulaban por Cochabamba en una moto. Cuando se acercaron, la mujer soltó una mochila, donde los efectivos encontraron 50 mil dólares en efectivo, y que el dinero tenía el precinto del Banco Unión.
Sin embargo, él aseveró a este medio que lo arrestaron en su casa y que golpearon a su esposa.

FRASES:”El daño económico más o menos visible sería de 755 mil dólares; sin embargo, el Ministerio Público valorará más adelante cual es el real daño económico que se habría causado al Estado boliviano, hay contratos de 1.892.000. De este contrato ya se habría dado el 40%, pero no encontramos la documentación, hay un desorden administrativo”, afirmó Suxo.

http://www.la-razon.com/versiones/20090219_006643/nota_248_765643.htm

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http://www.la-razon.com/versiones/20090219_006643/nota_248_765648.htm

http://www.laprensa.com.bo/noticias/19-02-09/19_02_09_segu1.php

http://www.jornadanet.com/n.php?s=Economia

http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_02/nt090219/3_07ecn.php

http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-02-19/vernotanacional.php?id=090218224121

http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-02-19/vernotanacional.php?id=090219012326

Febrero 18,año 2009. Miércoles

LOS HECHOS:Un garzón de raza negra que trabajaba para el empresario Ernesto Córdova en el local “El Caballito” fue detenido ayer cuando intentaba llevar 132.800 dólares a la región de los Yungas.
Se presume que el dinero forma parte de los 450 mil dólares que le fueron robados el 27 de enero al empresario tarijeño Jorge O’Connor en medio del atraco en que fue asesinado, puesto que el sospechoso no supo justificar su origen.
El arrestado fue identificado como Lucio Lazo Contreras e intentaba cruzar a mediodía la tranca antinarcóticos de Unduavi, con presunto destino a la localidad de Palos Blancos.
El fiscal Edwin Sarmiento, uno de los miembros de la comisión que investiga el caso del robo, explicó que fueron los miembros de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) quienes detectaron el dinero en un trabajo de inspección de rutina. El dinero estaba en una mochila, empaquetado con cinta masquín. Todos los billetes eran dólares y estaban seriados. Una fuente policial dijo que los fajos tenían cintas del Banco Unión.
De confirmarse que los 132.800 dólares son parte del dinero robado al fallecido empresario tarijeño se habría colectado 220.800 dólares del total.
Quedan por encontrar 175.800 dólares de los recursos económicos que supuestamente iban a ser destinados al pago de una “coima” al ex titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
De acuerdo con el informe policial, Lazo Contreras viajaba a Palos Blancos en Yungas a bordo de una vagoneta. Tenía una mano herida y se mostró ‘excesivamente nervioso’, lo que hizo sospechar a los policías y le pidieron la mochila que llevaba.
El ahora acusado no quiso entregarla y en el forcejeo quedaron al aire libre dos paquetes que hicieron sospechar del transporte de droga, lo que ocasionó su detención, pero luego de desenvolver los paquetes encontraron el dinero y al ser interrogado, Lazo dijo que se trataba de un “golpe” que había dado esa noche.
Fue trasladado a La Paz y la detención fue comunicada en horas de la mañana a los fiscales, quienes lo interrogaron por más de seis horas y confirmaron que el dinero es parte del botín que le arrebataron a O”Connor.
Lazo es conocido por el apodo de “El Negro” y trabajó como garzón en los locales de El Caballito y Pa”gozá, de propiedad de los hermanos Córdoba, sindicados de haber planificado el atraco.
Detalló que Lazo fue arrestado por primera vez tras el allanamiento realizado al local El Caballito, porque se encontraba en el lugar de los hechos, pero no fue detenido porque dijo no conocer nada del dinero.
“(Lazo) estaba en un vehículo de transporte público que se dirigía a Caranavi (Yungas) y posteriormente hasta Palos Blancos. Estaba llevando en un bolso y no permitió la revisión de las pertenencias que tenía, pero nuestro personal logró identificar, percibir y evidenciar que tenía ese dinero”, afirmó el jefe departamental de la Policía Antidroga, coronel Fernando Amurrio.
Según el jefe policial, el dinero “estaba seriado en fajos correlativos” en un bolso y camuflado.
Anoche, en instalaciones de la Fuerza Anticrimen, el fiscal de Distrito Jorge Gutiérrez presentó al detenido y confirmó que Lazo es una persona cercana a Ernesto Córdova. “Trabajaba y vive en la casa de Ernesto Córdova, en El Caballito, y estaba yendo a los Yungas, a Palos Blancos (…). Una persona con 132.800 dólares es de admirarse”, dijo. Otras fuentes explicaron que tiene acusaciones de trata de personas y volteo a personas ebrias.
Este medio realizó las averiguaciones sobre el horario de salida de buses hacia Palos Blancos, y la información lograda señala que el horario tope de salida de buses hacia Caranavi son las 22.00. Entonces, de haber sucedido de esa manera, el vehículo en el que iba Lazo habría demorado casi dos horas en llegar hasta la tranca de Urujara, donde las requisas antidrogas son inusuales, según constató este medio en otras ocasiones.
Ahora, allegados a la familia Córdova revelaron a La Razón que personas interesadas en el caso ofrecieron dicha cantidad de dinero a los hermanos Córdova a cambio de su silencio. Según la denuncia, la anterior semana un emisario visitó a los hermanos Córdova en el sector de La Posta de San Pedro y les ofreció 50 mil dólares, en un principio.
Ellos habrían aceptado el trato, por lo que enviaron a Lazo a recoger el dinero el lunes en la plaza Villarroel de La Paz, donde Lazo se encontró con que la suma excedía lo acordado.
“Fue también a cambio de que Ernesto y Luis Fernando no se metan, pero agarran al garzón de Ernesto llevando el dinero; aparece como que estaba yendo a los Yungas, pero en realidad iba a guardar el dinero en otro lado”, relató un familiar.
La Policía admitió que Lazo fue capturado a las 0.30 del martes, pero no explicó por qué fue presentado a las 19.00, a pesar de que el detenido se protegió en el derecho al silencio.

LA INVESTIGACION:La petrolera estatal YPFB destinó el año pasado 100 mil bolivianos para el mejoramiento del enmallado del Distrito Comercial de Potosí, pero en el lugar sólo hay tres pilotes de cemento a medio construir según fotos difundidas por Cadena A.
El 6 de noviembre del año pasado se desembolsó los 100 mil bolivianos en cheques de 50 mil bolivianos cada uno (No. 1145125 y 1145126). Las facturas de descargo de la empresa constructora tienen fecha de 6 de noviembre.
La constructora es de propiedad de Marco Antonio Vera del Carpio, quien presidió la comisión de YPFB, que dio el visto bueno para la firma del contrato entre la petrolera y Catler, agregó Cadena A.

LAS PERSONAS:La Fiscalía de Distrito comenzó a investigar por supuestas ganancias ilícitas a siete ciudadanos, entre ellos Pablo Cossío Cortez, hermano del prefecto Mario Cossío, y Miguel O’Connor D’Arlach, hermano del gerente de Catler Uniservice.
El Ministerio Público adelantó que podría imputar a Gonzalo Aramayo, socio de la fundación Khantati y primo de Javier Navía Doria Medina, por su supuesta vinculación con el volteo de los 450 mil dólares al empresario Jorge O’Connor D’Arlach y acciones irregulares con relación a la empresa Catler-Uniservice.
“El señor estuvo el 27 de enero en el lugar de los hechos donde fallece O’Connor; es parte de la fundación Khantati, recibió algunos (montos) de dinero vía Catler-Uniservice a través de unos giros que serán especificados también en una imputación”, aseveró uno de los fiscales a cargo del tema de corrupción pública, Edward Mollinedo.
Aramayo junto a Javier Navía Doria Medina, cuñado del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, guiaron el vehículo en el que iba O’Connor hasta la casa del primero, en la avenida Tejada Sorzano, donde asesinaron al empresario.
El ex gerente de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA), Rogelio Ashimine Oshiro, presentó una denuncia en la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz en contra del actual presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, y el interventor Fernando Vincenti por cuatro delitos relacionados con la intervención de la empresa que dirigía.
La queja también fue ampliada al comandante de la Policía cruceña, Franz Lea Plaza, e incluye a otros presuntos partícipes en el hecho, como Dante Justiniano, Sergio Reyes, Asunta Arteaga, Guido Sandoval y Juana Mery Ortiz.
La accionista de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras S.A. Lucy Barbery Rivero aseguró que las 220 acciones de su empresa Full Industry fueron vendidas en su totalidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y no como figura en los documentos notariados, sólo 218 acciones.
El testimonio notariado de cambio de nombre de la firma establece como socios a YPFB con 218 acciones, Lucy Barbery con una acción y Nilda Domínguez con otra.
El Estado aún no pagó por la compra de la empresa que le permitió crear Servicios e Industrias Petroleras SA (SIPSA) —dependiente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)—, confirmó ayer el ex gerente de la compañía, Rogelio Ashimine.
El 14 de febrero, La Razón informó que la estatal aún no había pagado a Mario Osini, propietario de Full Industry (empresa base para la constitución de SIPSA), los $us 250.000 comprometidos, pese a que YPFB ya había firmado el contrato para la compra de la recalificadora de garrafas.

FRASES:“Me especialicé en Nigeria, Irak, Kuwait, aunque no tengo títulos académicos. Presenté mi currículum a diferentes empresas y por eso me fui. Cuando volví a Bolivia el 2007, conocí a Guillermo Aruquipa e iniciamos una relación de asesoramiento, y así llegué a YPFB. En octubre de ese año me retiré”.
El ex gerente de Comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Rodrigo Carrasco, dijo que llegó a la estatal por la experiencia que acumuló en el ámbito de abastecimiento de carburantes durante un viaje que realizó al Medio Oriente.
“SIPSA no se inició con dinero del Estado y no es dinero del Estado porque Yacimientos no ha pagado sus acciones”, respondió a la pregunta sobre si es o no una empresa que actúa con dinero del Estado.

http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_02/nt090218/4_01scd.php

http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_02/nt090218/4_05scd.php

http://www.web.el-nuevodia.com/index.php?cat=166&pla=3&id_articulo=1672

http://www.laprensa.com.bo/noticias/18-02-09/18_02_09_nego6.php

http://www.la-razon.com/versiones/20090218_006642/nota_249_765069.htm

http://www.la-razon.com/versiones/20090218_006642/nota_249_765072.htm

http://www.la-razon.com/versiones/20090218_006642/nota_249_765070.htm

http://www.lostiempos.com/noticias/18-02-09/18_02_09_nac5.php

http://www.la-razon.com/versiones/20090218_006642/nota_249_765066.htm

Febrero 17,año 2009. Martes

LOS HECHOS:El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez Valverde, aprobó el 2008 un desembolso de 100 mil bolivianos, en dos cheques, para trabajos de adecuación y mejoramiento de un muro perimetral en la Planta Engarrafadora de Potosí, ubicada en la zona de Cala Cala, obra que nunca se realizó.
La denuncia fue establecida anoche en un reporte de la Cadena A, pues el desembolso de los cheques, cada uno de 50 mil bolivianos, se efectuó el 6 de noviembre del 2008 y, al día siguiente, se contaba ya con las facturas correlativas de descargo de material. Sin embargo, estas facturas no tenían el detalle de los materiales que supuestamente se habían utilizado para la construcción del mencionado muro perimetral.

LA INVESTIGACION:La empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)-Servicios e Industrias Petroleras S.A. (Sipsa) conformada por el ex presidente de la estatal petrolera Santos Ramírez se creó sin resolución de Directorio ni decreto supremo que autorice su constitución, según aseguraron los directivos de la empresa Ebmar Galarza, Raúl Barroso y Fernando Vincenti, quienes afirmaron además que no fueron informados por la ex autoridad sobre el nacimiento de la firma y tampoco sobre la suscripción de contratos con la estatal petrolera.
Para conformar esta compañía dedicada a la recalifación de garrafas y otros servicios Ramírez simplemente se amparó en la resolución suprema 228612 de su nombramiento el pasado 12 de marzo de 2008.
Según los directores, para suscribir cualquier contrato o negocio que supere más de un millón de dólares el presidente de la estatal esta obligado a contar con el visto bueno de ese cuerpo fiscalizador.
La notaría de Fe Pública que elaboró el testimonio de constitución de Sipsa y que modifica el nombre de Full Industry a la nueva firma da cuenta que sólo fueron presentados “una minuta de modificación de denominación en los estatutos y en la escritura de constitución adjunta la copia legalizada del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas y la Resolución Suprema No 228612”.
Esta última confiere la representación legal de YPFB a Santos Ramírez al nombrarlo presidente interino.
Por otro lado, se informó de que el 5 de marzo, los fiscales que investigan este caso viajarán a Houston, Texas, para conocer de cerca el trabajo que está realizando la empresa Gulsby. El presidente de la comisión especial del Senado, Wálter Guiteras (Podemos), confirmó el viaje y dijo que se inicia la segunda fase de un total de cuatro, que ayer explicaron los fiscales a los miembros de esa instancia del Senado. Según Guiteras, este cuerpo legislativo correrá con los gastos.
El primer decreto que faculta a estas empresas para la compra y la contratación directa es el 29190, de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, del 11 de julio del 2007. En su artículo 54, la norma establece la permisión de la contratación por excepción para empresas públicas nacionales consideradas estratégicas.
Luego está el Decreto 29287, del 26 de septiembre del 2007, que autoriza a las EPNE la construcción de infraestructura productiva, destinada a sus procesos de producción, bajo la modalidad de contratación directa.
El Decreto 29522, del 16 de abril del 2008, facilita “la importación de maquinaria y equipo o unidades funcionales destinadas a Empresas Públicas Nacionales Estratégicas” y permite, incluso, la exención de tributos aduaneros para estas compañías.
Finalmente, está el Decreto 29576, del 21 de mayo del 2008, que deroga el artículo 54 del Decreto 29190 y el 29287 y que autoriza a las EPNE, según su naturaleza jurídica, rubro, giro comercial, actividades principales y secundarias, “realizar contrataciones directas de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría; la importación de bienes para su acopio y comercialización en el mercado interno, cuando su oferta sea insuficiente o no se produzcan en el país; efectuar la contratación directa de maquinaria y equipo reacondicionado, siempre y cuando los mismos tengan la garantía emitida por el fabricante o el representante legal, que permitan un óptimo funcionamiento por un tiempo racional establecido en la garantía y la ejecución directa de obras de infraestructura productiva”.

LAS PERSONAS:María Esther Carmona, funcionaria de confianza de Santos Ramírez, fue miembro de la comisión irregular que realizó una reunión de concertación que dio curso a la contratación ilegal de Catler Uniservice, propiedad de Jorge O”Connor, atracado y asesinado el 27 de enero pasado por sicarios que le robaron 450 mil dólares que eran supuestamente parte de un “diezmo” que iba destinado a Ramírez.
Junto a Carmona participaron en la comisión Julio Anagua, Daniel Álvarez, Javier Guzmán y Diego Argandoña que, eran de confianza de Ramírez y conformaron la mencionada comisión para beneficiar a la empresa.
Teresa Montaño, abogada de la esposa de Santos Ramírez, Jiovanna Navía Doria Medina, admitió que su cliente apuntó en un papel frases que tienen relación con el volteo de los 450 mil dólares.
Ramírez cuestionó a su esposa qué sabía ella de la vinculación de sus hermanos en el hecho. Ella llamó a la vidente y en una hoja apuntaba datos que le revelaba como: “el gordo tiene la plata”, “el negro bajó las gradas” y nombró la avenida Tejada Sorzano, lugar de la casa donde llegó O’Connor.
La comisión de fiscales encontró esa hoja de papel en un allanamiento que hizo a la casa.
El secretario general, Ramiro Saavedra, en entrevista en radio Erbol, reconoció que existe un exceso de personal en YPFB.
Agregó que el número debería bajar de 1500 empleados a base de una relocalización de acuerdo a la preparación de los trabajadores y las necesidades en cada región.
El pasado 12 de febrero, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, informó sobre el despido de 74 trabajadores entre ejecutivos y obreros debido a que la nacionalizada se convirtió en una agencia de empleos que no corresponde porque es una empresa operativa.

FRASES:”Tal vez estamos todos aquí en La Paz pero podemos ir a los campos petroleros”.

http://www.la-razon.com/versiones/20090217_006641/nota_249_764412.htm

http://www.lostiempos.com/noticias/17-02-09/17_02_09_nac7.php

http://www.la-razon.com/versiones/20090217_006641/nota_249_764356.htm

http://www.la-razon.com/versiones/20090217_006641/nota_262_764408.htm

http://www.lostiempos.com/noticias/17-02-09/17_02_09_nac6.php

http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-02-17/vernotanacional.php?id=090216223846

Febrero 16, año 2009. Lunes

LOS HECHOS:Los abogados de Santos Ramírez, no apelarán el fallo de la jueza Marcela Siles que dispuso la detención preventiva de su cliente en la cárcel de San Pedro de La Paz. La decisión fue comunicada este lunes por el abogado Víctor Borda en la ciudad de Potosí, quien dijo que no apelarán, pero si pedirán la cesación de la detención preventiva. Indicó que la idea es reunir las pruebas necesarias y esclarecer la presunta corrupción.
La Fiscalía de Distrito de La Paz ordenó este lunes la aprehensión de Esther Rosario Carmona Nogales, ex asesora jurídica de YPFB por su participación en presuntos hechos de corrupción. La decisión fue comunicada por el fiscal de la División Económica y Financiera, Edward Mollinedo, luego de que la ex asesora legal y ex jefa de gabinete de Santos Ramírez prestara sus declaraciones informativas por más de cuatro horas. Expedida la orden de aprehensión, Carmona fue traslada desde el edificio de la Fiscalía hasta las celdas de la Fuerzas Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz (Felcc), donde permanecerá hasta fijar fecha y hora de la audiencia de medidas cautelares. La acusación formal se conocerá en las próximas horas.

LA INVESTIGACION: Según datos que maneja la Fiscalía, el 2 de septiembre el Ministerio de Hacienda depositó en el Banco Unión 45 millones de dólares que debían pagar el 50 por ciento de la edificación de la mencionada planta energética.
A pesar de todos los pagos y retiros, el fiscal Edward Mollinedo sostuvo en la audiencia del jueves anterior que en la planta de Río Grande no ha comenzado la construcción.

LAS PERSONAS: El 2 de diciembre, Ramírez dispuso un primer pago de 1,65 millones de dólares.
Al día siguiente, con intervalos muy cortos, Jorge O’Connor D’Arlach (asesinado el 27 de enero), Mario Ángel Cossío, Luis Fernando Córdoba (todos ejecutivos de Uniservice S.R.L.) y Gloria Paola Miranda Meyer efectuaron retiros del mencionado fondo por 999.000 dólares.
Del total, Miranda se llevó 99.000 dólares para el pago de pólizas de seguros; no obstante, esta persona no tiene relación legal con la sociedad accidental.
Cossío cobró 110.000 dólares, y en su declaración jurada al banco afirmó que el dinero se destinaría a la compra de equipamiento, combustible y vehículos, aunque manifestó ante la Fiscalía que la firma no tenía oficinas en La Paz y que con esa suma se adquirió sólo una computadora.
Esa misma jornada, O’Connor D’Arlach sacó de la entidad financiera 580.000 dólares para el inicio de obras y el pago de garantías. Y luego realizó otro desembolso de 100.000 dólares para la compra de tubería.
Córdoba, por su parte, retiró otros 110.000 dólares para la adquisición de tubos.
Además, entre el 2 y el 8 de diciembre, O’Connor D’Arlach traspasó 200.000 dólares a dos cuentas abiertas a nombre de Uniservice S.R.L. en bolivianos y moneda extranjera, suma que extraería el 8 de diciembre, o sea, el consorcio cobró 1,199 millones de dólares en menos de una semana. El saldo en la cuenta ascendía a 531.000 dólares.
El 14 de enero de este año, Ramírez autorizó otro pago de 1,65 millones de dólares.
Al día siguiente, Cossío extrajo 55.000 dólares para la compra de tubería de hidrocarburos, mientras que Gloria Miranda, bajo el argumento del pago de seguros, retiró 78.000 dólares. Y Córdoba sacó 20.000 para la adquisición de maquinaria y adicionalmente se hicieron tres traspasos por un total de 210.00 dólares a favor de Uniservice.
El martes 27 de enero, O’Connor D’Arlach, Córdoba y Cossío retiraron los 450.000 dólares que serían robados en el atraco de ese día que le costaría la vida al primero. Según las declaraciones juradas al Banco Unión, ese dinero sería para la compra de válvulas y accesorios, tubería y maquinaria de hidrocarburos.
Los retiros de este segundo pago suman 1,2 millones de dólares, por lo que el saldo asciende a 387.000 dólares, lo que sumado al remanente del primer desembolso permite colegir que hay aún en caja 918.000 dólares.

FRASES: “Santos Ramírez tiene las manos limpias (…). Santos Ramírez es un soldado del proceso de cambio, un soldado que está comprometido no solamente con la nacionalización de la empresa, sino con todas las medidas de nuestra revolución democrática y cultural”, acotó el mismo.

http://www.lostiempos.com/noticias/16-02-09/16_02_09_nac7.php

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Febrero 15, año 2009. Domingo

LOS HECHOS: YPFB-Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA), formada por Santos Ramírez, ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pagaba salarios por encima de los 22.000 bolivianos, o sea, sus ejecutivos ganaban más que los 15.000 bolivianos que percibe el presidente Evo Morales. Así revela la planilla de sueldos y salarios del personal permanente elaborada para diciembre del año pasado y que maneja el Comité Cívico de Camiri.

LA INVESTIGACION: Al iniciar su mandato, Morales aplicó la disminución de salarios a todo el personal ejecutivo del sector público bajo el criterio de austeridad en los gastos.
No obstante, en noviembre de 2008 reconsideró esta posición tomando en cuenta la necesidad de técnicos especializados en el sector de hidrocarburos. Entonces, el Ejecutivo decidió incluir en el Presupuesto General de la Nación para este año la autorización de salarios por montos mayores a los del Presidente en YPFB, Entel, Boliviana de Aviación y otras empresas.
Sin embargo, la planilla de SIPSA es anterior a la aplicación de esta modificación. Sus ejecutivos se asignaron los sueldos bajo el criterio de que la firma es privada y no depende de la estatal petrolera.
El gasto anual en salarios de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras Sociedad Anónima (SIPSA) iba a tener un costo de 5.979.552 bolivianos, de acuerdo con los documentos que se refieren a la estructura de remuneraciones de la empresa engarrafadora.
Sólo en el mes de diciembre de 2008, la planilla de 65 trabajadores a la que accedió La Prensa revela una erogación de 498.296 bolivianos, que multiplicados por 12 meses se aproximan a seis millones de bolivianos. Y la suma puede inflarse más si se toma en cuenta que el actual presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Carlos Villegas, dijo el jueves que SIPSA contrató a 140 funcionarios.
El destituido presidente de (YPFB) autorizó abrir una carta de crédito irreversible por 35,07 millones de dólares a favor de la empresa estadounidense Gulsby Process Systems mediante el Commerzbank, establecimiento bancario alemán que tiene subsidiarias en el país del norte.Esta suma fue desembolsada por el Banco Unión, depositario de un fideicomiso de 45 millones de dólares depositado el 2 de septiembre del año pasado por el Ministerio de Hacienda.
De esa suma, hasta el momento la empresa beneficiaria cobró 5,3 millones de dólares para elaborar los planos de procesos y tuberías con un sistema especial de simulación para la planta separadora de líquidos de Río Grande; 2,7 millones de dólares para el diseño y especificaciones de la planta rodante y 5,2 millones de dólares por anticipo del 40 por ciento de la fabricación de recompresores.
En total, la firma de Estados Unidos recibió 13,2 millones de los 35,07 millones de dólares.
En consecuencia, el saldo que queda en la carta de crédito asciende a 21,87 millones de dólares, que el Estado no podrá recuperar si no se logra un acuerdo con el Commerzbank y Gulsby.

LAS PERSONAS: Rogelio Ashmine Gerente General Octubre-2008 23.500
Alfonso Arias Anaya Gerente de Operaciones Octubre-2008 22.500
Rolando Aguado Quiroz Gerente Administrativo Financiero Septiembre-2008 13.500
Reynaldo Vargas Quiroga Jefe de Operaciones Diciembre-2008 22.500
Abraham Arandia Jefe de Recursos Humanos Septiembre-2008 11.500
Bergman Vargas Zabala Jefe de Compras y Contrataciones Septiembre-2008 11.500
Hugo Soliz Mirabal Superintendente de Operaciones Diciembre-2008 18.000
Rodolfo Gutiérrez Gallardo Súper 12 horas Diciembre-2008 13.504
Isidro Martínez B. Súper 12 horas Diciembre-2008 13.504
Jaime Guizada Llanos Súper 12 horas Diciembre-2008 13.504
José Medina Flores Súper 12 horas Diciembre-2008 13.504
Emilio Torrico Salvatierra Perforador Diciembre-2008 12.162
Cresencio Barrancos Rojas Perforador Diciembre-2008 12.162
Ahmed Mendieta Romero Perforador Diciembre-2008 12.162
Los hermanos Córdova Santiváñez llegaron de Potosí a La Paz muy pequeños. Comenzaron a trabajar recogiendo basura de las casas de su barrio y desde muy jóvenes se involucraron en negocios presuntamente ilícitos, lo que les permitió acumular una fortuna y tomar contacto con círculos de poder. Hoy, dos de los siete hermanos están encerrados en la cárcel de San Pedro.
La señora Córdova ofrecía el servicio de té en la estatal YPFB desde hace unos 15 años, según la declaración que Ernesto Córdova hizo a la Policía.
Marco Antonio, Ernesto y Luis Fernando estudiaron Derecho. El primero logró obtener maestrías y diplomados en el exterior, según sus allegados, mientras que Ernesto no culminó la carrera. El último habría terminado sus estudios y aparentemente ejerció su profesión de abogado.
El entrevistado contó que los hermanos habían encontrado apoyo en la Policía, en la Alcaldía y en el ámbito político. “Pagaron como $us 50 mil para que su hermano, Marco Antonio, sea diputado por Podemos, cuando ese cargo se encontraba destinado a un ex militante del MNR”, afirmó la fuente. El movimiento económico que generaron no fue suficiente para los hermanos, quienes vieron en los locales nocturnos el verdadero negocio.
Ernesto Córdova Santiváñez, considerado como uno de los más grandes proxenetas de la ciudad de La Paz y actual dueño de un local de “remate” y prostitución llamado El Caballito, llegó a manejar nueve bares ilegales ubicados en diferentes zonas de la urbe paceña, según confirmaron autoridades de la Alcaldía.
“Desde el año 2002 hasta el 2004 tenía aproximadamente unos nueve locales. Que yo recuerde, tenía uno que estaba en la calle Armentia, otro en Villa Pabón, dos en Villa Fátima, inclusive han llegado a instancias judiciales porque han traficado con dos menores de edad que hacían de meretrices”, afirmó la autoridad municipal que pidió el anonimato por seguridad.
Sobre los hermanos Luis Fernando y Ernesto Córdova pesan una serie de acusaciones referentes a negocios ilícitos, pero ninguna relacionada con el contrabando y el tráfico de estupefacientes, tal y como se publicó erróneamente en un espacio publicitario de La Razón este sábado, en la página A-22.

FRASES: “Todos tienen que defenderse ante la justicia boliviana, tienen que transparentar sus actos porque el Gobierno nacional no perdona la corrupción (…) Si hay un corrupto del MAS es una traición al partido y al pueblo boliviano. Si hay corruptos dentro y fuera del Gobierno es una traición a la patria. No se puede robar la plata del pueblo. El compañero Santos Ramírez tiene la obligación de defenderse ante la justicia boliviana”.
Morales formuló este sábado esas aseveraciones en la base aérea de Cochabamba, desde donde emprendió viaje de visita oficial a Rusia y Francia.

http://www.laprensa.com.bo/noticias/15-02-09/15_02_09_segu1.php

http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-02-15/vernotanacional.php?id=090214213709

http://www.laprensa.com.bo/noticias/15-02-09/15_02_09_segu2.php

http://www.la-razon.com/versiones/20090215_006639/nota_276_763559.htm

http://www.la-razon.com/versiones/20090215_006639/nota_276_763558.htm

Febrero 14, año 2009. Sábado

LOS HECHOS: Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) reclama a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Servicios e Industrias Petroleras S.A. (SIPSA) una deuda de 6,5 millones de dólares por el costo del transporte del taladro de perforación PVD 08 que llegó al país el 30 de julio de 2008 desde Caracas. Además a esta obligación, se suma el costo por el personal que se encontraba a la espera de la instalación del aparato. Así consta en la minuta de la reunión que sostuvieron representantes de ambas empresas el 14 de noviembre del año pasado y difundida por el Comité Cívico de Camiri. De los $us 3,3 millones desembolsados desde YPFB a las cuentas de Catler-Uniservice sólo quedan $us 600.000, porque el resto del dinero fue sacado por los representantes de esta empresa y entregado a otras personas, según reveló el informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y difundido ayer por la ministra de Transparencia, Nardy Suxo. Suxo detalló que a Mario Ángel Cossío Mc Galem —gerente regional de Catler-Uniservice y testigo del asesinato de O’Connor D’Arlach— se le dio $us 110.000 el 3 de diciembre del 2008, $us 55.000 el 15 de enero y que el día del asesinato, el 27 de enero, cobró $us 150.000. Añadió que exactamente en los mismos días, Luis Fernando Córdova Santiváñez —acusado de ser el autor intelectual del volteo de los $us 450.000 que Jorge O’Connor D’Arlach llevaba cuando fue asesinado— cobró 110.000 dólares (3 de diciembre del 2008), 20.000 dólares el 15 de enero y 150.000 dólares el 27 de enero. La autoridad sostuvo que el empresario fallecido cobró $us 580.000 el 3 de diciembre del 2008, $us 100.000 el 3 de enero y $us 150.000 el 27 de enero. “Lo curioso es que estos cobros de los $us 150.000, que hacen los $us 450.000 (que fueron robados en el volteo), han sido cobrados con diferencias de minutos, porque fueron realizados en el mismo banco (Unión). Este cobro se debe hacer de la bóveda y es todo un proceso, un procedimiento. Es imposible que pudieran contar tal cantidad de dinero en tan poco tiempo, porque son diferencias de minutos”. Agregó que el 27 de enero, los cheques se cobraron entre las 10.00 y las 10.30, y que el volteo y homicidio sucedieron a las 11.00, sólo media hora después del delito. “Es un tema que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar. Eso es algo que nos llevará a ver a quién iban dirigidos los 450.000 dólares”. La comisión de fiscales que investiga el volteo de 450 mil dólares y el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach convocará a dos mujeres que presuntamente manejaban la agenda del ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez. Actualmente, ese cuaderno de registros y citas está desaparecido. Una fuente de la indagación informó a La Razón que Gabriela C. y Elizabeth B. manejaban cotidianamente la agenda de Ramírez cuando éste presidía YPFB. Explicó que estas personas serían convocadas por la Fiscalía para que presten su declaración informativa al respecto. Señaló que luego de la intervención a las oficinas de la estatal petrolera, no se encontró ese cuaderno y hasta la fecha continúa desaparecido. Asimismo, esta fuente explicó que al menos seis personas del entorno más cercano del ex presidente de YPFB también serán convocadas a declarar. Los funcionarios que trabajaban junto a él —A. S., V. R., P.S., R.C., R.M. y W.F.— también serán convocados por el Ministerio Público.

LA INVESTIGACIÓN: En la lista de receptores del dinero de YPFB figura incluso el hermano del prefecto de Tarija, Pablo Fabián Cossío Cortez, que retiró $us 2.490 a nombre de una empresa de turismo, Nómada SRL. Pero los principales ‘clientes’ del banco eran Mario Ángel Cossío Mc Galem, que retiró $us 165.150 en total; Luis Fernando Córdova se apersonó también en tres oportunidades y retiró $us 280.000, y Jorge O’Connor D’Arlach que retiró $us 830.000 en total. De los $us 3,3 millones entregados a Catler-Uniservice, los retiros suman $us 2.628.792 y queda en las cuentas $us 671.208. La ministra Suxo afirmó que el principal socio de la empresa, Miguel O’Connor D’Arlach intentó retirar ese dinero de las cuentas que tiene la empresa en el Banco Unión, para ello utilizó dos cheques firmados por su fallecido hermano Jorge. De acuerdo con la explicación, la supuesta ‘encargada de compras’ de Catler Uniservice, Hilda Soto Cabello, se presentó en una entidad bancaria privada y entregó dos cheques que tenían la firma del empresario asesinado, pero los mismos fueron retenidos porque la cuenta ya había sido congelada. El primer cheque era por $us 500.000 y el otro por Bs 60.000, los que debían ser entregados por el Banco Unión y traspasados a las cuentas que tiene Miguel en esa entidad. Por esas razones, ambos serán convocados a la Fiscalía, donde deben explicar por qué utilizaron la firma de su fallecido hermano, además de realizar un examen grafológico para ver si no es falsificada. Suxo reiteró que el socio principal de Catler-Uniservice debe ser investigado porque en la revisión de cuentas que realizó la UIF se estableció que Miguel O’Connor tiene un certificado de Depósito a Plazo Fijo de un millón de dólares. “Cómo puede tener una persona de 33 años tanto dinero, y en una sola cuenta, además de otras”, cuestionó. El fiscal Edward Mollinedo afirmó, en la audiencia contra Santos Ramírez, que Miguel O’Connor dijo en sus declaraciones que el dinero que sacaron el 27 de enero del Banco Unión “era para hacer un pago”, pero no señaló a quién. Suxo también dijo que la UIF certificó que la cuenta en Alemania y que presuntamente pertenecía a Santos Ramírez, se trata de la cuenta de la empresa Gulsby, cuya central de operaciones se encuentra en ese país y que la principal filial está en EEUU; por eso explicó que el traspaso de los $us 35.070.000 entregados a esa empresa se realizó a través de una transferencia al banco Conmmer Bank en el país europeo. Minutos antes de morir, después de recoger los 450 mil dólares del Banco Unión para llevarlos a una casa presuntamente para entregar una coima, el empresario Jorge O’Connor hizo una llamada por su celular, desde esa entidad bancaria, en la que informó textualmente: “Estamos saliendo”. Así lo aseveró, en una declaración informativa ante la Policía, Mario Cossío Mc Galem, quien era el gerente regional de la empresa Catler-Uniservice y cobró parte de los 450 mil dólares que fueron volteados el 27 de enero por un grupo de delincuentes que dispararon y asesinaron al empresario en la puerta de una casa en la avenida Tejada Sorzano. “Mi jefe (O’Connor) dentro del banco hace una llamada, no sé a quién, refiere ‘estamos saliendo’, luego salimos del banco”, apuntó en su declaración. Los fiscales Sergio Céspedes y Luis Mamani coincidieron en señalar, por separado, que el Ministerio Público ya tiene los números a los que O’Connor llamó ese día. Sin embargo, admitieron que aún resta por esclarecer a quiénes pertenecen. Cossío informó a la Policía que conoció al empresario fallecido en mayo del 2008. “Me presenta un amigo, en una reunión en el hotel Plaza, donde (O’Connor) hace una exposición del proyecto, y me pregunta si estaba interesado, y se establece una relación laboral”. Catler-Uniservice se adjudicó a fines de julio (dos meses después) un contrato con YPFB para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz, por 86 millones de dólares. Mario Cossío Mc Galem señaló que su trabajo en esos dos meses fue preparar “el documento base para que lo presentemos en YPFB, en la licitación”. Como gerente, cuando la empresa se adjudicó el trabajo, admitió que realizó varios cobros de cheques, en operaciones similares a la que se efectuó el día que mataron a O’Connor. “Por instrucciones de mi jefe, son varios (cheques) que no recuerdo, está registrado en el banco porque entramos a la bóveda, fueron unas tres o cuatro veces”. El 14 de noviembre del año pasado en las oficinas cruceñas de YPFB, el representante de la petrolera venezolana hizo conocer a los ejecutivos bolivianos su preocupación por este pasivo. “El Ing. Édgar Romero (PDVSA) manifestó su preocupación sobre la factura de transporte marítimo, que a la fecha queda pendiente de pago por parte de YPFB a PDVSA”. En otro párrafo añade: “Adicionalmente, indicó el impacto en el costo asociado al personal en espera”. Según agencias internacionales, este equipo partió del puerto de Guanta, en el país caribeño, recorrió el océano Pacífico en el buque Combi Dick por cerca de diez días, llegando al puerto de Arica, en Chile. Luego fue trasladado en camiones por tierra hasta la población de Patacamaya, a 109 kilómetros de La Paz, en donde se realizó un acto de recepción con la participación del presidente Evo Morales, junto con el por entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez Valverde, y el vicepresidente de PDVSA, Eulogio del Pino. Finalmente, por el mismo medio se encaminó hasta el pozo 34D en el campo gasífero de Víbora, ubicado a 170 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz. Una copia de la minuta de la reunión fue entregada por el Comité Cívico de Camiri a La Prensa, ésta fue firmada por Édgar Romero, Miguel Gonzales, Iván Gonzales, Elio Gutiérrez, Félix Macuare, Gabriela Hernández e Ignacio Sainz como representantes de la estatal petrolera venezolana; y por Ricardo Michel, Víctor Lema y Nelson Cabrera, por YPFB, y Rogelio Ashimine a nombre de la empresa privada YPFB-SIPSA. Hace dos días, el presidente de la estatal petrolera, Carlos Villegas, reveló que existen manejos irregulares en SIPSA, que datan de la gestión de su antecesor, Santos Ramírez, encarcelado por delitos de corrupción. “Se han encontrado serias anomalías desde el momento de la constitución de la empresa, en su manejo financiero, de pasivos (deudas) que se han contratado”. En fecha 20 de agosto de 2008, YPFB compra 218 acciones de las 220 de la empresa Full Industry S.A., dedicada a la actividad de fabricación y recalificación de garrafas de GLP, con el objetivo de que YPFB realice estas actividades. La primera irregularidad es que la compra del paquete accionario de Full Industry es sólo del 99 por ciento, dejando el uno por ciento en manos privadas, con el fin de constituirla como una empresa de carácter mixto, al margen de fiscalización estatal, basada simplemente en el Código de Comercio. El 25 de agosto, se realiza la Junta General extraordinaria de accionistas en la que Santos Ramírez Valverde con 218 acciones por YPFB, la Sra. Lucy Barbery con 1 acción y la Sra. Nilda Domínguez con 1 acción del total 220 acciones (100% del capital pagado), transforman Full Industry en la nueva empresa corporativa de YPFB SIPSA S.A. En esa oportunidad, e l Presidente de YPFB, explicó la conveniencia de proceder al cambio de denominación Social, con lo que se determinaría el inicio de la sociedad con una identidad Corporativa. Se aceptó el cambio de denominación Social a “YPFB Servicios e Industrias Petroleras S.A”, encargándose este trámite a la Sra. Lucy Barbery que quedaba extrañamente dentro de la sociedad con un 0.5 por ciento. La nueva sociedad se inscribe en el registro de Comercio de Bolivia FUNDEMPRESA, el 12 de septiembre, bajo el número de Registro 77066 del Libro Nº 09, modificándose la denominación de la sociedad Full Industry S.A. a YPFB Servicios e Industrias Petroleras S.A. El 26 de Agosto, se designa directores por el período de un año. El directorio queda conformado por: Presidente: Misael Gemio, Vicepresidente: Dra. Esther Carmona, Director: Ing. Reynaldo Marín, Síndico: Lic. Nelly Salvatierra. Como se observa, el Directorio está conformado por tres personas, todos allegados a Santos Ramírez. Desde esta instancia, sin ningún control del Directorio de YPFB o leyes y procedimientos administrativos regulados por el estado, se aprobarán discrecionalmente la compra de equipos y contratación de servicios y personal no calificado. También se designa como Gerente General a Rogelio Ashimine, que con “un poder amplio y suficiente”, el 19 de septiembre recibe la autorización para la suscripción de un contrato de Recalificación de Garrafas de 10 y 45 Kg con YPFB por un monto de $us. 1.892.000 (Un millón ochocientos noventa y dos mil 00/100). Este contrato es autorizado por unanimidad. El mes de mayo de 2008, Bolivia recibe la noticia de la compra por YPFB de un equipo de perforación de la República Bolivariana de Venezuela. El equipo llega al país el mes de agosto y desde entonces está paralizado. En este marco, el 5 de noviembre la empresa de Santos y Ashimine, YPFB SIPSA S.A. realizan una reunión con representantes de PDVSA Servicios S.A. efectuada en el Ministerio de Hidrocarburos La Paz, que cuenta con la participación del Ing. Misael Gemio (Viceministro Desarrollo Energético y Director SIPSA), Lic. Juan C. Arellano Gerente de Planificación de YPFB, Ing. R. Ashimine Gerente YPFB – SIPSA, Ing. Iván Gonzales, Elio Gutiérrez, Ignacio Sainz (PDVSA Servicios). En esta reunión se da lectura al Acta suscrita el 30 de octubre en las oficinas de YPFB en la ciudad de Santa Cruz donde estuvieron presentes los señores: Ricardo Michel, Misael Gemio, Rogelio Ashimine, Rolando Bravo Michel (Sobrino de Ricardo Michel Pacheco) , Félix Macuare, Iván Gonzales, Elio Gutiérrez e Ignacio Sainz. Este evento informa: a) traspaso de acciones en YPFB SIPSA a una empresa estatal boliviana. El Ing. Gemio informa que se ha iniciado gestiones para que YPFB Refinación e YPFB Transporte adquieran cada uno a una acción de YPFB SIPSA por estar en manos privadas (Lucy Barbery y Nilda Domínguez).

LAS PERSONAS: Miguel O’Connor D’Arlach, actual representante del consorcio Catler-Uniservice —empresa vinculada con hechos de corrupción en la estatal petrolera—, intentó cobrar un cheque por $us 500.000 cinco días después de que su hermano Jorge O’Connor D’Arlach fuera asesinado, informó ayer en una conferencia de prensa la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo. La información fue recabada en la Unidad de Investigación Financiera (UIF). El ente bloqueó la cuenta tras el asesinato del empresario el 27 de enero, por lo que la solicitud de retiro del cheque con la firma de Jorge O’Connor D’Arlach fue rechazada. El medio millón de dólares fue depositado por Hilda Soto, representante de compras de Catler, en el Banco Bisa y fue transferido al Banco Unión para que se cobre en esta entidad financiera. El mismo día, se intentó hacer otra transferencia de Bs 60.000 del Banco Bisa al Banco Unión, también a nombre de Jorge O’Connor D’Arlach. Así, Mario Ángel Cossío, ingeniero en sistemas de la sociedad, hizo tres retiros del fideicomiso que YPFB abrió en el Banco Unión para dar lugar a la construcción de esa planta separadora de líquidos en Río Grande. El primero de ellos, de 110 mil dólares, fue hecho el 3 de diciembre del año pasado; 55 mil, el 15 de enero, y 150 mil, el 27 de enero. Luis Fernando Córdoba Santiváñez, egresado de derecho y que se presenta como abogado de la firma, extrajo 110 mil dólares el 3 de diciembre de 2008, 20 mil, el 20 de diciembre, y 150 mil, el 27 de enero. El socio Jorge O’Connor d’Arlach hizo un retiro de 580 mil dólares el 3 de diciembre pasado; 100 mil, el 3 de enero, y otros 150 mil, el 27 de enero, cuando murió. Pablo Cossío Cortez, hermano del Prefecto de Tarija, recibió un cheque por 2.490 dólares. Javier René Navia Doria Medina, todavía cuñado de Ramírez, se benefició con tres giros, uno de 17 mil dólares, el 25 de agosto de 2008; otro de 87.500 bolivianos, el 31 de octubre y otro de 21 mil bolivianos, el 10 de noviembre. Franklin Gonzalo Aramayo Doria Medina recibió un giro de 87.500 bolivianos el 31 de octubre del año pasado. Los dos son ejecutivos de la Fundación Khantati, también bajo investigación. La Fiscalía halló papeles en una requisa que la llevan a sospechar que el ex gerente de Comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Rodrigo Carrasco, estaría involucrado en el volteo de los 450 mil dólares que derivaron en el asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach. Una alta fuente de la indagación, en una declaración a este medio, señaló que Carrasco “es uno de los funcionarios que el Gobierno pidió que se lo destituya, y eso ocurrió el 2 de febrero. Ese día, uno de los interventores de YPFB denunció que este señor trataba de sacar información de una de sus computadoras, y por ello la Fiscalía secuestró su laptop y el ordenador de la oficina, se lo arrestó para que preste su declaración, pero en ese momento no teníamos indicios”. Ese día, el fiscal de Distrito, Jorge Gutiérrez, informó que durante la intervención a las oficinas, Rodrigo Carrasco y Julio Anagua, dos gerentes destituidos, fueron arrestados por haber tratado de ocultar información. El día que el presidente Evo Morales destituyó a Santos Ramírez, pidió que su sucesor, Carlos Villegas, investigue y eche a otras 10 personas, entre ellas estaba precisamente el hasta entonces gerente de Comercialización, Rodrigo Carrasco. Sin embargo, su nombre no aparece entre los 12 que el Ministerio de Transparencia, encabezado por Nardi Suxo, presentó a la Fiscalía para que sea investigado en la estatal petrolera.

FRASES: El hermano del Prefecto de Tarija, Pablo Fabián Cossío Cortez, desmintió la denuncia formulada por la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, al asegurar que nunca recibió un cheque del consorcio Catler-Uniservice. ”Tengo dos empresas, una es la agencia de viajes Nómade y la fábrica de muebles Comas. Ambas son sociedades de responsabilidad limitada. Tendría que revisar la contabilidad de ambas, pero yo no he recibido un cheque de ese consorcio a mi nombre. No entiendo por qué esa señora me calumnia de esa manera”. Pablo Cossío sostuvo que conoció la existencia del consorcio Catler-Uniservice, después de que se produjo el asesinato de Jorge O’Connor d’Arlach, en La Paz. Negó, además, mantener relación empresarial con Miguel O’Connor d’Arlach, aunque admitió haber formado con él la compañía GSA. “Don Santos no teme por su vida, está firme en sus convicciones y confirmará su inocencia”, afirmó uno de sus abogados, Albo Lacaze, ayer por la mañana.

http://www.eldeber.com.bo/vernotaahora.php?id=090214021701 http://www.lostiempos.com/noticias/14-02-09/14_02_09_nac6.php http://www.la-razon.com/versiones/20090214_006638/nota_249_763261.htm http://www.la-razon.com/versiones/20090214_006638/nota_249_763259.htm http://www.la-razon.com/versiones/20090214_006638/nota_249_763258.htm http://www.la-razon.com/versiones/20090214_006638/nota_249_763255.htm http://www.la-razon.com/versiones/20090214_006638/nota_249_763257.htm http://www.laprensa.com.bo/noticias/14-02-09/14_02_09_nego1.php

Febrero 13, año 2009. Viernes

LOS HECHOS: Rápido, sin mirar a nadie y atravesando una nube de cámaras, micrófonos y grabadoras, salió el ex presidente de YPFB Santos Ramírez del quinto piso de la Corte Superior de Justicia, luego de escuchar el veredicto de la jueza de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, que dispuso su detención preventiva en la cárcel de San Pedro, después de escuchar los alegatos de fiscales y defensores. La autoridad judicial consideró que existen elementos suficientes que permiten establecer que Ramírez influenciará en los testigos y sindicados que deben declarar sobre los malos manejos que hubo en la contratación de la empresa Catler-Uniservice para la implementación de una planta de líquidos en Río Grande, en Santa Cruz. Aunque el fiscal Edwin Sarmiento aseguró que no existe riesgo de fuga porque el acusado se presentó a declarar en cuanto fue convocado, dijo que las otras acusaciones son las que pesan para justificar la detención preventiva del ahora ex hombre fuerte del MAS. El Gobierno aseguró ayer que garantiza la construcción de una planta de gas en el oriente del país, pese a que su adjudicación a una empresa privada es cuestionada por un escándalo de corrupción que afecta a la petrolera estatal YPFB. El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, dijo ayer que la “decisión del gobierno es asegurar la instalación de la planta” de separación de gas en la localidad de Río Grande, en la región de Santa Cruz, y que ésta no sea interrumpida de forma alguna. Villegas remarcó que Bolivia necesita esa planta, que separará los componentes líquidos del gas exportado a Brasil, porque de esa forma el país contará con volúmenes adicionales de gas licuado y gasolina. Al garantizar que la instalación de la planta no parará, el actual presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, aseveró que “se buscará modalidades” para continuar con la construcción de la planta de separación de líquidos, porque es una obra indispensable para asegurar el suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y gasolina en el mercado interno. El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, denunció que los anexos del contrato con Catler-Uniservice desaparecieron de las oficinas de la estatal petrolera. La comisión interventora de YPFB compuesta por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, el de Defensa Legal y la misma estatal petrolera no pudo hallar dichos anexos, razón que les obliga a demandar una copia a la firma contratada Catler-Uniservice. Este documento fue firmado el 14 de julio de 2008 en un acto público en Santa Cruz, por el ex presidente de YPFB Santos Ramírez para la instalación y construcción de una planta de extracción de líquidos (gas licuado de petróleo y gasolina natural) en el campo petrolífero de Río Grande. El sábado 7 de febrero, La Prensa informó sobre la falta de tres anexos en el contrato publicado por YPFB el 4 de febrero. El contrato YPFB-Catler Uniservice fue suscrito el 14 de julio del 2008 y lleva siete anexos, como parte integrante del contrato, pero la contratista no cuenta ni siquiera con una copia. Entre los documentos desaparecidos estaba el cronograma que es esencial para verificar el cumplimiento del acuerdo. También se hallaban los textos completos de la propuesta adjudicada, el acta de concertación y el certificado de precalificación. Como anexo estaban consignados, además, los “certificados de reserva, origen y disponibilidad de los equipos a ser adquiridos”, fundamentales para que YPFB conozca si efectivamente se fabricará los insumos, desde la máquina turboexpander hasta los tanques de almacenamiento para GLP y gasolinas. Las garantías de pago y la resolución de adjudicación eran dos anexos más que debían estar, prácticamente, pegados al contrato, porque “forman parte integrante” reza la cláusula décima del documento suscrito por Santos Ramírez con Miguel O’Connor D’Arlach Taborga y el argentino Agustín Tomás Melano. En diez días de trabajo, la comisión interventora no halló esos expedientes, por lo que la presidencia de la estatal se vio obligada a pedir copias a la contratista. El ex ejecutivo de YPFB, Santos Ramírez, creó una empresa irregularmente. Se trata de Servicios a la Industria Petrolera SA (Sipsa) con 140 funcionarios bajo el mando de Rogelio Ashimine, masista de Santa Cruz. Ayer, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, informó que “hay una empresa de reciente creación”, en la cual se han encontrado “serios indicios de anormalidades”, por lo que solicitó al Ministerio de Transparencia una auditoría técnica y legal de Sipsa; los informes serán conocidos en detalle la próxima semana. Las irregularidades descubiertas en la compañía son “anomalías serias en la constitución de la empresa”, también arbitrariedades “en el financiamiento y los pasivos”, además que “existen 140 personas sin contrato” y “sin certificación presupuestaria”, remarcó Villegas sin dar más detalles. En la página web de YPFB, SIPSA se identifica como un “joint venture” es decir un “riesgo compartido” entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), dedicada a la “perforación y servicios petroleros”. La empresa de reciente formación ya se está encargando del equipo de perforación que envió Pdvsa y fue instalado en el campo Víbora, operado por la nacionalizada YPFB-Andina. “esta empresa estaba a cargo de Rogelio Ashimine”, pero “ya está fuera” de esa compañía. “El carácter irrevocable de este fideicomiso preocupa al Ministerio Público, pero también genera un daño potencial al Estado, porque el Estado boliviano no va poder sustentar, ni va poder recuperar los 35 millones de dólares, peor aún los 3.3 millones de dólares que ya se cobró Uniservice”, dijo el fiscal Edward Mollinedo. El fiscal hizo esas afirmaciones a tiempo de sustentar los alegatos en contra de Ramírez en la audiencia de medidas cautelares, celebrada hoy en el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal, cuya titular, Marcela Siles, ordenó la detención preventiva en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz del ex presidente de YPFB. Además, “los indicios hacen ver que este pago o este dinero de 450 mil dólares había sido retirado minutos antes (del atraco) del Banco Unión a través del fideicomiso y el pago autorizado por Santos Ramírez estaba dirigido al señor Javier Navia Doria Medina y al señor Gonzalo Aramayo”, afirmó. El informe del Ministerio de Hacienda señala que el 8 de agosto del 2008, el titular de este despacho, Luis Arce, “suscribió un contrato de Fideicomiso con el Banco Unión y YPFB constituyendo un patrimonio autónomo de 45 millones de dólares”, que es el 50 por ciento del costo de la planta de Río Grande, como lo manda el decreto supremo 29662 del 30 de julio del mismo año. El Tesoro General de la Nación (TGN) transfirió los recursos, es decir, los 45 millones de dólares, el 2 de septiembre de 2008 al Banco Unión SA en “calidad de fiduciario”. Los reportes del fiduciario señalan que “los desembolsos se realizaron a solicitud del beneficiario del fideicomiso (YPFB)”, el “más grueso” de los 35 millones de dólares para Guisby PS en noviembre del año pasado. Y 1,65 millones en dos pagos el 1 de diciembre de 2008 y el 14 de enero de 2009.

LA INVESTIGACIÓN: En un extenso alegato, el Ministerio Público describió paso a paso la conformación de la empresa internacional y los pasos que se dieron dentro de YPFB para beneficiar a esta empresa. El fiscal Edward Mollinedo dijo que la empresa Catler es una empresa dedicada a los empréstitos financieros y no a la actividad petrolera. Uniservice apenas tiene un capital de Bs 20.800 y no en el sector petrolero. A pesar de la resistencia de la defensa, Mollinedo explicó que la sociedad accidental Catler-Uniservice nace en Panamá el 8 de julio de 2008 y en sus documentos de constitución hacen figurar un capital de $us 1 millón; la Fiscalía cree que Ramírez sabía de todos estos pasos porque un mes antes, el 5 de junio, participaron en una reunión sobre la adjudicación de la planta Mario Cossío Magalen y el abogado Julio Salazar en la estatal petrolera y los dos participan a nombre de Catler-Uniservice cuando este consorcio aún no existía. Todos los trámites para la conformación de la firma estuvieron a cargo de Salazar, que confesó ante los fiscales que los socios principales -Augusto Melano y Miguel O’Connor D’Arlach- le pagaron cinco mil dólares por ese trabajo. Pero existen otras irregularidades que vinculan al ex presidente de YPFB. El 11 de julio aparece un memorándum con la firma de Santos Ramírez en la que se convoca a ‘algunos funcionarios’ para la reunión de concertación. Para ello incluso envió memorándums de ascenso a algunos jefes de unidad, quienes accedieron a gerencias de la empresa para que puedan integrar la comisión calificadora, siendo una de las principales responsables Esther Carmona, abogada vinculada a Ramírez y que fue su mano derecha desde que ocupó la presidencia del Senado. Otro de los designados de forma inmediata fue Julio Anagua, que fue detenido el 2 de febrero cuando intentaba destruir documentación y pretendía ingresar a su computadora, recordó el fiscal Mollinedo. Las cinco personas que integraban esta comisión, Julio Anagua, Daniel Álvarez, Javier Guzmán, Diego Argandoña y Esther Carmona, eran de confianza de Santos y se ‘autodesignaron’ el 9 de julio La Fiscalía decidió por ello ampliar la investigación a estas personas porque considera que conocen del contrato tanto como Ramírez. El detallado informe del fiscal modificó incluso la programación de los canales, que habilitaron espacios para el seguimiento de los argumentos de Mollinedo, que luego dijo que ni siquiera se cumplieron los requisitos exigidos por las normas nacionales, y por el contrario, Ramírez firmó cuatro adendas al contrato para beneficiar a la empresa y perjudicar al Estado. No firmó documentos sobre la supervisión de las obras, no había certificado de garantía y tampoco un calendario de operaciones; cuando Ramírez fue consultado por la Fiscalía sobre estas anomalías y el por qué no había supervisores, dijo que la empresa no tenía presupuesto, aunque firmó con una empresa desconocida un contrato de $us 86 millones. Y por eso, añadió Ramírez, se contrataron ‘fiscales de obras’, pero estos fiscales emitieron un informe a favor de Catler-Uniservice y facilitaron el pago del dinero, que autorizó el Ministerio de Hacienda el 2 de septiembre. El monto desembolsado es de $us 45 millones,;de este monto, 35 millones eran para la empresa estadounidense Gulsby y 10 millones estaban destinados a Catler-Uniservice; pero los dineros que eran retirados del Banco Unión no eran para este consorcio, sino para la empresa Uniservice, del cual es propietario Miguel O’connor D’Arlach. Aunque Ramírez dijo que el dinero era entregado al consorcio, la Superintendencia de Bancos certificó que $us 3,3 millones fueron entregados a Uniservice y de ahí salieron los $us 450 mil. Para ello, el fiscal explicó que los O’Connor abrieron dos cuentas, una en bolivianos y otra en dólares; YPFB depositaba en la cuenta en dólares y O’Connor los pasaba a su cuenta en bolivianos, y después los sacaba del banco porque no existía el control adecuado para explicar los retiros. Según el fiscal Sarmiento, el ex presidente de la estatal petrolera puede obstaculizar la justicia porque es posible que ‘influya’ a los funcionarios que quedan en YPFB y que serán investigados. Sipsa “es una empresa que tendría, teóricamente, que dedicarse a la recalificación de garrafas y, por otro lado, a dar servicios a las empresas petroleras, en particular servicios de perforación”, indicó Villegas. Documentos notariales a los que accedió La Prensa revelan que, luego de su constitución el 4 de septiembre de 2008, el 16 de septiembre de ese año se procedió con la designación de Ashmine como gerente general y la de sus directores. Estos cargos recayeron en Misael Gemio como presidente, Esther Carmona como vicepresidenta, Reynaldo Marín como director y Nelly Salvatierra como síndico. El primero fungía como Viceministro de Desarrollo Energético y fue suspendido el 31 de enero, mientras que Carmona era la directora jurídica de YPFB (también fue alejada del cargo y formaba parte del entorno cercano de Ramírez). Los documentos notariales de la compañía de servicios dan cuenta de que se constituyó el 4 de septiembre del año pasado cuando la firma Full Industry S.A. cambia su denominación a SIPSA. Esto atendiendo a que el 25 de agosto de ese año Ramírez, a nombre de YPFB, había comprado 218 acciones de esta empresa y se convertía en socio mayoritario, mientras que Lucy Barbery, ex presidenta del Directorio y apoderada de la sociedad Full Industry, y Nilda Domínguez poseían una acción cada una. El mantenimiento de estas personas con una participación tan pequeña le da el carácter privado y de sociedad anónima a la empresa de servicios y no de una subsidiaria de YPFB. Como antecedente se tiene que Full Industry, fabricante de garrafas, fue autorizada mediante Resolución Administrativa de la Superintendencia de Hidrocarburos SSDH No. 0666/2002, del 19 de diciembre de 2002, para la recalificación de los balones de GLP en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Además, Ramírez, como máxima autoridad de YPFB, de acuerdo con fuentes del sector, le dio a esta firma el contrato de perforación del campo Víbora. En los hechos aparece prestándole este servicio a YPFB-Andina, la administradora de ese campo en Santa Cruz. Lo paradójico es que también la estatal petrolera le entregó el equipo de perforación de origen chino que había llegado al país el 30 de julio del año pasado desde Venezuela. Este aparato debía entrar en funcionamiento tras la inauguración, el 23 de enero, de los trabajos de perforación en el pozo 34D de campo Víbora. El Deber, en un reportaje publicado el domingo, verificó que el taladro de origen chino todavía no le hizo ni un rasguño a la tierra del lugar porque aún se está haciendo el trabajo de la certificación. Según Ramiro Huerta, técnico de SIPSA, todo trabajo petrolero se basa en el control de la calidad y la seguridad y por el momento “se está haciendo una certificación de las piezas del taladro”. La creación de SIPSA se constituye en una más de las irregularidades cometidas por Ramírez al frente de la estatal, entre ellas la suscripción del contrato con Catler-Uniservice para la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande. 25-08-2008: se efectúa la compra de acciones para conformar SIPSA. 14-09-2008: se procede a constituir la empresa de servicios. 16-09-2008: se designa al gerente, presidente y directores. 23-01-09: SIPSA es contratada para perforar para YPFB-Andina. Pese a que el Gobierno se precia de haber refundado la petrolera estatal, los trabajadores lo desmienten categóricamente. Wilson Aparicio Quiroga, dirigente del Sindicato Petrolero Distrito Oriente, sostuvo que no hay tal refundación, pues hay una serie de carencias materiales, logísticas y de funcionamiento que impiden que este proceso se lleve adelante en YPFB. Para empezar, señaló que hay serios problemas de seguridad industrial en las engarrafadoras, no hay vehículos para que los supervisores se desplacen a diversos puntos de fiscalización, falta personal técnico calificado, y por si fuera poco, algunos edificios están convirtiéndose en ruinas, pues no fueron refaccionados por ninguno de los cinco ex presidentes que pasaron por la estatal petrolera.

LAS PERSONAS: Villegas aseguró que SIPSA estaba gerentada por Rogelio Ashmine, funcionario que el 31 de enero quedó suspendido junto con nueve funcionarios jerárquicos tras la intervención de YPFB y destitución de Ramírez del cargo. Esta persona ya fue alejada del cargo de Viceministro de Transportes el 8 de febrero de 2006, cuando el Gobierno lo acusó de haberse extralimitado en sus funciones al elaborar un decreto supremo de intervención del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). Por esos días, los trabajadores de la empresa acataban un paro en demanda del pago de salarios atrasados y el Gobierno prefería quedarse al margen y que el problema lo resolviera el LAB. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cuenta con 1.557 trabajadores sólo en el área administrativa de la oficina central; cuando en el 2005 eran 500 empleados en todo el país. La autoridad puntualizó que la cifra de 1.557 no toma en cuenta a los trabajadores de las empresas nacionalizadas, que ahora también forman parte de YPFB. Además, remarcó que el incremento de empleados en el área administrativa fue asimétrico en comparación con el número de técnicos que requiere la estatal. Según información obtenida por La Razón, durante la presidencia de Juan Carlos Ortiz (2006-2007) los empleados de YPFB en todo el país no pasaban de 900, incluyendo a unos 150 trabajadores eventuales que tenían contrato por un año. Durante la administración de Manuel Morales Olivera (enero a marzo del 2007) en todas la empresa a nivel nacional, existía aproximadamente 800 empleados, incluidos los temporales. El presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, anunció el despido de 74 funcionarios de la estatal petrolera por el caso del ex ejecutivo de la entidad Estatal, Santos Ramírez. El interventor rechazó que el despido de los funcionarios sea “un revanchismo político”. Señaló que YPFB inicialmente contaba con 1.500 funcionarios, desplazados en varios distritos petroleros del país, antes del proceso de Capitalización, sin embargo, en los últimos años, mucha gente vio a YPFB como una “agencia de empleos”. Ramiro Saavedra, secretario ejecutivo del Sindicato trabajadores de esta entidad, señaló que las federaciones de trabajadores a nivel nacional se encuentran en estado de emergencia, y piden sostener una entrevista directa con el interventor, Carlos Villegas. El dirigente manifestó estar de acuerdo en que se despida a aquellos funcionarios encontrados in fraganti, cometiendo actos de corrupción en la estatal petrolera, pero no así a personal presumiblemente comprometida. El Ministerio Público iniciará un proceso penal contra al menos 17 personas involucradas en el asesinato y robo de dinero al empresario Jorge O’Connor D’Arlach y la presunta red de corrupción al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Según adelantó uno de los fiscales, se investigará a Mario Cossío, Luis Fernando Córdova, a miembros de la familia Navía Doria Medina, de la familia O’Connor D’Arlach y a funcionarios de la petrolera estatal.

FRASES: “Procedimos al despido de esas personas con el mandato que tengo del presidente Evo Morales, especialmente de la planta jerárquica de trabajadores, no es el primer contingente de despidos porque vamos a continuar”, enfatizó Villegas. Por su parte, los representantes de los trabajadores de Yacimientos denunciaron ante los medios de comunicación que las acciones emprendidas por la actual administración es una “masacre blanca”, porque se trataría de despidos injustificados.

http://www.lostiempos.com/noticias/13-02-09/13_02_09_nac2.php http://www.laprensa.com.bo/noticias/13-02-09/13_02_09_segu2.php http://www.elmundo.com.bo/Secundarianew.asp?edicion=13/02/2009&Tipo=Nacional&Cod=8581 http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-02-13/vernotanacional.php?id=090213012447 http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_02/nt090213/3_05ecn.php http://www.la-razon.com/versiones/20090213_006637/nota_249_762709.htm http://www.la-razon.com/versiones/20090213_006637/nota_249_762702.htm http://www.lostiempos.com/noticias/13-02-09/13_02_09_eco8.php http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_02/nt090213/4_04scd.php http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-02-13/vernotanacional.php?id=090213011421

Febrero 12, año 2009. Jueves

LOS HECHOS: El martes, después de una larga declaración que fue recibida en dos días, el equipo de fiscales anunció la aprehensión de Ramírez. El ex funcionario público pasó toda la noche y la mañana de ayer en una oficina del Ministerio Público. A las 16.30, en un operativo en el que intervinieron casi una veintena de policías, lo sacaron en una vagoneta blanca por el garaje de la Fiscalía, y lo pasaron al frente, donde están las instalaciones de la Corte Superior de Justicia y las celdas de la Policía Judicial (calle Potosí). El motorizado se estacionó en el garaje, Ramírez salió del vehículo, llevaba bajo el brazo el libro Conversaciones con Dios, de Neale Donald Walsch, y unos papeles doblados y confundidos entre las páginas de ese texto. Subió unas gradas con escolta policial y se dirigió al lugar donde están las celdas. Sin embargo, fuentes de la Policía señalaron a La Razón que negoció para quedarse en una oficina y no tras las rejas. La juez Décimo de Instrucción en lo Penal, Marcela Siles, definirá este jueves si el ex hombre fuerte del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) es detenido de forma preventiva en la cárcel de San Pedro o se beneficia con medidas sustitutivas. (Erbol)

LA INVESTIGACIÓN: La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, presentó un informe sobre el caso a la Fiscalía. El documento coincidió con la Fiscalía en el establecimiento de indicios en cuatro de los seis delitos. Atribuye conducta antieconómica “por la mala administración o dirección técnica” de Santos Ramírez y de quien fue su gerente de Planificación Inversión y Servicios, en la contratación de la empresa Catler-Uniservice. Al beneficiar a la empresa del fallecido Jorge O’Connor, con la adjudicación de la obra, “sin cumplir los requisitos establecidos en la norma vigente”, el informe señala que Ramírez incurrió en uso indebido de influencias. Halla también indicios de que firmó contratos lesivos al Estado “por celebrar el contrato en perjuicio” del mismo “sin las condiciones técnicas, económicas, legales y administrativas que exige la norma vigente”. Establece también incumplimiento de deberes por “irregularidades” en la contratación, como la falta de protocolización ante la notaría de Gobierno, del contrato y de las adendas; por no remitirlo a la Contraloría, por no establecer su vigencia, por iniciarlo sin una orden, por pagos realizados sin respaldo de supervisión, y por comenzarlo sin un supervisor, sin certificación presupuestaria ni fuente de financiamiento y por la ejecución de cuatro adendas sin la autorización de la MAE. Por otra parte, la Fiscalía estableció, a partir del volteo de los 450 mil dólares de una presunta coima dirigida a Ramírez por un grupo de delincuentes el 27 de enero, hecho que tuvo como consecuencia el asesinato del empresario Jorge O’Connor, que el ex presidente de YPFB incurrió en el delito de cohecho pasivo propio (soborno). El fiscal asignado a la investigación, Edward Mollinedo, declaró la semana pasada que se había detectado al menos tres entregas de dinero, que coincidían con desembolsos que YPFB realizó a Catler-Uniservice. A esto se suma el indicio de la asociación de más de cuatro personas para presuntamente realizar estos pagos, con lo que se sustenta asociación delictuosa. En todo caso, si es que hoy se dictara sentencia condenatoria contra Santos Ramírez y se lo declarase culpable de cometer los seis delitos, el ex presidente de YPFB podría tener una pena máxima de ocho años de cárcel. Los delitos en el código penal Artículo 145 • (Cohecho pasivo propio): El que para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones recibiere dádivas u ofrecimientos, será sancionado con presidio de dos a seis años. Artículo 146 • (Uso indebido de influencias): El que aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias obtuviere ventajas o beneficios será sancionado con presidio de dos a ocho años. Artículo 156 • (Incumplimiento de deberes): El funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función incurrirá en reclusión de un mes a un año. Artículo 224 • (Conducta antieconómica): El que hallándose en el ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad, causare por mala administración o dirección técnica daños al patrimonio de ellas o del Estado, será recluido de uno a seis años. Artículo 132 • (Asociación delictuosa): El que formare parte de una asociación de cuatro o cinco personas, destinada a cometer delitos, será sancionado de seis meses a dos años de prisión. Artículo 221 • (Contratos lesivos al Estado): El que a sabiendas celebrare contratos en perjuicio del Estado o de (otras) entidades será recluido de uno a 5 años. La comisión también observa al fideicomiso creado para hacer los desembolsos destinados a la planta por un monto de 45 millones de dólares. Según su informe, el depósito con recursos del Ministerio de Hacienda data recién del 2 de septiembre de 2008. De ese dinero, 35 millones se destinan a la apertura de una carta de crédito. Del saldo de diez millones se paga dos veces a Catler-Uniservice, 1,6 millones de dólares por vez: en total 3,3 millones de dólares. Esto quiere decir que el inicio del proyecto es ejecutado a partir de la suscripción del contrato del 14 de julio de 2008, pero sin tener el presupuesto asignado ni la fuente de financiamiento para este fin. Sin embargo, una de las principales observaciones de la comisión es que el ex Presidente de YPFB adjudicó la contratación del proyecto a Catler-Uniservice pese a que no tenía la capacidad financiera para emprender obras. Ramírez avaló la apertura de la carta de crédito por 35 millones de dólares por cuenta de este consorcio para beneficiar a la empresa Gulsby Process Systems LLP, de Texas (EEUU), con recursos del fideicomiso. Fuentes ligadas al caso señalan que, para obtener esos recursos, Catler-Uniservice debía demostrar solvencia financiera, pero no la tenía. Este respaldo lo consiguió a través de Gulsby. Las irregularidades y delitos: Conducta antieconómica por mala administración o dirección técnica del Presidente Ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y el Gerente de Planificación, Inversión y Servicios; Uso indebido de influencias, por beneficiar a Catler-Uniservice en la adjudicación de la obra, sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente; Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas por la apertura de la carta de crédito irrevocable de 35 millones de dólares a cuenta de Catler-Uniservice en favor de Gulsby sirviendo el Estado boliviano de garante de estas empresas; Contratos lesivos al Estado por celebrar el contrato con Catler-Uniservice en perjuicio del Estado sin las condiciones técnicas, económicas, legales y administrativas que exige la normativa vigente; Incumplimiento de deberes por omitir actos propios de sus funciones públicas incurriendo en irregularidades en el proceso de contratación con Catler-Uniservice; Falta de protocolización ante Notaría de Gobierno del Contrato y de las adendas; La no remisión del documento suscrito a la Contraloría General de la República; El contrato no tiene firma de abogado; Se inicia el proceso de contratación sin certificación presupuestaria, ni fuente de financiamiento. No se establece vigencia del documento contractual; Se inicia la ejecución sin la orden de proceder; Pagos realizados sin respaldo de supervisión; Se inicia la ejecución del contrato sin contar con un supervisor de obra; Se autorizan cuatro adendas sin autorización de la MAE (máxima autoridad ejecutiva); Observaciones administrativas De acuerdo con la Ley 1178, se presume que existe incumplimiento en el artículo 29 por las siguientes causas: No se cuenta con resolución de Directorio para el inicio del proceso de contratación; No contaba con certificación presupuestaria anterior al proceso de contratación; La conformación de la comisión de concertación, el acta de concertación, el informe que emiten y la resolución administrativa de adjudicación tiene la misma fecha del 11 de julio de 2008; La comisión de calificación no hizo una correcta valoración de la documentación de acuerdo con los requisitos establecidos a los proponentes; El contrato no cumple con lo establecido en el modelo del Sicoes (Sistema de Contrataciones Estatales); El contrato no tiene firma de abogado ni ha sido protocolizado ante Notaría de Gobierno; No existe documento base de contratación; No existe contratación de supervisor de obra; No existe orden de proceder para el inicio de obra. El consorcio Catler-Uniservice usó información de dos empresas para presentarse al proceso de contratación directa para la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz) y una vez que se le adjudicó la obra, marginó a estas compañías del proyecto. Según ANF, los principales ejecutivos de ARCAN Engineering y de Carlos Caballero SRL señalaron por separado que el consorcio Catler-Uniservice presentó su oferta a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con cotizaciones de ambas compañías y luego las marginó del proyecto. ARCAN Engineering y Carlos Caballero SRL fueron mencionadas como parte del consorcio por el entonces ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, en el informe escrito enviado al Senado en agosto del 2008. En ese reporte, esa cartera de Estado adjuntó los antecedentes y currículum de ambas empresas. En el contrato suscrito el 14 de julio del 2008, sólo firman Santos Ramírez, entonces presidente de YPFB; Miguel O’Connor D’Arlach (Uniservice SRL) y Agustín Melano (Catler), ambos en representación de la Asociación Accidental Catler-Uniservice. Según ANF, las compañías fueron excluidas del proyecto por Catler-Uniservice y reemplazadas por extranjeras: ARCAN Engineering por la estadounidense Gulsby Process Systems —subcontratista para la construcción de una parte de los equipos— y Carlos Caballero SRL por las argentinas SICA y Lito Gonella. “No somos socios (de Catler-Uniservice)… Nos usaron los antecedentes de ARCAN. Les dimos la cotización, antecedentes y los incorporaron en su propuesta”, declaró Hugo Lizzo, gerente de ARCAN Engineering, según ANF. El ejecutivo indicó que después de la firma del contrato, estuvo buscando durante tres meses a los ejecutivos de Catler- Uniservice. “Normalmente me decían que estaban viajando. En noviembre, escribí un mail preguntando cómo quedaba (la relación). Jorge O’Connor me dijo que (la ingeniería) la dieron al fabricante de la planta”, puntualizó. Ayer en la noche, el periodista Carlos Valverde presentó en su programa Sin letra chica el correo electrónico enviado por Jorge O’Connor D’Arlach (uno de los representantes del consorcio, que fue asesinado el 27 de enero) a Lizzo. En la misiva, O’Connor D’Arlach le comunicó que se había cerrado el trato con otra compañía (la estadounidense). Carlos Caballero, ejecutivo de la empresa del mismo nombre, explicó a la ANF que después de la firma del contrato con YPFB, la adjudicataria “no ha negociado nunca con nosotros” el suministro de los equipos que debía proveer la firma. “Después del inicio (de obras) y la firma del acta no tuve ningún contacto”. Agregó que el mismo 14 de julio se acercó al argentino Melano diciéndole: “Agustín, tengo las reservas hechas”. Pero la respuesta fue no. Ayer, el nuevo presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, confirmó que la empresa estadounidense Gulsby Process Systems es subcontratista y no socia de Catler-Uniservice. En el informe escrito enviado por Carlos Villegas en respuesta a la Cámara de Senadores en agosto del 2008, se da cuenta de que “la experiencia de la sociedad accidental (Catler-Uniservice) se apoya en la sociedad Gulsby”. La credibilidad y solvencia del consorcio fueron puestos en duda tras el caso de corrupción en YPFB destapado con la muerte de Jorge O’Connor D’Arlach. La comisión viaja a dos países La comisión del Ejecutivo que investiga los hechos de corrupción en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) viajó a EEUU e irá a Argentina para verificar el avance de la fabricación de los equipos para la planta separadora de líquidos en Río Grande (oriente). El presidente interino de la estatal petrolera, Carlos Villegas, brindó esta información ayer, tras haber presentado sus declaraciones ante la Fiscalía. La autoridad precisó que la comisión, conformada por representantes de YPFB y del Ministerio de Defensa Legal del Estado, se encuentra en Houston, Texas (EEUU) —sede de la empresa subcontratista Gulsby Process Systems— para verificar la evolución del trabajo. “Es un primer viaje de verificación de avance de estas obras”, señaló. Además, una nota de prensa del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción da cuenta de que “se están haciendo gestiones en Santa Fe, Argentina, para que se realice el mismo trabajo”. En ese país están las otras dos empresas (SICA y Gonella) que construyen los equipos. En Argentina las obras de construcción de los implementos de almacenamiento para la planta de extracción de líquidos en Río Grande, por lo cual se contrató a dos empresas siderúrgicas de ese país, Lito Gonella y SICA, son pagadas directamente por YPFB, confirmó un funcionario de una de estas empresas. Carlos Bordi, de la compañía Lito Gonella, desde Santa Fe (Argentina) vía teléfono aclaró que si bien el contrato fue suscrito entre su empresa y Catler, el pago por los trabajos lo efectúa directamente YPFB. “Catler es una especie de intermediario, porque los pagos los recibimos nosotros de parte de Yacimientos. El que paga esta obra es Yacimientos, a nosotros, a SICA, a los americanos, a quien sea. Catler debe tener su contrato con YPFB, pero a los proveedores, a los subcontratistas les paga Yacimientos”, remarcó Bordi. La información confirma las críticas que han expresado diversos especialistas en hidrocarburos, que observan que un contrato millonario ($us 86,35 millones) haya sido adjudicado a un consorcio pequeño, el cual se ha visto obligado a subcontratar empresas más grandes para que realicen los trabajos de mayor envergadura. Son estas dos empresas siderúrgicas argentinas y la Gulsby, de EEUU, las que tendrán el peso de construir toda la planta. Por otra parte, Lito Gonella sigue avanzando en la construcción de los 35 tanques cisterna, 14 tanques fijos para almacenar GLP y dos tanques para gasolina, pues hasta el momento no han recibido ninguna instrucción para parar las obras de parte de alguna autoridad de YPFB o del Gobierno boliviano. Mientras tanto, no fue posible conocer el avance que está haciendo la empresa SICA en la construcción de 25 tanques semirremolque. Desde la empresa se pidió que se envíe una solicitud escrita. Asimismo, el ministro Carlos Villegas informó de que hoy llega una comisión de YPFB que viajó a Houston (EEUU), que se trasladó para verificar el avance de obra de la empresa Gulsby. Inmediatamente esta comitiva se desplazará a Argentina con el mismo fin.

LAS PERSONAS: El abogado de Miguel O’Connor D’Arlach, Iván Alemán, explicó que el martes el fiscal Mollinedo le informó que su representado se encuentra también bajo investigación. En torno a las interrogantes planteadas por la Ministra, Alemán reiteró que el socio de la empresa contratista no conocía siquiera que su hermano mayor había previsto retirar esa suma de dinero. “Miguel reside en Tarija y Jorge vivía, junto con su familia, en Santa Cruz. Ambos decidieron reunirse en La Paz ese martes, porque a las once de la mañana debían contratar a un ingeniero para reforzar su empresa”. El jurista refirió que su cliente llegó a La Paz el lunes 26, un día antes del atraco, y ese martes se encontró muy temprano con su hermano en un céntrico hotel. “Mientras conversaban, Jorge le pidió que lo acompañara al Banco Unión, pues al hotel habían llegado dos personas más. Miguel subió a un vehículo, del que sólo se bajó para ayudar a levantar el cuerpo herido de su hermano. Al banco entraron tres personas y Miguel permaneció dentro del auto”. “Incluso, Miguel no sabía a qué iban a Miraflores. No sabía que él, Jorge y Mario Cossío Galem llevaban 450.000 dólares en dos maletines y durante el asalto, las cosas ocurrieron tan rápidamente que no tuvo tiempo para reaccionar”. Alemán indicó que Miguel O’Connor D’Arlach está plenamente dispuesto a colaborar con la investigación que efectúa la Fiscalía. Los otros presuntos responsables Linnet Schlint Ontiveros Comisión calificadora Estuvo al cargo de la comisión que evaluó e hizo la precalificación de las propuestas para el proyecto. Esther Carmona Directora Jurídica YPFB Es la persona que debió asesorar al presidente de la estatal en el cumplimiento de las normas. Julio Anagua Comisión calificadora Estuvo al cargo de la comisión que evaluó e hizo la precalificación de las propuestas para el proyecto. Daniel Álvarez Comisión calificadora Estuvo al cargo de la comisión que evaluó e hizo la precalificación de las propuestas para el proyecto. Javier Guzmán Comisión calificadora Estuvo al cargo de la comisión que evaluó e hizo la precalificación de las propuestas para el proyecto. Diego Argandoña Comisión calificadora Estuvo al cargo de la comisión que evaluó e hizo la precalificación de las propuestas para el proyecto. Marco Antonio Vega Director Administrativo Hizo el análisis técnico-financiero de las propuestas presentadas para el proyecto y recomendó a Catler. Federico Galán Comisión concertadora Hizo el análisis técnico-financiero de las propuestas presentadas para el proyecto y recomendó a Catler. Elizabeth Morales T. Comisión concertadora Hizo el análisis técnico-financiero de las propuestas presentadas para el proyecto y recomendó a Catler. Iván García Coca Comisión concertadora Hizo el análisis técnico-financiero de las propuestas presentadas para el proyecto y recomendó a Catler. Juan Carlos Arellano Ex gerente Planificación Formaba parte del personal jerárquico de YPFB y fue alejado junto con Ramírez el 31 de enero. Richard Aguilera M. Comisión concertadora Hizo el análisis técnico-financiero de las propuestas presentadas para el proyecto y recomendó a Catler.

FRASES: “Espero se haga la investigación correspondiente a Miguel O’Connor, ya que es una pieza fundamental. Él no ha explicado en absoluto por qué razones su hermano tenía $us 450.000 en su poder, en efectivo y con membretes del Banco Unión. O’Connor está en la obligación de aclarar dónde iba ese dinero”, señaló Suxo, luego de entregar los informes y documentos logrados por la comisión del Ejecutivo que investiga el caso de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El fiscal Mollinedo explicó que las investigaciones a Miguel O’Connor D’Arlach ya han comenzado. “Esta persona ya está siendo investigada por el Ministerio Público. Se ha iniciado las investigaciones en contra de este empresario privado, se lo ha citado y ha presentado sus declaraciones informativas, a efecto de establecer su grado de participación y responsabilidades en los ilícitos que se están investigando”, señaló Mollinedo.

http://www.la-razon.com/versiones/20090212_006636/nota_249_762056.htm http://www.laprensa.com.bo/noticias/12-02-09/12_02_09_segu5.php http://www.la-razon.com/versiones/20090212_006636/nota_249_762054.htm http://www.elmundo.com.bo/Secundarianew.asp?edicion=12/02/2009&Tipo=Nacional&Cod=8579 http://www.laprensa.com.bo/noticias/12-02-09/12_02_09_segu3.php http://www.la-razon.com/versiones/20090212_006636/nota_249_762062.htm http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-02-12/vernotanacional.php?id=090211223459

Febrero 11, año 2009. Miércoles

LOS HECHOS: Eran las 19:40 y después de una espera que duró todo el día, el fiscal Edward Mollinedo, salió de su oficina y comunicó: “la Fiscalía ha determinado la aprehensión del señor Santos Ramírez, todo conforme a procedimiento y de acuerdo a los antecedentes que se tienen”, fueron las únicas palabras que mencionó la autoridad. Media hora más tarde, una vagoneta del Ministerio Público salía de esas oficinas para dirigirse a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen donde supuestamente el ex presidente de la petrolera pasó la noche. La principal acusación que pesa contra el ex presidente de YPFB, es obstaculización en la averiguación de la verdad, pero el abogado defensor Albo Lacaze cree que esta detención se realiza en base a indicios que tiene el Ministerio Público y no a pruebas; por ello, dijo que la detención es ilegal y que será demostrado en la audiencia de medidas cautelares que se realizará hoy. El abogado de Ernesto Córdova, Jorge Borda, dijo ayer que el hermano de su cliente, Fernando, identificó ayer a un teniente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), como una de las personas que supuestamente lo secuestró y golpeó un día después del robo de 450 mil dólares y el asesinato de Jorge O’Connor. Botín: De los 450.000 dóla-res sólo se recuperaron 88.000 en operativos. El Gobierno boliviano garantizó a la estadounidense Gulsby que, llegado el momento, le pagará 35 millones de dólares por la construcción de los equipos para la planta separadora de líquidos, compromiso que debió ser asumido por el consorcio Catler-Uniservice, reveló ayer el senador Wálter Guiteras, miembro de la comisión investigadora. El Estado fue el que abrió la carta de crédito (que garantiza el pago) para Gulsby y no Catler-Uniservice, consorcio que según las investigaciones del Ejecutivo es una empresa que tiene un capital de 800.000 bolivianos y se conformó irregularmente, a tan sólo tres días de la firma del contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). “Se abrió una especie de póliza (carta de crédito) que tenía que abrir la Catler para los proveedores y no la abrió ni Catler ni Uniservice, la ha tenido que abrir el Estado, una carta de crédito de 35 millones de dólares para que vayan haciendo infraestructura de equipamiento. La apertura de carta de crédito debió hacerla Catler y lo ha hecho el Gobierno boliviano”, declaró Guiteras a los medios, tras el informe brindado por el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa. El domingo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitió un comunicado en el que aclara que de los desembolsos que se efectuaron en el fideicomiso creado para financiar la planta, “el más grueso fue de 35 millones de dólares, y se lo realizó el 12 de noviembre del 2008 con la apertura de la carta de crédito para la importación del equipo”. “Según el reporte del Banco Unión, este desembolso se realiza para la apertura de una carta de crédito a nombre de Gulsby PS para la compra de equipo básico de ingeniería y diseño para la Planta de Gas”, añade el documento del Gobierno.

LA INVESTIGACIÓN: El presidente destituido de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, sería poseedor de una cuenta bancaria en Alemania, donde presuntamente guardaría el dinero de los “diezmos” que recibía de anteriores adjudicaciones y proyectos con la estatal petrolera, según afirmaron fuentes vinculadas con la investigación del caso. De acuerdo con la versión de la fuente, el ex presidente de YPFB depositaba el dinero en un banco boliviano (este medio mantiene en reserva el nombre de la entidad bancaria) y luego se realizaría el movimiento del dinero hacia el exterior. “Sólo con un PIN el dinero pasaba a un banco en Costa Rica y luego a Alemania, ahora no recuerdo el nombre de ese banco, pero era así, por eso es que no van a encontrar nada de dinero en esas sus cuentas personales ni en los datos de la Controlaría”, afirmó la fuente. Según la fuente de la pesquisa, Ramírez habría recibido “diezmos” de otras adjudicaciones y proyectos al margen de la que debería presuntamente recibir de la empresa Catler Uniservice la mañana del 27 de enero. “Están varias empresas, gasolineras por ejemplo, porque les alargaba los contratos, también por la compra de vehículos pesados y otros”, afirmó la fuente. El superintendente de Empresas, Rolando Morales, dijo que el ex titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, hizo un contrato con Catler Uniservice, a su medida. Por lo tanto violó normas de la Ley Safco, y se amparo en el Decreto Supremo 29.506 de contratación directa promulgado por el presidente de la República, Evo Morales Aima. En criterio del constitucionalista tarijeño, Sergio Reyes Canedo, la norma es ilegal y anticonstitucional porque autoriza a la petrolera estatal realizar contratación directa de obras, bienes y servicios de consultoría, sin necesidad de convocar a una licitación pública como establecen la Ley Safco y la Ley de Contratación de Obras Bienes y Servicios para la administración pública. Por otra parte, YPFB realizó el desembolso y anticipo de seis millones de dólares a Catler Uniservice, sin verificar el avance de la obra para la construcción de la Planta. “Caso curioso, por que ni siquiera se llegó a designar a un supervisor para fiscalizar la obra”, observó. Otro aspecto, es que la cuarta Adenda del Contrato, señale que en tanto no se realice la contratación del Supervisor de Obra, el contratante podrá autorizar los pagos que requiera el contratista, cosa insólita, apuntó Morales.

LAS PERSONAS: Dos detenidos por el asesinato del ejecutivo de Catler-Uniservice admitieron, por separado, que tenían orden de no disparar contra Jorge O’Connor D’Arlach, salvo en las manos o las piernas, pero el empresario ofreció más resistencia de la originalmente prevista. La versión fue conocida el mismo día de la captura de “Los Rufos”, la banda criminal presuntamente contratada por los hermanos Luis Fernando y Ernesto Vladimir Córdoba Santiváñez. Rufino Rodríguez Coca disparó, con un arma de calibre .38, a unos diez centímetros del rostro de Jorge O’Connor D’Arlach, pues éste había comenzado a gritar mientras se perpetraba el atraco, la mañana del 27 de enero. Balazo: El disparo que mató a O’Connor fue hecho a diez centímetros de la víctima. Herida: El fallecido sufrió la pérdida de los dientes y quemaduras. Desangrado: Así falleció el ejecutivo cuando llegó al Hospital Arco Iris. El Fiscal estudia la posibilidad de imputar por este delito a los primos hermanos Franklin Gonzalo Aramayo Navia Doria Medina y Javier René Navia Doria Medina, pues llegó a establecer que existe “una relación de afinidad” entre ellos y los sindicados de ser los autores intelectuales del golpe, los hermanos Luis Fernando y Ernesto Vladimir Córdoba Santiváñez. Dinero: Yerko Soto Cama-cho y Ariel Carlos Montaño huyeron con el dinero. Consultado sobre el paradero del resto del dinero, el fiscal que integra la comisión especial, Luis Mamani, indicó: “Se presume que habrían salido fuera del país, no olviden que tenemos dos prófugos, Yerko Soto Camacho y Abel Montaño, los mismos que al no estar presentes ni haber comparecido en los tribunales, se presume que estarían en el exterior del país”, afirmó.

FRASES: “Sabemos muy bien que este Gobierno maneja de gran manera una cantidad enorme de Fiscales especialmente en La Paz. Esta mañana (por el martes) escuchaba a Santos Ramírez quien dijo que por Bolivia se iba a inmolar, creo que esto está mostrando un “show” para demostrar que el Movimiento Al Socialismo (MAS) luchará contra la corrupción”, indicó la Diputada del opositor Poder Democrático Social (Podemos), Ninoska Lazarte Según el secretario de Autonomías de la Gobernación cruceña, Carlos Dabdoub, la ley debe cumplirse en todos los campos y si en esta oportunidad se determinó la aprehensión de un supuesto implicado en un hecho de corrupción, ‘debe tener sus razones’. En todo caso, apuntó el funcionario de la Gobernación, habrá que acompañar el proceso judicial para ver cómo avanza y esperar que suceda lo mismo con otros casos similares o mucho más trascendentales. “Ojalá que esto no sea un simple chivo expiatorio”, resaltó. Por su parte, el senador del MAS Ricardo Díaz manifestó que no es el indicado para señalar si está bien o no la determinación judicial. “No somos acusadores y corresponde a otro ámbito lo que suceda con Ramírez”, indicó a propósito de su labor al frente de la comisión congresal que indaga el asunto de la posible corrupción al interior de YPFB.

http://www.jornadanet.com/n.php?a=27786-1 http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_02/nt090211/4_03scd.php http://www.laprensa.com.bo/noticias/11-02-09/11_02_09_segu4.php http://www.la-razon.com/versiones/20090211_006635/nota_249_761404.htm http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_02/nt090211/3_01ecn.php http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-02-11/vernotanacional.php?id=090211005314 http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-02-11/vernotanacional.php?id=090211003319

Febrero 10, año 2009. Martes

LOS HECHOS: El domingo por la noche, la pareja discutió y a la mañana siguiente, anunció que se divorciará. Alrededor de las 17.45 de ayer, Santos Ramírez presentó una demanda de divorcio contra Jiovana Cristina Navia Doria Medina, causa que hoy será sorteada para seguir su curso regular. El superintendente de Empresas, Rolando Morales, calificó ayer como irregular el contrato firmado entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Catler Uniservice, porque la entidad privada tuvo pérdidas de 1.2 millones de bolivianos poco tiempo antes. La autoridad dijo también que otro hecho curioso estuvo en que la supuesta compañía inscribió un capital de 800 mil bolivianos solamente para suscribir acuerdos con el Estado. Los respaldos económicos que presentó la empresa resultan pequeños frente al contrato de 86 millones de dólares que firmó con YPFB para la construcción de una planta separadora de líquidos del gas que Bolivia exporta a Brasil. Por otro lado, el superintendente confirmó que Catler Uniservice fue constituida por dos socios, por lo que resulta raro que se haya logrado formar una asociación accidental con Catler Internacional Corporation, que no tiene referencias establecidas. “Esta mañana el representante nos llamó a la Superintendencia indicando que su abogado, que se encuentra en Santa Cruz, defendería a la empresa por el conflicto con YPFB. Es una buena noticia porque sorprendía que la empresa no se presentó después de las acusaciones tan graves”, añadió la autoridad reguladora.

LA INVESTIGACIÓN: Samuel Guarayo, presidente regional del MAS paceño, refirió que la candidatura de Jiovana Navia a una diputación fue propuesta por dirigentes de las trabajadoras del Plan Nacional de Empleo de Emergencia (Plane). Como representante de mujeres de bajos ingresos, la futura parlamentaria suplente participó activamente en la organización de actos de masas que tuvieron la finalidad de apoyar la candidatura presidencial de Evo Morales. “Hubo concentraciones en el Teatro al Aire Libre y la zona Sur, en la ciudad de La Paz, en las que esta compañera trabajó y esos actos fueron exitosos”. El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez reveló ayer en su declaración a la Fiscalía que la nacionalizada pagó 16,5 millones de dólares al consorcio Catler-Uniservice en seis partidas diferentes, de las que al menos tres fueron respaldadas por pólizas de cumplimiento y no boletas de garantía, según documentos a los que tuvo acceso La Prensa. En el interrogatorio de ayer, al que asistió acompañado por al menos cuatro abogados, el Fiscal le hizo preguntas en términos técnicos sobre el contrato. En la oportunidad, admitió los desembolsos de YPFB a favor de la constructora por 16.508.750,77 dólares “para asegurar los tanques de almacenaje y asegurar la construcción”. A los más de seis meses de la firma del contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Catler- Uniservice no inició el trámite para obtener la licencia ambiental para la instalación de una planta de extracción de licuables (GLP y gasolina) del gas natural en el campo Río Grande, Santa Cruz, violando con ello, según expertos, dos normas bolivianas. El artículo 73 de la Ley de Medio Ambiente dice: “Las actividades hidrocarburíferas realizadas por YPFB y otras empresas, en todas sus fases, deberán contemplar medidas ambientales de prevención y control de contaminación, deforestación, erosión y sedimentación así como de protección de flora y de fauna silvestre, paisaje natural y áreas protegidas. Asimismo, deberán implementarse planes de contingencias para evitar derrames de hidrocarburos y otros productos contaminantes”. El artículo 130 de la Ley de Hidrocarburos agrega que para este fin “los responsables legales de proyectos no exploratorios (como el de Río Grande) deben depositar el equivalente a un 0,5 por ciento del total de la inversión, que en este caso representa 431.758 dólares de los 86,3 millones acordados”. El plazo que tenía la firma era de 30 días para hacer los estudios ambientales que desembocarán en la licencia a partir de que YPFB diera la orden de proceder. El viceministro Ramos advirtió que el trámite dura normalmente seis meses. Del Granado explicó que, por los requisitos que se exigen, estos trámites son extremadamente morosos. ”Es difícil que se haga no solamente la instalación, la construcción, el montaje, sino la puesta en marcha en 340 días si previamente no se tiene la licencia ambiental. No hay posibilidades de acuerdo con la normativa nuestra de proceder al inicio de obras si no se tienen todas las licencias ambientales”. El director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Edmar Galarza, confirmó que el Directorio no autorizó a Santos Ramírez suscribir contrato con la cuestionada empresa Catler-Uniservice, solamente aprobó en general el proyecto y ejecución de la construcción de planta separadora de licuables en Río Grande. Tres directores de YPFB aseguraron, de forma coincidente, que esa máxima instancia de consulta y decisión en la petrolera estatal hasta el momento no conoce de forma oficial y tampoco aprobó el contrato que esa empresa realizó con el consorcio argentino-boliviano Catler Uniservice SRL, para la construcción de la planta de extracción de GLP y gasolina en Río Grande por $us 86,53 millones. El ahora ex presidente, Santos Ramírez, nunca convocó a los directores para pasarles una copia del contrato ni mucho menos para consultarles su aprobación. Raúl Barroso, director en YPFB por la Prefectura de Santa Cruz, Edmar Galarza, representante de Tarija, y Fernando Vincenti, delegado del Ministerio de la Presidencia, confirmaron esta irregularidad. El hecho se produjo, en primera instancia, porque una parte de los directores había cumplido su mandato de dos años el 4 de agosto de 2008, fecha de la última reunión; y por otra parte, porque tampoco Ramírez convocó una nueva cita para ratificar a los que sí podían continuar en el directorio y para que asuman los sucesores. Galarza dijo que Ramírez tuvo oportunidad de hacer conocer el contrato a los directores el 26 de julio y también el 4 de agosto de 2008, cuando hubo reunión con los directores, pero que eso no sucedió. El contrato con Catler Uniservice fue firmado el 14 de julio en un acto público en el que participó el presidente Evo Morales. Barroso denunció que Santos Ramírez incluso un mes antes intentó adjudicar de forma directa y sin licitación el contrato de la planta de GLP en Río Grande, pero que el directorio logró pararlo. Según Barroso, YPFB, al mando de Ramírez, sacó un aviso por la prensa escrita invitando a las empresas pero que solamente se daba dos días para presentar las propuestas. “Lo único que hizo el directorio fue parar una contratación que se quería hacer en menos de 48 horas, y obligar a Santos Ramírez a que lo haga mediante una licitación internacional como correspondía y como manda la ley”, afirmó. Fernando Vincenti dijo que el directorio solamente aprobó el proceso de contratación para las obras en Río Grande y nada más. “Nos enteramos por la prensa de los hechos, no conocimos más nada porque Santos Ramírez no convocó más al directorio, o sea nos desenchufó”, dijo Vincenti. Galarza apuntó que hace diez días, Santos Ramírez, antes de ser destituido, convocó a los directores, pero tampoco les dio el contrato, ni se trató el tema. Por otra parte, el nuevo ministro de Planificación, Noel Aguirre, dijo en La Paz que no hay el otro 50% para terminar con el financiamiento de la planta de GLP en Río Grande. Sostuvo que los $us 45 millones es un fondo de arranque para las obras.

LAS PERSONAS: Hasta hace una semana, Santos Ramírez ocupaba una cómoda vivienda en la avenida Héctor Ormachea, cerca de la calle 16 de Obrajes. Es el inmueble que la empresa reservó para que lo ocupe su presidente, cuando éste no reside habitualmente en la ciudad de La Paz. La familia Ramírez-Navia habitó esa casa hasta unos días después de ser destituido por instrucción del presidente Evo Morales. A partir de ese momento, el matrimonio se instaló en un departamento perteneciente a una sobrina de la ex autoridad ubicado en un modesto edificio de la calle 4 de Pampahasi. Se trata de una sencilla construcción de tres plantas. El investigado ocupa la segunda planta. La fachada es de ladrillo, como en todas las laderas, y las ventanas son de perfiles de fierro. La abogada María Teresa Montaño informó que su representada Jiovana Cristina Navia Doria Medina abandonará ese inmueble después de recibir la demanda de divorcio de su todavía esposo, Santos Ramírez.

FRASES: “Yo quiero pedirle perdón a quien ha sido mi compañera hasta hoy, he tomado esta decisión por las conexiones que se hacen con Santos Ramírez a los hermanos de mi esposa. Quién sabe que no era el momento de casarme el 6 de enero”. “Recuerdo que hemos autorizado para que se pueda implementar una planta separadora de líquidos en Río Grande y la otra en la provincia Gran Chaco para que se hagan estudios y ejecución del proyecto, pero para un contrato con una empresa específica (Uniservice), nuevamente el Directorio no la hizo”.

http://www.laprensa.com.bo/noticias/10-02-09/10_02_09_segu1.php http://www.laprensa.com.bo/noticias/10-02-09/10_02_09_segu2.php http://www.laprensa.com.bo/noticias/10-02-09/10_02_09_segu3.php http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-02-10/vernotaeconomia.php?id=090210001328 http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_02/nt090210/3_06ecn.php http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_02/nt090210/3_02ecn.php http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_02/nt090210/4_01scd.php http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_02/nt090210/4_03scd.php

Febrero 09, año 2009. Lunes

LOS HECHOS: La Contraloría ordenó su procesamiento el 2005 El ex presidente de YPFB estuvo involucrado en cuatro casos irregulares. Tinguipaya • Fue denunciado por tráfico de influencias, pues cuando era diputado, el 2002, su empresa Viedsa SRL se adjudicó la construcción de dos polideportivos y un centro de capacitación del municipio de Tinguipaya, en Potosí. La Contraloría encontró indicios de responsabilidad penal en Ramírez, pues de acuerdo con la Constitución vigente en ese entonces estaba prohibido que senadores y diputados adquieran concesiones del?Estado, con la sanción de pérdida de mandato. Visas chinas • El caso se denunció el 2006. Acusaron a Ramírez de solicitar a la Cancillería visas para el ingreso de chinos al país. Según la Fiscalía, había una red que se encargaba de traficar con personas y que tenía vinculación con legisladores. El caso fue archivado y se volvió a abrir. Venta de avales • Salió a la luz el 2007, luego de que apareció un recibo de mil dólares que presuntamente cobró Alejandro Rodríguez de Jorge Sánchez, para garantizarle un puesto en el Instituto Nacional de Estadística. Aunque la firma del senador no aparece en el documento, se menciona su nombre como garante de las condiciones laborales. Ramírez negó vinculación con el caso. Luego se hizo una investigación en el MAS, de donde era dirigente, y se lo absolvió de responsabilidad. Narco asesor • El hecho ocurrió el 2006, cuando Freddy Terceros Cortez fue detenido con 3,3 kilos de cocaína que intentaba llevar a España.?En su poder tenía una carta de recomendación del entonces presidente del Senado, Santos Ramírez, quien negó conocer sus actividades.

LA INVESTIGACIÓN: El Ministerio de Hacienda desembolsó $us 45 millones del Tesoro General de la Nación (TGN) para un contrato de categoría privada, que YPFB firmó con la empresa argentino boliviana Catler Uniservice para la construcción de la planta de separación de líquidos en el campo Río Grande, en Santa Cruz, transfiriendo el monto al fideicomiso del Banco Unión. El incumplimiento de la protocolización deja el documento, firmado el 14 de julio, en calidad de “contrato entre partes de dominio privado, pero para sentir sus efectos posteriores tiene que ser un documento público a través del notario”, explicó la notaria de Gobierno, Ivana Rodríguez. Por otro lado, el escándalo de la presunta corrupción en YPFB, donde se vio envuelto su titular Santos Ramírez, fue el factor determinante para que Saúl Ávalos sea alejado del cargo de ministro de Hidrocarburos. La Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de YPFB incumplió el artículo 35 del Decreto Supremo 29190, fechado el 11 de julio de 2007, que establece que cualquier contrato desde Bs 800.000 debe ser protocolizado por la entidad pública contratante en el plazo de diez días hábiles, después de firmado. El representante cruceño del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue cuestionado por no fiscalizar ni hacer seguimiento a las actividades en la estatal petrolera, además de no acelerar soluciones a la recurrente escasez de carburantes en el mercado nacional. • Indican que la actual situación del sector de hidrocarburos es preocupante puesto que la producción de líquidos es menor. El escándalo en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la ausencia de una política energética y la falta de experiencia de profesionales en el sector hidrocarburífero son obstáculos que van ha tener que ser encarados por el nuevo Ministro de Hidrocarburos y Energía, Óscar Coca, ex titular de la cartera de Servicios, Obras Públicas y Vivienda Social. El 2008 la inversión alcanzó un poco más de los 300 millones de dólares, para este año se anuncia una inyección de capital de 1.000 millones de dólares por parte de YPFB, cuya entidad estatal recibirá un crédito del Banco Central de Bolivia (BCB). Para Bernard Inch, analista económico, uno de los problemas que tendrá que enfrentar el nuevo titular de Hidrocarburos será la corrupción al interior de las empresas estatales. La designación de Coca responde a una desesperación del presidente Morales en salvar el descalabro moral y financiero en la cual YPFB se debatió en los últimos meses. Sin embargo, sostiene que el nombramiento de Óscar Coca, como ministro en la cartera de Hidrocarburos, fue una de las decisiones más acertadas del presidente Evo Morales, y considera que este ministerio es uno de los más inestables desde el inicio de gestión de Morales, donde a la fecha, son cinco personas que pasaron. “Bolivia es importante para la región”, pero los desaciertos del gobierno en materia hidrocarburífera ponen en riesgo los mercados regionales, cuyos países empezaron a importar LNG de países productores de gas. Por su parte, el nuevo ministro de Hidrocarburos y Energía anunció un plan de correcciones a las previsiones de inversión privada en la industria petrolera boliviana. “Estamos partiendo de una situación en la que las empresas, los años anteriores, no han hecho las inversiones necesarias y, hoy estamos, pues, con los efectos de aquello”.

LAS PERSONAS: Ramírez tiene 46 años, nació en Caiza D, Potosí, es maestro rural y abogado. Se casó por primera vez con su paisana y colega María Olmos, con quien tiene tres hijos. Hace apenas unas semanas contrajo un nuevo matrimonio con la diputada suplente, Jiovanna Navía?Doria Medina, involucrada también en la denuncia. El potosino Santos Ramírez Valverde comenzó su vida política en 1995, cuando se postuló y logró ser concejal suplente de René Joaquino en la Alcaldía de Potosí, por el partido Eje de Convergencia Patriótica o Eje Pachakuti. Joaquino, quien actualmente es alcalde de la capital de la Villa Imperial, cuenta que conoció a Ramírez en la universidad, cuando ambos estudiaban Derecho y empezaban su vida política. “Incluso presentamos una monografía del nuevo hombre político en la facultad de Derecho… tenía que ser un apostolado de la política, tenía que ser honesto, entonces veíamos la política como algo sagrado”, recordó. La relación entre Joaquino y Ramírez se mantuvo hasta 1997, cuando el Concejo Municipal designó a Joaquino como alcalde y Ramírez asumió la titularidad de la concejalía, desde 1997 hasta 1999. En ese periodo Ramírez fue incluso presidente del Concejo. Concejal municipal • En 1995 fue electo concejal suplente de René Joaquino por el Eje Pachakuti. En 1997 asumió la titularidad del cargo y luego fue presidente del Concejo Municipal de Potosí con el apoyo del MNR y el MIR, según Joaquino. En 1999 se postuló como candidato a Alcalde por el MAS y perdió. Diputado • El 2002 fue electo diputado por Potosí con el MAS. El 2003-2004 fue secretario del Comité de Política Monetaria de Diputados. Luego, en las legislaturas 2004-2005, 2005-2006 fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Senador • En diciembre del 2005 fue electo senador por Potosí con el MAS. Asumió su curul el 2006 y fue nombrado presidente del Senado, cargo que ocupó por un año. El 2007 no logró el control de esa Cámara y se hizo jefe de la bancada masista. El 2008 renunció a su curul para ser presidente de YPFB. Presidente interino de la República en dos oportunidades, ya que Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera salieron del país al mismo tiempo para asistir a reuniones en el exterior. En julio del 2006 reemplazó al Presidente por 30 horas y, durante ese lapso, promulgó siete leyes, según recuento de la periodista Florencia Abbate. Dirección política • Fue dirigente del MAS y, como tal, organizó los ampliados de las direcciones departamentales para renovar a la dirigencia y estructurar al partido. Además fue el principal operador político en la?Asamblea Constituyente. Habían pasado apenas 20 días desde que Santos Ramírez Valverde se casó con su compañera de partido, la diputada suplente Jiovanna Navía Doria Medina, cuando un asesinato interrumpió su luna de miel. El empresario petrolero Jorge O’Connor murió de un disparo en una casa de la calle Tejada Sorzano, crimen en el que están involucrados los familiares de su flamante señora Ramírez. De paso, esa muerte violenta seguida del robo de 450.000 dólares reveló una vinculación con hechos de corrupción en la estatal YPFB, de la que Santos Ramírez era presidente. Cuando el hombre del MAS era presidente del Senado, el 2006, estaba casado con su primera esposa, María Olmos, una maestra rural de Caiza D, con la que tiene tres hijos. Los allegados a Ramírez afirman que en ese período conoció a Navía, de quien se enamoró y recibió apoyó en las tareas de la Constituyente. “Ella siempre llegaba un día antes y preparaba las reuniones de Ramírez con nosotros”, en Sucre, recordó una asambleísta. Después de 28 años de matrimonio con Olmos, Ramírez se divorció el 2008. Casi de inmediato se casó con Navía, el 6 de enero del 2009. La boda se celebró en Caiza D;?varios medios informaron que Evo Morales fue el padrino, pero fuentes allegadas a Ramírez y al MAS aseguran que el Presidente de la República no participó en el matrimonio. La propia Navía asegura que la ceremonia fue familiar, “ha ido mi familia y la familia de él (Santos)”. Los masistas iniciaron una investigación en el partido para determinar quién puso en la lista de candidatos a diputados a Jiovanna Navía Doria Medina. En la primera nómina que se presentó ante la Corte Nacional Electoral (CNE) para las elecciones del 2005, la postulante era otra persona. El primer vicepresidente de la Cámara de Diputados y fundador del MAS, Hilario Callisaya, dijo que “por decisión de las bases la candidata era la compañera Patricia Mancilla”; pero, en la presentación de las segundas listas apareció el nombre de Navía en lugar de Mancilla.

FRASES: “Él ha hecho un gran aporte con la nueva Ley de Hidrocarburos, era el más relacionado con el Presidente, por eso es que nosotros considerábamos a Santos Ramírez uno de los segundos hombres en Bolivia”, afirmó el primer vicepresidente de la Cámara de Diputados y fundador del MAS, Hilario Callisaya. “Me resisto a creer, a pesar de todo lo que informan”, señaló un parlamentario potosino. “No puedo creer que él esté metido en esto… Puede que nuestro compañero haya sido utilizado para que caiga, porque después del 2015, ¿a quién tenemos? Nosotros pensábamos que era nuestro segundo hombre”, reveló Callisaya con lágrimas en los ojos. “El trabajo más importante que ha hecho (Santos Ramírez) y no hay que desmerecerlo, es cuando era diputado y junto a su técnico (Guillermo) Aruquipa elaboró la nueva Ley de Hidrocarburos”, afirmó el senador Lino Villca. “Tiene gente en todas las instituciones del?Estado”, señaló una fuente que trabajó con él.

http://www.la-razon.com/versiones/20090209_006633/nota_273_760099.htm http://www.la-razon.com/versiones/20090209_006633/nota_273_760098.htm http://www.la-razon.com/versiones/20090209_006633/nota_273_760101.htm http://www.la-razon.com/versiones/20090209_006633/nota_273_760100.htm http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-02-09/vernotaeconomia.php?id=090208215313 http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_02/nt090209/3_03ecn.php http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_02/nt090209/3_01ecn.php

Febrero 08, año 2009. Domingo

LOS HECHOS: La cartera de Hidrocarburos fue renovada con el nombramiento de Oscar Coca, que reemplaza a Saúl Ávalos y que se convierte en el cuarto titular del área en tres años. Coca llega en medio del escándalo de corrupción que ha estallado en la estatal Yacimientos Fiscales Petrolíferos Bolivianos (YPFB), cuyo presidente, Santos Ramírez, fue destituido por Morales para ser investigado. De acuerdo con la nueva Constitución, promulgada ayer ante miles de personas, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha remodelado hoy su gabinete para conformar un gobierno “plurinacional”, que está integrado por 20 ministros y con el que afrontará su cuarto año de gestión. El representante cruceño del Movimiento al Socialismo (MAS) fue cuestionado por no fiscalizar ni hacer seguimiento a las actividades en la estatal petrolera, además de no acelerar soluciones a la recurrente escasez de carburantes en el mercado nacional.

LA INVESTIGACIÓN: YPFB firmó contratos que dañan al Estado , informó a La Razón la viceministra de Transparencia y Lucha contra Corrupción, Nardi Suxo. El documento establece el pago de 86,3 millones de dólares para la ejecución de dicha obra. Según el nuevo presidente interino de YPFB, Carlos Villegas, ya se desembolsaron 38 millones de dólares. Suxo recordó que se estableció incumplimiento de deberes, debido a que el contrato suscrito debió ser protocolizado y enviado (una copia) a la Contraloría General de la República (CGR). Procedimientos que en la gestión de Ramírez se omitieron.

LAS PERSONAS: La banda de Rufino Rodríguez Coca, “El Rufino”, jamás llegó a sentarse en el banquillo de los acusados a causa de una cadena de falencias en las que incurrió el fiscal del caso Irving Avendaño, a pesar de que el 5 de noviembre de 2007 presentó la imputación contra cinco miembros de la banda por robo agravado, según el expediente 2923/2006. Las irregularidades salieron a la luz el 13 de septiembre de 2007, en la audiencia de cesación de la detención en el Tribunal Cuarto de la jueza Vivían Enríquez, en la que el fiscal dijo que no había oposición a la solicitud de detención preventiva y se limitó a pedir una fianza de 50 mil bolivianos, que luego rebajó a 30 mil bolivianos, según la misma fuente. La banda, excepto Franz Rodríguez Caero que fue el primer detenido en el caso O’Connor, debía ir a juicio oral en octubre de 2008 y luego en diciembre. Sin embargo, la desaparición de dos de los implicados: Ariel Montaño y Marcelino Valencia, dejaron de presentarse ante el Ministerio Público. Ante su desaparición correspondía citarlos por edicto por un medio local, pero, el fiscal arguyó falta de recursos. Un grupo de jueces tramitó recursos ante el Consejo de la Judicatura pero el pedido no prosperó. Así, pasaron 24 meses y el juicio no se celebró. En una última audiencia en diciembre de 2008 la Sala Penal Tercera, para tratar las medidas cautelares, expresó: “es evidente la negligencia del fiscal en el cumplimiento de la tramitación de la causa que han incidido en la dilación procesal”. Actualmente, el caso corre el riesgo de extinguirse y su defensa ha presentado un recurso de casación. A ello se añade que muchos de los antecedentes delictivos del “Rufino” y su banda han desaparecido de los archivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. Con la detención de la pareja de “El Rufino” Verónica Mamani se relacionó el caso de tráfico de armas, detectado el 9 de julio en el retén de Bulo Bulo. Umopar en un operativo decomisó cuatro cajas que contenían armamento, presumiblemente militar, que estaba siendo trasladado a la ciudad de Santa Cruz. Cuando los uniformados procedieron a realizar la requisa se percataron de la existencia de cuatro cajas en cuyo interior hallaron varias armas de grueso calibre. En este caso se atribuyó la carga a una mujer, de quien se elaboró un retrato que guarda semejanza con la esposa de “El Rufino”.

FRASES: Tras las indagaciones que viene realizando, desde el lunes (2), Suxo señaló que se estableció que “hay contratos lesivos al Estado porque se han suscrito contratos que dañan a los recursos del Estado”.

http://www.hidrocarburosbolivia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13932:nuevo-ministro-de-hidrocarburos&catid=15:gobierno-relacionamiento&Itemid=121 http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483915214&id=1 http://www.la-razon.com/versiones/20090208_006632/nota_262_759935.htm http://www.lostiempos.com/noticias/08-02-09/08_02_09_loc9.php

Febrero 07, año 2009. Sábado

LOS HECHOS: Los periodistas y camarógrafos de diferentes medios de comunicación fueron agredidos ayer por personas seguidoras de Santos Ramírez, quienes estuvieron tanto en la mañana como en la tarde para acompañar al ex presidente de YPFB en sus declaraciones ante la Fiscalía paceña. El diputado masista Gustavo Torrico, líder de los conocidos ‘satucos’, salió ayer en defensa del ex presidente de YPFB Santos Ramírez, y respaldó el contrato que la estatal petrolera firmó con Catler Uniservice para la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz. El ahora presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aseguró que no es el único defensor de Ramírez. “En el tema del dinero que se pagó a Catler, ($us 38 millones), que se depositó en un banco extranjero y que tiene un acuerdo con el Banco Unión, se hizo porque la fábrica que se encuentra en EEUU necesita la certeza de que al concluir la obra se le pagará, porque somos conocidos como malos pagadores”, aseveró. Fernando Córdova fue trasladado ayer al mediodía a la cárcel de San Pedro; su abogado buscaba una celda particular para su cliente.

LA INVESTIGACIÓN: Las empresas Catler y Uniservice se fusionaron tres días antes de suscribir el contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande, informó ayer la viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo. La vagoneta Cherooke, de color negro, en el que llegó Jorge O’Connor D’Arlach a la casa de la avenida Tejada Sorzano el día que lo asesinaron, fue encontrada ayer por los fiscales que investigan el caso. “Hemos estado buscando este vehículo desde el día en que ocurrió el hecho. Tenemos información que ha sido trasladado de un lugar a otro”, afirmó el fiscal Edward Mollinedo. El coche con placa de control 1805-UCC, de Santa Cruz, era conducido por Luis Fernando Córdova, uno de los involucrados en el hecho, el día del volteo de 450 mil dólares y el crimen de O’Connor D’Arlach. La fundación Khantati gestionó el año pasado 11 proyectos de vivienda social ante el Viceministerio de Vivienda, según informó ayer el titular de esa repartición, José Lambertín. La autoridad precisó que de los 11 proyectos, siete son para Cochabamba, dos para La Paz y dos para Potosí. Agregó que como representante de los beneficiarios de los proyectos sociales figura Javier René Navía Doria Medina, cuñado del ex presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez. El viceministro Lambertín aseguró que “ninguno de los proyectos ha sido aprobado, y ninguno está en ejecución. No tenemos ninguna relación con estos señores y no les hemos desembolsado ningún recurso (económico)”. Añadió que los proyectos “no han ingresado ni van a ingresar” a la entidad para su revisión.

LAS PERSONAS: Hugo Morales, hermano del presidente Evo Morales; dijo a una red radial que conoció a Córdova en un viaje a Rurrenabaque. “No me acuerdo si fue en 2006 ó 2007, es verdad que me conozco con Córdova, en La Paz apareció como amigo pidiendo entrar a la Aduana, pidiendo ser candidato para las próximas elecciones y de pronto viajé a Rurrenabaque, allá justamente me presenta a un viejito, un viejito con cara conocida, con su bolsita, con su camisita, ese había sido Chito Valle”, afirmó. Mario Arenas Aguado, actual presidente de la empresa YPFB Andina (parte de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos-YPFB), negó ayer haber participado en el proceso de calificación de las empresas para la adjudicación de la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande. El nombre de Mario Arenas figura en el acta de la segunda reunión aclaratoria de la convocatoria, como presidente de la comisión. Arenas indicó que participó en la elaboración del proyecto formulando los pliegos y términos del contrato, pero no fue parte de la comisión calificadora. “No tuve nada que ver en el proceso de licitación, adjudicación ni contratación”. Agregó que dejó su cargo como gerente de GLP en YPFB en junio del 2008. Redacción Santa Cruz “Mis hermanos nunca me contaron su mal accionar” Marco Antonio córdova, diputado de Podemos y hermano de los presuntos autores materiales del asesinato de O´Connor. Hay rumores de que sus hermanos Fernando y Ernesto están metidos en temas de robo de autos, ¿es cierto? No, nunca han estado. Es falso. Pero sí han trabajado en compra y venta de vehículos, ¿no? Nunca han estado en temas de robo de autos, eso es una vil calumnia. No tienen ningún antecedente en cuanto a ese tema. Pero trabajaban en compra y venta de vehículos. Casi unos 15 años. Desde muy jovencitos se dedicaron a eso. ¿Es verdad que hay malestar con usted en Podemos? No sé del senador Wálter Guiteras. Pero, sí tengo apoyo de la bancada. Ellos me han pedido que sea fuerte. Es lamentable cómo se distorsiona. ¿Usted no conocía la actividad de sus hermanos? Es que el vínculo con ellos no era muy cercano. Nos llamábamos de vez en cuando, para ver si habían hablado con mi mamá, ellos nunca me llamaban. El tema de la diputación me apartó mucho. ¿Está confirmado que ustedes son sobrinos del ex presidente de YPFB Santos Ramírez? No, eso es falso. Pero el segundo apellido de su padre es Ramírez. Sí, pero nunca tuve una reunión con él. Relación no, ¿pero acaso no tienen parentesco? Falso, ninguna relación. Mi padre apellida también como Jorge Quiroga Ramírez, pero no por eso nos van a vincular familiarmente. Un día yo le pregunté, y mi padre me aseguró que no teníamos relación alguna con ese señor. ¿Sus hermanos Ernesto y Fernando trabajaban con él? Nunca trabajaron con Santos Ramírez. No sé, tampoco te podría decir han trabajado o no, pero sinceramente nunca me comentaron de su persona. Diputado Córdova, ¿usted habló con sus hermanos últimamente? Hasta ahora no he ido a visitarles, para evitar que se me relacione. Me apena muchísimo su situación, y ojalá la justicia esclarezca el caso, pero las acciones son intuita persona. Mis hermanos nunca me contaron su mal accionar, no lo habría permitido.

FRASES: “Santos Ramírez no tiene ningún conocimiento de las personas que protagonizaron el robo, y en lo que se refiere a las personas que (supuestamente) son sus familiares políticos, no los conoce”, dijo su abogado, Albo Lacaze. El senador Gastón Cornejo dijo que ganó la empresa recién organizada (Catler Uniservice), que tiene reducida experiencia en obras civiles y es totalmente ajena a la industria petroquímica, apenas factura dos millones de dólares al año. Según el legislador, Exterran fue descalificada y tiene una enorme experiencia internacional. En Bolivia entregó en Carrasco (CBBA) la planta Kanata a la empresa Chaco, con eficiente producción de GLP y tiene suficiencia técnica. “Hemos encontrado demasiado desorden, desorden administrativo, desorden de la documentación, desorden que no puede ser aceptable en una institución como es Yacimientos”, declaró Nardi Suxo, viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción a la radio Erbol.

http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-02-07/vernotanacional.php?id=090207000155 http://www.la-razon.com/versiones/20090207_006631/nota_249_759709.htm http://www.la-razon.com/versiones/20090207_006631/nota_249_759718.htm http://www.la-razon.com/versiones/20090207_006631/nota_249_759716.htm http://www.la-razon.com/versiones/20090207_006631/nota_249_759717.htm http://www.la-razon.com/versiones/20090207_006631/nota_249_759714.htm http://www.la-razon.com/versiones/20090207_006631/nota_249_759712.htm

Febrero 06, año 2009. Viernes

LOS HECHOS: El Ministerio Público incluyó a Santos Ramírez en la investigación por el atraco y asesinato del empresario Jorge O’Connor D’Arlach, proceso por el que hoy comparecerá ante la Fiscalía. Entretanto, el presidente de YPFB, Carlos Villegas; el superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, y ex funcionarios de la estatal petrolera fueron citados para el lunes 9 de febrero. La Comisión de Fiscales que investiga los presuntos hechos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), anotará de forma preventiva e hipotecará todas las propiedades de Santos Ramírez y de los demás involucrados en este caso. El responsable de la División Económico Financiero de la Fiscalía de Distrito de La Paz, Edward Mollinedo, dijo que esta decisión tienen por finalidad recuperar el dinero que desembolsó hasta el momento la estatal petrolera a favor de la empresa Catler Uniservice para la instalación de una lanta separadora de líquidos en la población cruceña de Río Grande. El ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, reveló que el consorcio Catler Uniservice ya recibió alrededor de $us 35 millones, para iniciar las obras de construcción de la planta separadora de líquidos a instalarse en Río Grande, cuyo costo total es de $us 86,35 millones. De esa forma, se desvirtúa que Catler haya recibido solamente $us 8,6 millones como anticipo para que efectúe esta obra, tal como el Ejecutivo informó con anterioridad. “Son 45 millones de dólares que el Tesoro (General de la Nación) pone y el grueso de éste se gastó el año pasado, 35 millones, no conozco los pormenores de qué cosas se están comprando, solamente tengo la información de la apertura de la carta de crédito por 35 millones de dólares” afirmó a la agencia estatal de noticias ABI, al indicar que ese dinero se desembolsó en noviembre de 2008.

LA INVESTIGACIÓN: La investigación da indicios que los 450 mil dólares que le fueron robados el martes 27 de enero eran para la Fundación Khantati, dirigida por los parientes políticos de Santos Ramírez, quien además sería su propietario. En la Notaría de Gobierno de la Prefectura de La Paz aseguran tener la documentación que certificaría una relación entre esa organización privada y el ex presidente de la estatal petrolera. El ex constituyente Emilio Gutiérrez (UN), quien se alió al MAS para promover el Sí a la Constitución Política del Estado, también aseguró a la agencia alemana DPA que el ex titular de Yacimientos, en sociedad con su esposa, la diputada Giovanna Navia, y otros parlamentarios del MAS están a cargo de la Fundación Khantati que se dedica a construir viviendas sociales. Tras los hechos luctuosos y lamentar lo ocurrido, Javier Navia Doria Medina aseguró a un periodista de La Prensa que el dinero “era para la Fundación”. Al día siguiente, de boca de esa misma persona, este periódico conoció que se trataba de la Fundación Khantati, ubicada en el edificio Ballivián. La Prensa acudió a ese lugar en más de tres ocasiones. En el piso 10, oficina 8, sólo hay un letrero con la inscripción Fundación Khantati. Al tocar, nadie atiende el llamado. Según Marcelo Ugarte, abogado de uno de los hermanos de la pareja de Ramírez, Javier Navia Doria Medina y de su primo, Gonzalo Aramayo, ambos forman parte de Khantati. El primero es presidente y el segundo integra el Directorio. Explicó que esa institución privada se encarga de preparar las carpetas de los proyectos para que después puedan ser objeto de alguna licitación. Dijo que desde 2007, año en que comenzó a operar, ya realizaron entre cinco a siete proyectos en las ciudades de Cochabamba, El Alto y otras poblaciones del altiplano paceño y que las mismas están registradas en el Viceministerio de Vivienda. El viceministro de Vivienda, José Antonio Lambertín, aseguró a Cadena A, que Khantati no figura en los planes de vivienda social. Esa organización, según datos de ese medio televisivo, fue constituida en Potosí. Según Marcelo Ugarte, abogado de Javier Navia Doria Medina y de su primo, Gonzalo Aramayo, la versión de Ugarte, el 27 de enero, día en que O”Connor fue victimado y asaltado, éste debía sostener una reunión con sus defendidos, en el domicilio de este último para “obtener una información que tiene que ver con proyectos de vivienda”. Según el abogado, precisamente en la computadora que fue secuestrada en el allanamiento de la casa de Aramayo, llevada adelante el pasado martes, están los datos informáticos de los proyectos de vivienda. Dijo que el computador servirá para contrastar la declaración de su cliente y se constituirá en los elementos probatorios correspondientes. Afirmó que sus defendidos desconocían que O”Connor llevaba consigo dinero en efectivo e insistió en que “lo que se tenía que hacer era una transferencia de información en ese inmueble, pero de dinero absolutamente nada; ellos desconocen siquiera los recursos que estaba manejando el señor”. Según su versión, no era la primera vez que se citaban para hablar sobre ese tema. Las comisiones conformadas por el Ejecutivo para investigar la adjudicación de la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande (Santa Cruz) viajarán a EEUU y Argentina en busca de información oficial sobre las empresas y las obras, informó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y su ex presidente Santos Ramírez cometieron al menos ocho infracciones e irregularidades al suscribir y modificar el contrato con Catler- Uniservice y hacerle desembolsos por 6,8 millones de dólares sin ninguna supervisión a la empresa. La primera omisión fue la de no haber protocolizado el documento ante notario de gobierno en la Prefectura de La Paz, pese a que la estatal había desembolsado 6,8 millones de dólares a favor de la compañía. Este trámite es un requisito para que los contratos firmados por las entidades estatales bolivianas puedan entrar en vigencia. Tras esa acción, el documento debe ser remitido a la Contraloría para su registro. La segunda irregularidad tiene que ver precisamente con el hecho de que el documento no llegó a esa entidad. Este requisito debió cumplirse a los cinco días de haberse suscrito el contrato, pero como no fue así, Ramírez puede ser sujeto de responsabilidad civil, administrativa y penal de acuerdo con lo que dictamine la auditoría iniciada por la Contraloría. La Ley Safco, en su artículo 27, señala que todo contrato suscrito por el Estado o sus instancias dependientes, entre ellas YPFB, debe ser registrado en la Contraloría y protocolizado en la Notaría de Gobierno. Sin embargo, tras la publicación del contrato en la página web de YPFB se pudo verificar que Ramírez vulneró esta obligación tal como se señala en la cláusula séptima, de protocolización del contrato. En ese acápite se instruye: “En caso de que, por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes”. Especialistas del sector señalan que la Ley Safco está por encima y se la debe acatar. La tercera observación se refiere a que el Directorio en pleno de YPFB no llegó a conocer el contenido. Un ex director de la estatal, quien prefirió guardar su nombre en reserva, comentó que el mandato de varios de los miembros feneció en agosto, por lo que la relación contractual con Catler-Uniservice fue avalada sólo por la Presidencia de YPFB. El analista Hugo del Granado opinó que no hubo Directorio durante tres meses y eso ocasionó que la relación con esa sociedad no pudiera ser fiscalizada. Hacienda también perdió esta facultad al haberse aprobado un fideicomiso para que el Tesoro General de la Nación canalizara los 85 millones de dólares a favor de YPFB y pudiera construir la planta de Río Grande. El ministro de Hacienda, Luis Arce, precisó que la norma facultaba la otorgación de sólo 45 millones, de los cuales se desembolsaron 35 millones, y la búsqueda de un crédito para completar el resto. Sin embargo, dijo desconocer en qué gastó YPFB los recursos. A su vez, el Decreto Supremo 29506 dio a YPFB carta blanca para efectuar contrataciones directas, a cuyo amparo convocó la licitación para la construcción de la planta separadora de líquidos e introdujo modificaciones en el contrato. Una sexta irregularidad se desprende de las cuatro adendas introducidas en el contrato original, firmado el 14 de julio. La cuarta adenda, suscrita el 8 de enero de este año, señala que YPFB autorizará los pagos que requiera la compañía sin supervisión. La cláusula tercera dice: “De manera excepcional, hasta tanto se realice la contratación del supervisor de obra, el contratante (YPFB) podrá autorizar los pagos que requiera el contratista (Catler), previo informe escrito de conformidad de la contraparte” (ver cuadros de apoyo). La séptima observación está referida a que la empresa Catler- Uniservice logró que YPFB le aceptara en la segunda adenda la entrega de pólizas en lugar de tres boletas de garantía. La octava irregularidad radica en que la primera boleta de garantía debía ser presentada dentro de los 25 días siguientes a la firma del contrato, pero Catler logró que el día 26 se modificara el plazo hasta que YPFB instruyese el inicio de obras. Un análisis del especialista en hidrocarburos Hugo del Granado concluye que, ante su insolvencia financiera, el consorcio Catler-Uniservice hizo modificar cláusulas relacionadas con lo económico en su contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la construcción de una planta de extracción de licuables en Río Grande, en la provincia Cordillera, Santa Cruz. Según el analista, tres de las cuatro adendas del documento en cuestión tenían la intención de ablandar el requerimiento y otorgarle más tiempo a la compañía contratada para cumplir los requisitos, actitud que demuestra un apuro económico. Del Granado, además, encontró falencias básicas en el contrato, como la existencia de seis personas jurídicas: el contratante, el contratado, la contraparte, la contraparte de la planta, el supervisor de la obra, el gerente y la autoridad competente del contratante. El texto no deja claro si éstos son los mismos o son otros o a cuál de las dos partes representan. Observó además que no incluye la remediación ambiental, es decir, en caso de daños al ambiente, no se señala quién asume la responsabilidad, lo que hace suponer que correría por cuenta de YPFB. Afirmó que estas obras necesitan contar con la licencia respectiva. Desde agosto del 2008, el ex ministro de Hidrocarburos y actual presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) conocía el contrato firmado entre la estatal petrolera y el consorcio Catler-Uniservice, asegura La Razón. El diario accedió a una carta del 26 de agosto del 2008, firmada por el entonces ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, dirigida al presidente Evo Morales. En la nota, Villegas comunica al Mandatario su respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 291/2008, presentada por el senador Carlos D´Arlach, acerca de la adjudicación del proyecto de construcción de una planta de separación de licuables en el país. El documento da cuenta de que el proyecto se adjudicó a la Asociación Universal Catler-Uniservice —conformada por Catler, Gulsby, Uniservice SRL, Arcan Engineering, Carlos Caballero SRL y ENSR Bolivia SRL— por US$ 86,3 millones y que el financiamiento será otorgado por un fideicomiso del Ministerio de Hacienda por US$ 90 millones. La metalúrgica boliviana Carlos Caballero fue marginada por el consorcio ganador de la adjudicación de las obras para construir la planta separadora de líquidos en Río Grande, contratada por YPFB. Según su director y propietario, Carlos Caballero, su compañía tenía que ser subcontratada por Catler Uniservice para construir toda la parte de almacenamiento, es decir tanques fijos y móviles. Esta empresa metalúrgica presentó a cada una de las empresas interesadas en participar de la licitación de YPFB, las mismas cotizaciones de su trabajo. Tanto Catler, Exterran (Hanover) y Equipetrol (las dos primeras estuvieron hasta el final del proceso de licitación), recibieron las cotizaciones de los trabajos previstos por un monto aproximado de $us 15,2 millones. Sin embargo, el consorcio Catler Uniservice luego de adjudicarse las obras y firmar el contrato en acto público el 14 de julio de 2008, al cabo de unos meses hizo a un lado a Carlos Caballero y contrató a las argentinas Gonella y Sica, pese a que la firma nacional tenía preferencia por el Compro Boliviano.

LAS PERSONAS: Los hermanos Ernesto y Luis Fernando Córdoba Santiváñez, imputados como presuntos autores intelectuales del robo de 450.000 dólares y el asesinato del ingeniero Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, se acogieron al derecho al silencio. La viuda y el hermano del gerente de Catler Uniservice, Jorge O’Connor, se hicieron presentes ayer en la Fiscalía de Distrito de La Paz para ratificar la querella criminal contra los presuntos asesinos del empresario tarijeño, a quien victimaron y robaron 450.000 dólares el 27 de enero. Déborah Denegri y Miguel O’Connor acusaron formalmente de ser autores materiales e intelectuales de esos delitos a los hermanos Ernesto y Luis Fernando Córdoba, además de Verónica Mamani, Rufino y Franz Rodríguez; todos ellos con detención preventiva en la cárcel. Pablo Fabián Cossío Cortez, hermano del prefecto de Tarija, Mario Cossío Cortez, no es socio de la empresa Uniservice SRL, según la Escritura de Constitución No 1007/2006 de la mencionada empresa, que tiene sus operaciones en la ciudad de Tarija. El documento señala que los hermanos Miguel y Jorge O’Connor D’Arlach Taborga conformaron la empresa Uniservice SRL (10-VIII-06), con un capital de Bs 800.000. No se observa el nombre de Pablo Fabián Cossío Cortez.

FRASES: “Debo denunciar la facilitación que el gobierno nacional, encabezado por el presidente de la República Evo Morales, hace a este tipo de actos. El Presidente ha firmado los deretos 29506 y 29564. A través del primero , el presidente Morales autoriza a YPFB hacer contrataciones directas de bienes, obras y servicios, sin ningún tipo de licitación. El otro decreto autoriza a YPFB a constituir en fideicomiso una cantidad significativa de recursos del Estado, $us 45 millones, justamente para utilizarlos con destino a este tipo de contrataciones”, afirmó el prefecto de Tarija. Suxo dijo ayer a Erbol que “(la querella) me tiene sin cuidado ese tema.. sus asesores no le informan bien al prefecto” Cossío.

http://www.lostiempos.com/noticias/06-02-09/06_02_09_nac7.php http://www.laprensa.com.bo/noticias/06-02-09/06_02_09_poli1.php http://www.la-razon.com/versiones/20090206_006630/nota_249_759095.htm http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_02/nt090206/4_01scd.php http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-02-06/vernotanacional.php?id=090206015146

Febrero 05, año 2009. Jueves

LOS HECHOS: Javier Cristian Navía Doria Medina, guió al auto en el que se transportó los 450 mil dólares, que supuestamente estaban destinados para el pago de una comisión al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez. A la conclusión de las declaraciones informativas de Navía, la Fiscalía secuestró este vehículo, que es una vagoneta marca Mitsubishi Montero, verde. La afirmación se desprende de las declaraciones informativas de Navía, ante la Comisión Económica y Financiera de Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen FELCC) que investiga el asalto de ese dinero y la muerte del empresario Jorge O´Connor, la semana pasada. El fiscal Edward Mollinedo, fue el encargado de divulgar esta información que confirma la participación de Navía, cuñado de Santos Ramírez, ex presidente de YPFB, en el asalto y muerte de O´Connor. Gonzalo Aramayo, primo de los hermanos Navía, quien presuntamente debía recibir los 450 mil dólares, también declaró ante el Ministerio Público. Aramayo, después de las declaraciones, se negó a hablar ante los medios de comunicación y se molestó por las preguntas sobre el paradero del dinero asaltado. Los miembros de la Comisión Especial de Fiscales, también evadieron las preguntas sobre el paradero de los 360 mil dólares, parte de los 450 mil robados en el atraco.

LA INVESTIGACION: Merced a la querella presentada por el Ministerio Público, la jueza emitió una decena de allanamientos contra las propiedades de los acusados, y desde el lunes se ejecutan los mismos. Primero fue la casa ejecutiva de YPFB donde vivía Santos Ramírez y su esposa, en la zona Sur; luego la casa de Giovanna Navia en la calle Yanacocha y la tercera casa fue donde se produjo el atraco del 27 de febrero en Villa Fátima. Ayer intervenieron la oficina del abogado Julio Salazar en un céntrico edificio, luego la casa de Javier Cristian Navia Doria Medina en la zona de Miraflores y en horas de la noche se tenía previsto intervenir los domicilios de otros sospechosos. Mollinedo afirmó que la ex autoridad de YPFB tiene la calidad de sospechoso. “En realidad, todos los que están declarando lo están haciendo en calidad de sospechosos”, afirmó el fiscal, luego de recibir en sus oficinas a la diputada suplente y esposa de Santos Ramírez, Giovanna Navia. La congresista se acogió a su inmunidad parlamentaria y evitó declarar, pero ‘presentó pruebas de descargo’, dijo su abogada, Teresa Montaño y ante la insistencia de los medios de comunicación, la diputada masista dijo que está dispuesta a colaborar, aunque según su abogada, su ginecólogo le recomendó no someterse a presiones por el alto grado de peligrosidad de su embarazo.

LAS PERSONAS: Desde agosto del 2008, el ex ministro de Hidrocarburos y actual presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) conocía el contrato firmado entre la estatal petrolera y el consorcio Catler-Uniservice. La Razón accedió a una carta del 26 de agosto del 2008, firmada por el entonces ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, dirigida al presidente Evo Morales. En la nota, Villegas comunica al Mandatario su respuesta a la Petición de Informe Escrito N° 291/2008, presentada por el senador Carlos D’Arlach, acerca de la adjudicación del proyecto de construcción de una planta de separación de licuables en el país. El documento da cuenta de que el proyecto se adjudicó a la Asociación Universal Catler-Uniservice —conformada por Catler, Gulsby, Uniservice SRL, Arcan Engineering, Carlos Caballero SRL y ENSR Bolivia SRL— por $us 86,3 millones y que el financiamiento será otorgado por un fideicomiso del Ministerio de Hacienda por $us 90 millones. Sin embargo, Villegas negó ayer tener conocimiento sobre la relación contractual entre YPFB y el consorcio. Lo hizo al declarar ante la comisión especial del Senado que investiga el asesinato del ejecutivo de Catler-Uniservice, Jorge O’Connor D’Arlach, y el volteo de $us 450.000, dinero presuntamente destinado a una coima (comisión ilegal) para el ex presidente de la empresa estatal, Santos Ramírez, por la adjudicación del millonario proyecto. “Lo primero que se nos ha informado, a través de diferentes notas, es que el Ministerio de Hidrocarburos no tenía conocimiento (del acuerdo) y que, por tratarse de una entidad autárquica, no era parte de las diferentes acciones que realizaba YPFB”, dijo ayer el presidente de la comisión, Wálter Guiteras, en una rueda de prensa en la que Carlos Villegas estuvo a su lado. Mientras, Villegas admitió que “el Ministerio (de Hidrocarburos) tiene representantes en el directorio de YPFB”; aunque no dio más detalles al respecto. Agregó que “cuando termine la investigación, les vamos a explicar qué pasó con ese directorio”. El informe presentado por el ex ministro el año pasado señala también que el proyecto para la construcción de la planta se licitó el 24 de mayo del 2008; se adjudicó el 10 de julio y que el contrato con Catler-Uniservice se firmó el 14 de julio de ese año. Mientras el vicepresidente Álvaro García Linera admitió la existencia de corrupción en YPFB, ayer se pudo conocer que el contrato entre la estatal petrolera y la firma Catler Uniservice fue modificado en cuatro oportunidades y la última fue en enero de este año. El objetivo, según se establece en las adendas del contrato al que tuvo acceso EL DEBER, fue flexibilizar las exigencias del documento inicial para posiblemente ‘ayudar’ a Catler en el proceso de construcción de la planta de extracción de licuables en Río Grande (Santa Cruz). Si bien YPFB (contratante) y Catler Uniservice (contratista) firmaron el contrato el 14 de julio de 2008, con la presencia del presidente de la República, Evo Morales, y el entonces ministro de Hidrocarburos Carlos Villegas y representantes de Catler Uniservice, la primera adenda surgió el 8 de agosto de 2008. La contratista solicitó modificar el contrato en lo referente al anticipo, la emisión de boletas bancarias de forma sindicada con otras entidades bancarias y en relación con el plazo de presentación de las mismas. La petición fue aceptada. No conforme con ello, el 15 de octubre, el contratista volvió a solicitar cambios a YPFB para que acepte la presentación de pólizas. Con referencia a la garantía de correcta inversión de anticipo solicitó que se acepte una póliza de garantía para entidades públicas con una cláusula adicional de ejecución a primer requerimiento. El 16 del mismo mes, YPFB lo aceptó y el 17 de octubre se selló que las garantías podían ser una boleta bancaria emitida por el Banco Unión o una póliza de garantía de cumplimiento de contrato. Las garantías que debía presentar Catler serían de $us 23,31 millones. El 24 de noviembre de 2008 surge una tercera adenda, en la que se determina que la supervisión del contrato esté a cargo de una empresa calificada y ya no por un solo profesional calificado. Finalmente, la cuarta adenda se firmó el 8 de enero de 2009, referida a la forma de pago. Esta modificación señala que de manera excepcional, hasta tanto se realice la contratación del supervisor de obra, YPFB podrá autorizar los pagos que requiera Catler, previo informe escrito de la contraparte. Las cuatro adendas establecían que, conforme a ley, debían ser registradas ante la Contraloría General de la República. Las principales modificaciones Primera adenda (08 agosto 2008) – En la cláusula sexta del contrato original, respecto al anticipo, se establecía que: después de ser suscrito el contrato, el contratante entregará al contratista un anticipo del 10% del precio total del contrato, contra entrega de una garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% del monto entregado. El importe del anticipo será descontado proporcionalmente en pagos mensuales, hasta cubrir el monto anticipado. Este punto fue cambiado por: el contratante entregará al contratista un anticipo hasta el 10% del precio total del contrato, en desembolsos parciales de acuerdo con la solicitud del contratista. Asimismo, el contratista contra entrega del anticipo presentará la boleta bancaria. – En la cláusula séptima, se establecía que las garantías de correcta inversión de anticipo y de cumplimiento de contrato serán entregadas en un plazo de 25 días a partir de la suscripción del contrato. Se cambió, por previa presentación de la orden de proceder. Segunda Adenda (17 octubre 2008) – Contempla 13 modificaciones, siendo una de las principales el referido a la garantía de cumplimiento de contrato. El contrato original establecía en la subcláusula 7.2 que Catler está obligada a garantizar la correcta y fiel ejecución del contrato en todas sus partes, con la boleta bancaria emitida por el banco Unión S.A a satisfacción de YPFB de ejecución inmediata renovable e irrevocable, con vigencia hasta el 31 de enero de 2010 a la orden de YPFB por el 7% del precio total del contrato. – Las partes acordaron modificar que se lo haga mediante boleta bancaria o con una póliza de garantía de cumplimiento de contrato de obra para entidades públicas con cláusula adicional de ejecución inmediata, renovable e irrevocable, con vigencia hasta el 31 de enero de 2010 a la orden de YPFB por el 7%. Asimismo, esta póliza tiene que estar reasegurada por una entidad aseguradora del exterior de probada solvencia. Tercera adenda (24 de noviembre) – Cláusula XXIV (Supervisor de obra). YPFB contratará los servicios de un supervisor de obra, profesional calificado con suficiente experiencia en la dirección de trabajos similares, para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de instalación de la planta. El supervisor de obra será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos mediante comunicación escrita dirigida al contratista. Los cambios: el contratante (YPFB) contratará los servicios de un supervisor de obra que será una empresa calificada con suficiente experiencia en la dirección de trabajos similares, para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de instalación de la planta. El supervisor de obra será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante comunicación escrita dirigida al contratista. Mientras se lleve a cabo la contratación, la aprobación de las certificaciones emitidas por el contratista pueden ser aprobadas por la contraparte designada por el presidente de YPFB. Cuarta adenda (08 de enero 2009) – Las partes por mutuo acuerdo han decidido incluir los párrafos siguientes a la cláusula vigesimaséptima del contrato referido a la forma de pago: “De manera excepcional, hasta tanto se realice la contratación del supervisor de obra, el contratante (YPFB) podrá autorizar los pagos que requiera el contratista, previo informe escrito de conformidad de la contraparte. Una vez contratado el supervisor de obra, el mismo se halla obligado a revisar todos los pagos realizados y todo el avance de obra; en caso de existir observaciones del supervisor de obra, el contratista deberá subsanar las mismas a su costo, dentro del plazo establecido por el supervisor de obra”. Este documento fue firmado por el entonces presidente de YPFB Santos Ramírez y los señores Miguel O’Connor D’Arlach Taborga y Agustín Tomás Melano, en representación legal del contratista (Catler Uniservice). La adenda señalaba que conforme a ley, el documento será registrado en la Contraloría, lo cual en los hechos no ocurrió.

FRASES: “El decreto dice que necesariamente (el contrato) tiene que ser protocolizado, hacerse boletas de garantía, hacerse invitaciones. Pero lo estructural, la principal violación es que ni siquiera ha sido aprobado por el directorio. El contrato ha sido firmado directamente entre Santos Ramírez (ex presidente de YPFB) y Catler-Uniservice y no ha sido aprobado por el directorio”, subrayó el senador Guiteras. “Ya hay algunos elementos que nos llevan a pensar que ha habido incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, daño económico al Estado y uso indebido de influencias. Pero todo eso tenemos que documentar”, manifestó la autoridad. “De la revisión de alguna documentación, al parecer se habrían cometido estos hechos, sin embargo una vez que tengamos toda la documentación y el respaldo jurídico, vamos a presentar la denuncia correspondiente”. Por casi tres horas, la comisión del Senado, compuesta por los senadores Wálter Guiteras (Podemos), José Villavicencio (UN), Antonio Peredo (MAS) y Ricardo Díaz (MAS) recibió a puertas cerradas el informe de Suxo. Sobre el particular, el experto Carlos Alberto López y el ex ministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos señalaron que si bien es ‘aceptable’ efectuar cambios a los contratos, lo ideal es no tener varias adendas. “Tiene que haber una razón muy fuerte, muy fundamental para hacer cambios, hay que analizar el contrato en detalle”, indicó Ríos. Por su lado, López aclaró que ningún contrato bien hecho puede tener cuatro adendas. “Definitivamente esto no es normal. Particularmente no conozco caso alguno en el que se hayan efectuado tantas modificaciones y en los plazos en los que se hizo en este caso”, sostuvo. Los partidos de oposición indicaron que el presidente Evo Morales es cómplice de la corrupción, porque promulgó el DS 29506, que autoriza a la estatal a hacer contrataciones directas, violando la ley Safco y la ley de contrataciones.

http://www.eldeber.com.bo/vernotaahora.php?id=090205015829 http://www.la-razon.com/versiones/20090205_006629/nota_249_758522.htm http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_02/nt090205/4_01scd.php http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-02-05/vernotanacional.php?id=090205002750 http://www.la-razon.com/versiones/20090205_006629/nota_249_758525.htm

Febrero 04, año 2009. Miércoles

LOS HECHOS: El Gobierno de Evo Morales no hace público hasta ahora el contrato que firmó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con la cuestionada empresa Catler Uniservice, a pesar de haber intervenido a la estatal petrolera precisamente por presuntas irregularidades en ese documento que tiene que ver con la construcción de una planta separadora de licuables en Río Grande. La Comisión de Fiscales que investiga los supuestos actos de corrupción en YPFB y el asesinado del empresario tarijeño, Jorge O’Connor, allanó el domicilio del ex presidente de la estatal petrolera, Santos Ramírez, y de Gonzalo Aramayo, implicados en este caso y pariente de la esposa del ex senador masista. La Contraloría designó a cinco auditores y dos abogados para establecer las irregularidades cometidas en el proceso de contratación de la empresa Catler Uniservice, que se adjudicó las obras de instalación de una planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz, el pasado 14 de julio del 2008, por un valor de 86.35 millones de dólares, y con un plazo de entrega de 340 días.

LA INVESTIGACION: El periodista Carlos Valverde, durante su programa Sin letra chica emitido el lunes 2 de febrero, reveló que Catler-Uniservice no contaba con las boletas de garantía porque no las tramitó en un banco como correspondía. Tampoco se hizo a través de una empresa aseguradora porque una, de la cual no mencionó el nombre, con residencia en Santa Cruz se negó a emitirla. “Hubo una empresa aseguradora que les pedía los documentos y los requisitos, y los señores (representantes de Catler-Uniservice) no aparecían”. La Prensa se comunicó con Mario Cossío Magalén, representante de la compañía y quien estuvo en las reuniones de explicación de los términos de referencia del contrato con YPFB, contacto que se cortó cuando se intentó hacerle la pregunta. De inmediato, el celular fue apagado. Según la propuesta técnico- económica presentada por Catler-Uniservice para llevar adelante el proyecto de construcción de la planta, la compañía se compromete a presentar las boletas después de adjudicarse la obra. Esto, de acuerdo con los términos de referencia de la licitación, no estaba permitido porque se trataba de requisitos, pero la omisión fue aceptada por YPFB. La primera boleta de garantía que debía presentar la firma era la de seriedad del valor ofertado en la propuesta, equivalente al 2 por ciento del monto total, que en este caso suponía 1,72 millones de dólares. La segunda boleta es la de “buena inversión del anticipo”, por el 20 por ciento, que corresponde a 17,27 millones de dólares. La tercera, de cumplimiento del contrato, es igual al 10 por ciento, es decir, 8,63 millones de dólares. Según los documentos revelados en el programa Sin letra chica, Catler-Uniservice sólo presentó una póliza del 1 por ciento del valor de la obra, es decir, 863.500 dólares. La exigencia de las boletas debió ser rigurosa por parte de YPFB, pero se incumple. En un acta de aclaración del proceso de licitación del 6 de junio de 2008 se hace un recuento de las explicaciones que brindaron a los proponentes el representante de la estatal petrolera Mario Arenas y del ministro de Hidrocarburos, Mario Ávalos. Parte del documento señala: “Igualmente se volvió a plantear el tema de los impuestos, a lo que el Ing. Mario Ávalos indicó que la propuesta debería estar bajo la exención del GAC y el IVA. Y lo mismo se planteó con el tema de la boleta de garantía y si se permite una póliza”. Sin embargo, se aclaró que respecto “de la póliza lo que se solicita es una garantía del precio de oferta y que se ratificaba la misma. El Ing. Mario Ávalos del MHE indicó que esto está circunscrito a la seriedad de la oferta”. No se hizo ninguna solicitud sobre la posibilidad de cambiar este requisito, a diferencia del plazo para presentar las propuestas, cuya ampliación piden. A pesar de no existir boletas de garantía, YPFB incluso desembolsa los primeros pagos a la contratada. Según Ramírez, fueron cuatro o cinco pagos de al menos 6,8 millones de dólares. Estos documentos son el aval por el cual una empresa demuestra su solvencia económica para comprometerse a ejecutar una obra. Con la presentación de este documento, la contratante tiene la seguridad de que, en el caso de fallas o incumplimientos, no se pierda el dinero entregado como anticipo. De acuerdo con la investigación de Valverde, una póliza no requiere un respaldo económico previo que demuestre que la empresa cuenta con un capital y puede responder ante cualquier contingencia. Advirtió que ahora YPFB no podrá recuperar el dinero entregado a Catler -Uniservice. Una fuente del sector contó que los representantes de Catler-Uniservice, en principio, llegaron al país para presentarse a la licitación del diseño de ingeniería de la planta separadora de líquidos de Gran Chaco, que luego fue suspendida. Añadió que buscaban socios bolivianos que pudieran ofrecer las garantías, lo que demostraba el escaso poder económico que tenían para hacerse cargo de una obra de estas dimensiones. Entonces YPFB lanzó la licitación para la planta de Río Grande, que demandaba menor inversión. Debido a las múltiples irregularidades que rodean al contrato y que se comenzaron a revelar luego del asesinato del empresario Jorge O’Connor, el 27 de enero, el Poder Ejecutivo decidió intervenir YPFB y destituir, el pasado sábado, a su presidente Santos Ramírez. El lunes se reveló que no hubo protocolización del contrato a pesar de los desembolsos de 6,8 millones de dólares que se hizo a favor de Catler-Uniservice. Contralor admite que Ramírez no envió contrato y puede ser procesado El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez incumplió la Ley 1178 Safco, que le obligaba a presentar en un plazo de cinco días el contrato con Catler-Uniservice ante la Contraloría General de la República (CGR). Así lo admitió el contralor general, Gabriel Herbas, quien adelantó que esta falta significa responsabilidad ejecutiva de la ex autoridad que podría terminar en civil, administrativa y penal, de acuerdo con lo que determine la auditoría que ayer inició la institución a la petrolera. La autoridad afirmó que en la institución que dirige no se halló ningún documento registrado ni con Catler-Uniservice ni con Uniservice-Catler. “Es una primera constatación”. La Contraloría envió a YPFB a cinco auditores y dos abogados para que inicien la revisión de los documentos. Herbas explicó que en función de los elementos que se encuentren, el proceso se ampliará en segunda instancia a otros contratos de la estatal petrolera. Y en tercera instancia a otras reparticiones del Estado como el Ministerio de Hidrocarburos. Éste debió conocer el contrato porque tiene dos representantes en el Directorio de YPFB. Un fideicomiso le permitió al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez eludir los controles del Ministerio de Hacienda para hacer un seguimiento a la ejecución e inscripción en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de los recursos destinados a impulsar el proyecto de extracción de licuables en Río Grande. El Tesoro General de la Nación (TGN) erogó 85 millones de dólares para que la estatal impulsara la construcción de la planta separadora de líquidos que fue adjudicada al consorcio Catler-Uniservice. Los recursos no aparecen inscritos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2009 y menos los 6,8 millones de dólares desembolsados hasta la fecha para emprender las obras. En la revisión del PGN 2009 se pudo observar que el único proyecto de inversión que tiene inscrito la estatal petrolera es la continuidad de los proyectos de instalación de redes de gas domiciliario. El contrato para la ejecución de la planta separadora de líquidos fue suscrito entre la firma Catler-Uniservice e YPFB el 14 de julio de 2008 en Santa Cruz, en un acto en el que estuvieron presentes el presidente Evo Morales y otras autoridades. Fuentes del sector señalan que el origen de esta omisión se encuentra en el Decreto Supremo 29635, del 29 de noviembre de 2007, mediante el cual se autoriza al Ministerio de Hacienda, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), a suscribir un contrato de fideicomiso con el Banco de Desarrollo Productivo. De esta manera se obligó a esa cartera de Estado a desembolsar 85 millones de dólares para que fuesen canalizados a YPFB. El decreto instruye que “YPFB será el beneficiario de los recursos del fideicomiso, que serán utilizados para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 del Decreto Supremo 28701”, de nacionalización de los hidrocarburos. Según ex autoridades de Hacienda, con la figura de fideicomiso YPFB dejó de tener la obligación como cualquier entidad del sector público de inscribir sus recursos y desembolsos en el Sistema Integrado de Control de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA), donde automáticamente se registran ingresos y gastos, y el Ejecutivo perdió poder de fiscalización. El proyecto de extracción de licuables en Río Grande, que fue adjudicado a Catler-Uniservice, debe ser sometido a una auditoría técnico- económica para determinar si en su ejecución existe o no un sobreprecio del 10 por ciento. El ex director de Comercialización de la Superintendencia de Hidrocarburos Jorge Téllez aseguró que el valor de esta planta, en el peor de los casos, no debería superar los 76 millones de dólares. Esto, tomando en cuenta que la planta de gas de Vuelta Grande, construida hace 20 años, se ejecutó con una inversión de 38,2 millones de dólares. “Asumiendo los costos actuales y el alza que podría haber ocurrido en 20 años, el valor no debería superar los 76 millones, pero se presupuestó un total de 86,3 millones de dólares”. La implementación del proyecto de Vuelta Grande tenía el objetivo de incorporar a la producción nacional mayores volúmenes de líquidos y gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural de exportación. La idea de esta planta, según Téllez, era la de extraer la humedad del gas natural, volverlo seco para reinyectarlo en los gasoductos y recuperar el GLP y los líquidos para ser almacenados y bombeados a las ciudades a través de un oleoducto. El proyecto nace de la necesidad que tenía el país de abastecerse de una mayor oferta de líquidos. Frente a esa urgencia se planteó una disyuntiva: quemar el gas del campo de Vuelta Grande, ventearlo hasta que se disipe en el aire o, en su defecto, reinyectarlo y sólo extraer sus líquidos, que fue la opción que se escogió y se logró impulsar. En una declaración jurada de bienes a la Contraloría, Mario Ángel Cossío Mc Galem aparece como funcionario de la Superintendencia de Hidrocarburos, y en el acta de una reunión con YPFB figura como representante de la empresa Catler Uniservice. Según el documento titulado “Acta de reunión Aclaratoria II sobre la provisión e instalación llave en mano de una planta de extracción de licuables de gas natural a ser instalada en el campo Río Grande, ubicado en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz”, realizada el 5 de junio del 2008, más de un mes antes de la firma del contrato, difundida ayer por el portal hidrocarburosbolivia.com, “una persona de nombre Mario Cossío acompañó al señor Julio Jorge Salazar como representantes de la empresa Catler-Uniservice”. Un extracto del documento, que contiene el acta de un encuentro entre YPFB y varias postulantes a la licitación, indica: ´El señor Miguel Villena C., de la empresa Contreras S.A., efectuó la consulta relativa a la construcción de los tanques de almacenamiento que superan en tiempo los términos elaborados para la construcción de la planta (365 días). Mario Cossío, de la empresa Catler Uniservice, argumentó que para la capacidad solicitada se necesitan aproximadamente 80 tanques para la sección almacenamiento de la planta´. El 20 de noviembre del 2007, Mario Ángel Cossío Mc Galem realizó una declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República. En el portal de esa institución, aparece la Superintendencia de Hidrocarburos como la “entidad a la que pertenece”. En el resumen de la declaración jurada, se señala que tiene un total de bienes (activos) de Bs 600.000, ninguna deuda (pasivos), mientras que su patrimonio neto es de 600.000, y el total de sus rentas es de Bs 11.000. Pese a eso, la Superintendencia de Hidrocarburos insistió en una carta enviada al director de este medio, que Cossío Mc Galem “no tuvo, ni tiene ninguna relación laboral” con esa entidad. En los registros de la Corte Nacional Electoral hay dos inscripciones del ciudadano Mario Cossío. En una que se realizó en Cochabamba, aparece con el apellido “Macgalen”, soltero y estudiante. En otro, realizado en La Paz, como “Galem”, profesional y programador de computación. El tema • A las 10.05 del jueves 5 de junio del 2008, se presentaron en el auditorio de YPFB, piso 10, los interesados de las compañías: Tecna Bolivia S.A.; Carlos Caballero SRL, Hanover Bolivia, Equipetrol-Propac; Ferrostaal; Latt Internacional Group; Catler Uniservice; Aesa; Contreras S.A. y Cryoenergy, para una reunión aclaratoria a la ampliación de la convocatoria emitida por YPFB para la implementación de la planta de extracción y fraccionamiento de licuables, que un mes después se adjudicó Uniservice.

LAS PERSONAS: Villegas sabía del contrato Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) está acosada por denuncias de irregularidades que pueden comprometer a más autoridades. El recién posesionado presidente interino de la estatal, Carlos Villegas, conocía el detalle del contrato entre Yacimientos y la firma argentina Catler-Uniservice cuando él se desempeñó como ministro de Hidrocarburos, en 2008. Según documentos a los que tuvo acceso El Deber, Villegas conocía en ese entonces que la empresa adjudicataria fue Catler-Uniservice, formada por las empresas Catler, Uniservice S.R.L., Arcan Engineering, Carlos Caballero S.R.L. y ENSR Bolivia S.R.L., con domicilio en el barrio Las Palmas de la capital cruceña y que tenía un financiamiento mediante un fideicomiso del Ministerio de Hacienda. Llama la atención que la autoridad respondiera incluso al Senado que la experiencia de esta sociedad accidental se apoyaba exclusivamente en la compañía Gulsby (subcontratada), firma que ejecutó 95 proyectos de construcción de plantas de GLP alrededor del mundo; sin embargo, Catler- Uniservice no tiene proyectos de esta envergadura. Asimismo, Villegas informó que los ejecutivos de la compañía en agosto de 2008 eran Agustín Melano, Jorge O’Connor D’Arlach Taborga y Mario Cossío Magalén y que, en caso de incumplimiento de contrato, existen tres tipos de garantías: de correcta inversión de anticipo, de cumplimiento de contrato y de buena ejecución de obra. El plazo de entrega de la planta es de 340 días a partir del primer desembolso. Villegas no pudo ser contactado porque se encontraba en reuniones con los directores de área de la estatal. Alrededor de las 20.00 de ayer, fuentes gubernamentales anunciaron que hoy se cambiaría al superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, y al presidente de YPFB Andina, Mario Arenas, quien era el titular de la Comisión Técnica de YPFB, que evaluó a las firmas que pugnaron por la adjudicación de la instalación de la planta de Río Grande. También se habla de que Manuel Morales Olivera (ex titular de YPFB) podría asumir el Ministerio de Hidrocarburos. En los tres años de gestión del presidente Evo Morales, los políticos desplazaron a los especialistas en hidrocarburos en la administración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que es una de las empresas estratégicas de su administración gubernamental. Expertos en el área advierten de que el Gobierno carece de personal técnico capacitado para administrar la política energética de Bolivia. El que fue en dos ocasiones ministro de Planificación del Desarrollo, y una vez de Hidrocarburos, Carlos Villegas, es el sexto presidente de YPFB, después de la destitución de Santos Ramírez, como consecuencia de presuntos hechos de corrupción. Antes de Villegas estuvieron al frente de la estatal petrolera Jorge Alvarado, Juan Carlos Ortiz (considerado como el único con perfil técnico), Manuel Morales Olivera, Guillermo Aruquipa y Santos Ramírez. Por el Ministerio de Hidrocarburos, asimismo, pasaron tres autoridades en tres años: Andrés Soliz Rada, Carlos Villegas y actualmente Saúl Ávalos. De acuerdo con las averiguaciones de este matutino, Villegas ingresó a YPFB para cubrir la plaza técnica que quedó acéfala por un conflicto interno, porque no existe otro funcionario “de confianza” que pueda encarar estas labores. El escándalo provocado por la supuesta malversación de fondos públicos se destapó luego del atraco al empresario Jorge O’Connor, lo que reveló varias irregularidades e ineficiencia en la administración de YPFB que se deberían, según especialistas en el área, a la inexperiencia de los políticos masistas que ocuparon los cargos en esa entidad estatal y la Superintendencia de Hidrocarburos. Hasta ahora fueron retirados una cantidad indeterminada de técnicos del sector hidrocarburos a medida que militantes del MAS fueron ganando espacios. El ex director de Comercialización de la Superintendencia de Hidrocarburos de la administración de Soliz Rada, Jorge Téllez, fue echado junto con el superintendente de Hidrocarburos, Víctor Hugo Sainz, después de que el entonces presidente de YPFB, Jorge Alvarado, había firmado un contrato para la exportación de crudo que implicaba un riesgo de un posible daño económico contra el Estado de 38,5 millones de dólares. Ocurrió en 2006. Juan Carlos Ortiz fue el único presidente de Yacimientos con experiencia en el rubro. El Reglamento de la estatal menciona que el presidente de esta entidad debe contar con 10 años de experiencia. Fue desplazado por Morales Olivera, hijo del asesor presidencial Manuel Morales, que no reunía las condiciones para desempeñar ese cargo. Así fueron ingresando a cargos clave hombres de perfil político. Tal es el caso de Guillermo Aruquipa que presidió YPFB y salió por ineficiencia para pasar a la Superintendencia de Hidrocarburos. Su ex edecán, el capitán de Policía Amílcar Soto, fue designado como director distrital de Comercialización de Yacimientos en Santa Cruz. Ambos hombres son del grupo de colaboradores estrechos de Ramírez. Cuando era asambleísta, el ministro Saúl Ávalos trabajó con Ramírez la propuesta sobre hidrocarburos para el cónclave. Su llegada al gabinete fue promovida por éste y por organizaciones sociales. El ex director de Comercialización de la Superintendencia de Hidrocarburos Jorge Téllez dijo que no es una novedad que sucedan irregularidades al interior de YPFB. “No es una situación nueva, desde los primeros meses del Gobierno del MAS indicamos que había un grupo de gente inescrupulosa, ignorante y corrupta que manejaba el sector hidrocarburos. En 2006, en la Superintendencia denunciamos a Jorge Alvarado (ex presidente de YPFB) por un negocio de venta de barriles de petróleo a una empresa brasileña con un saldo en contra de Bolivia de más de 30 millones de dólares”. Santos Ramírez fue destituido de YPFB por irregularidades en un contrato petrolero. Carlos Villegas ingresó a Yacimientos con la misión de “transparentar” la petrolera. Guillermo Aruquipa es colaborador de Santos Ramírez y actual Superintendente del área. Amílcar Soto tiene un cargo jerárquico en YPFB. Antes fue edecán de Aruquipa. Saúl Ávalos reemplazó a Villegas en el Ministerio de Hidrocarburos, es ex constituyente. Falencias El Gobierno del presidente Morales no dispone de especialistas en el área de hidrocarburos. Carlos Villegas aparece como el auténtico “técnico” en el área energética. Esto le convierte como la autoridad que “apaga los incendios” en el tema hidrocarburífero. Dos empresas metalúrgicas argentinas que tienen contratos con Catler Uniservice están siguiendo día a día las noticias que les llega de Bolivia referente al proceso de investigación que ha empezado el Gobierno boliviano, referente a los presuntos casos de corrupción que rodea a la adjudicación del proyecto de construcción de la planta de extracción y fraccionamiento de licuables de Río Grande. Por un lado está Sica, Metalúrgica Argentina SA, que fue contratada por el consorcio Catler Uniservice para la construcción de 25 tanques semirremolque. Esta compañía está ubicada en la localidad de Esperanza, en Santa Fe (Argentina). La misma expectativa tiene la empresa Lito Gonella, que tiene sus instalaciones en Santa Fe y que fue comprometida para construir 35 tanques cisterna, 14 tanques fijos para GLP y dos para almacenar gasolina. Por otra parte, el diario El Tribuno de Salta investigó que Catler Hidrocarburos se inscribió en la Administración Federal de Ingreso Público (AFIP), el 31 de enero de 2007, como una empresa de actividades de servicios relacionados con la extracción de petróleo y gas, excepto de las actividades de prospección. Como titular de esa compañía figura Agustín Melano. Además de ello, la empresa argentina no declara que tenga empleados.

FRASES: “El Gobierno está firme a nivel de cuadros técnicos. Tenemos que tener cada vez mayor preparación técnica para nuestra base humana. Es un aprendizaje importante. Villegas tiene experiencia en el Ministerio de Hidrocarburos y por eso fue designado”. César Navarro Diputado del MAS “El panorama en Yacimientos es oscuro. El presidente Morales está rifando el apoyo del pueblo por los daños al país que están haciendo los miembros de su Gobierno. Deberían capacitar a las autoridades, porque definitivamente ahora se ve incapacidad.” Arturo Murillo Diputado de Unidad Nacional “El Gobierno ha manejado irresponsablemente el tema Yacimientos. Inclusive ha echado mano de sus recursos. Es notable la incapacidad en el Ejecutivo, parece que buscan a la gente que no está capacitada. Si tienen personal capacitado debe estar oculto” Mario Justiniano Diputado del MNR “El MAS concibe las instituciones bolivianas como un espacio para disponer oportunidades de trabajo para su gente. Este experimento del MAS que es la nacionalización sólo ha servido para copar con incapaces los espacios del sector de hidrocarburos”. Antonio Franco Diputado de Podemos “No puedo dar datos sobre las investigaciones, solamente puedo decir que hemos allanado el domicilio de Santos Ramírez el pasado lunes, el domicilio del señor (Gonzalo) Aramayo, en la tarde otras oficinas y vamos a continuar haciendo este tipo de operativos”, informó Mollinedo a Fides.

http://www.elmundo.com.bo/Secundarianew.asp?edicion=04/02/2009&Tipo=Nacional&Cod=8556 http://www.lostiempos.com/noticias/04-02-09/04_02_09_nac8.php http://www.la-razon.com/versiones/20090204_006628/nota_249_757840.htm http://www.laprensa.com.bo/noticias/04-02-09/04_02_09_poli5.php http://www.laprensa.com.bo/noticias/04-02-09/04_02_09_segu1.php http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_02/nt090204/4_11scd.php http://www.elmundo.com.bo/Secundarianew.asp?edicion=04/02/2009&Tipo=Nacional&Cod=8556

Febrero 03, año 2009. Martes

LOS HECHOS: Las primeras acciones se dieron ayer con la semiparalización del proyecto de construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande operado por YPFB Andina; el arresto por más de dos horas de los gerentes de Comercialización Rodrigo Carrasco y de Administración Julio Anagua, la posesión de cuatro nuevas autoridades y el anuncio de despido de medio centenar de funcionarios. Se harán dos auditorías. Por un lado, la viceministra Suxo hará una auditoría para ver cómo se hizo la licitación y la adjudicación a la firma Catler Uniservice y por otro, el Ministerio del área instruyó a Villegas hacer una auditoría administrativa operativa a fin de ver cuál es la situación legal del contrato y sobre todo si está cumpliéndose los plazos de ejecución de la obra. No descartó rescindir contrato. Ayer la viceministra Suxo intervino las oficinas de YPFB junto a 10 notarios que levantaron un inventario de toda la documentación de 2008. Instantes después que la viceministra llegó a YPFB, se hizo presente Ramírez, tras señalar que busca coadyuvar a este proceso de investigación y sugerir que la auditoría sea ejecutada desde 2006. Otra de las ilegalidades observadas fue que YPBF no brindó transparencia, ni rindió cuentas sobre la adjudicación. Por otro lado, ayer el presidente de la empresa Sapsa, Mario Áñez, denunció que el asesor de Ramírez era piloto del avión secuestrado a esa empresa y que sirvió para beneficio particular. Las obras para la edificación y puesta en funcionamiento de la separadora de líquidos en Río Grande (provincia Cordillera de Santa Cruz) planta fueron adjudicadas el 11 de julio de 2008 por un valor total de 86,35 millones de dólares y con un plazo de entrega de 340 días. El 14 de julio se firmó el contrato, pero, a seis meses y medio de ese acto, del que incluso fue testigo el presidente Evo Morales, el documento suscrito, legalmente aún no entró en vigor. Ayer hubos un arduo movimiento desde las 07.00 en oficinas de la petrolera Las dependencias estuvieron más resguardadas por la Policía de lo habitual El nuevo presidente Carlos Villegas se reunió con fiscales toda la jornada Ayer Villegas posesionó a tres nuevos gerentes de YPFB y al viceministro de Planificación. No obstante, dos de ellos responden a la línea de Ramírez. Por su parte, el fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, informó que los gerentes de Administración, Julio Anagua, y de Comercialización, Rodrigo Carrasco, fueron arrestados por dos horas por intentar sacar documentos de YPFB. Por otro lado, ayer el presidente de la empresa Sapsa, Mario Áñez, denunció que el asesor de Ramírez era piloto del avión secuestrado a esa empresa y que sirvió para beneficio particular. El hecho policial salpicó a YPFB debido a que la empresa Catler estaba en el negocio petrolero y que el asalto se llevó en una vivienda que pertenecía al cuñado de la nueva esposa de Santos Ramírez Valverde y que en el retiro del dinero fue acompañado supuestamente por un funcionario de la Superintendencia de Hidrocarburos. Sin embargo, la entidad reguladora aclaró que el supuesto funcionario no forma ni formó parte de la estructura de trabajadores de la institución, como contrariamente aseguran algunos medios de prensa, luego de su plantilla de empleados. Santos Ramírez, dijo, en un breve contacto con la prensa, que la intervención contempla la realización de auditorías internas a varias direcciones desde la gestión del 2006, 2007y 2008, para resolver los problemas técnico financieros de la entidad estatal con el fin de hacer realidad la refundación de la petrolera.

LA INVESTIGACION: El ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, habría recibido dinero de “diezmo” en dos ocasiones previas al martes 27, día en que se suscitó el volteo de 450 mil dólares y el asesinato al empresario Jorge O’Connor D’Arlach, en la puerta de un domicilio en la calle Tejada Sorzano. Al consultarle sobre si Ramírez habría recibido el dinero “en sus propias manos”, la persona contestó: “No, todo era a través de su cuñado o su esposa”. La fuente reveló que Ramírez recibía un diezmo de manos de O’Connor cada vez que YPFB realizaba un desembolso a su empresa. Según esta persona, se efectuaron tres desembolsos desde la firma del contrato, el 14 de julio del 2008 . Ayer, Ramírez dijo que hubo “como cuatro o cinco desembolsos”, y que el último pago a la empresa Catler Uniservice fue de cinco millones de dólares. “Hay montos de 800 mil, de un millón y de cinco millones”, afirmó Ramírez en las puertas de las oficinas de YPFB en La Paz, sin especificar el monto de los demás dos desembolsos. La fuente allegada a los acusados dijo que será “difícil” probar que Ramírez está involucrado en el caso, pues, a su criterio, “ya han hecho desaparecer todo de las oficinas y de las casas”. Acotó que los hermanos Córdova “no tienen nada que ver con el asesinato” del empresario y dijo que podría tratarse de una “trampa” de personas interesadas en la caída de Ramírez, pero que conocían los antecedentes. El proceso de adjudicación de Catler por $us 86,3 millones fue irregular, ya que no se envió el contrato a la Contraloría ni fue protocolizado, a pesar de haberse firmado en julio del pasado año y que la ley establece que el ente fiscalizador debe tener este documento a 10 días como máximo luego de realizado el contrato. Otra de las ilegalidades observadas fue que YPFB no brindó transparencia ni rindió cuentas sobre la adjudicación. Catler Uniservice fue contratada pese a tener sólo Bs 50.000 como patrimonio y carecer de capacidad técnica y laboral. El tema de la sociedad accidental fue observado. Carlos D´Arlach duda de la intervención del gobierno a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y que el único objetivo sería encubrir supuestos actos de corrupción dirigidos por su ex presidente Santos Ramírez. “Aquí hay una gran duda de que si las acciones que está haciendo el gobierno con relación a esclarecer este tema no están orientadas en realidad a tapar este y otros problemas para salvar a cierta gente que le interesa salvar”, señaló D´Arlach. Los diputados y senadores oficialistas cuestionaron la participación de la Viceministra de Transparencia debido a que ésta forma parte del aparato del gobierno, lo que no garantiza una investigación idónea y sin injerencia. El Senador argumentó su temor señalando que cualquier investigación que se realice a YPFB debe efectuarse con absoluta objetividad y transparencia, pero le preocupa que en la intervención de la petrolera nacional participen la “Viceministro (Nardy) Suxo, de que el Contralor (Gabriel Herbas) sea un ex diputado del oficialismo; de que el Superintendente de Hidrocarburos siga siendo el señor (Guillermo) Aruquipa, que siempre ha sido empleado de Santos Ramírez, lo ha sido en el Senado, él lo ha puesto presidente deYacimientos”. Asimismo, D´Arlach señaló que en los últimos años pidió informes sobre una serie de contratos firmados y adquisiciones realizados por la estatal petrolera, que en muchos casos no fueron debidamente informados y que deben ser minuciosamente investigados. El decreto 29506 fue aprobado por el gabinete del presidente Evo Morales el 9 de abril del año pasado, un mes después de que sea posesionado en el cargo el influyente senador del MAS y tenía el objetivo de establecer mecanismos de contratación ágil, eficiente y transparente que respondan a los requerimientos y necesidades de fortalecimiento y reestructuración de la empresa estatal. El artículo 3 del decreto dice” se autoriza a YPFB la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría, para el desarrollo de todas las actividades de la cadena de los hidrocarburos señaladas en los articulos 14 y 31 de la Ley de Hidrocarburos. Esto quiere decir producción exploración, transporte, refinación, comercialización e industrialización. El artículo 2 previamente estipula que esta modalidad “se aplicará a las contrataciones efectuadas por YPFB en todo el territorio nacional ya sea con proponente nacional o extranjero”. Para complementar el decreto 29506 YPFB aprobó la resolución de directorio Nº 23/2008 de 16 de Abril de 2008. En la misma se específica que la estatal podrá fectuar contratacions directas de obras relacionadas a construcción, reconstrucción, demolición, reparación, instalación, ampliación, remodelación, adecuación, restauración, conservación, mantenimiento, modificación o renovación de edificios. Como también de estructuras, carreteras, puentes o instalaciones, instalaciones eléctricas, construcción de plantas y tanques de almacenamiento, plantas, tendido de gasoductos, oleoductos, refinerías, montaje en general, perforación de pozos. Además de servicios generales y financieros, bienes, consultorías y soluciones llave en mano (comprende la contratación de las empresas proponentes que realizaran el proyecto, el diseño, la construcción y la puesta en marcha, de la empresa o planta que será parte de alguna de las empresas delHolding de YPFB o de la casa matriz”. Es con estas facultades según el ex presidente de la estatal y actual senador de PodemosCarlos D´Arlach que se impulsa el proyecto para la construción de la planta separadora de líquidos de Río Grande. Aunque el proyecto se hace a través de una licitación, la norma le daba facultades extraordinarias a la ex autoridad para efectuar cualquier ajuste al proceso de contratación de la firma. Según el legislador el decreto le permitía actuar a Ramirez con “total discrecionalidad” y firmar contratos millonarios. La planta separadora demanda una inversión de 86,3 millones de dólares El ex director de Comercialización de la Superintendencia de Hidrocarburos Jorge Tellez sospecha que en la ejecución podría existir un sobreprecio. Recordó que en 1990 se impulsó el proyecto de Vuelta Grande en Chuquisaca para procesamiento de gas y la planta tenía un costo de 32 millones de dólares. “Asumiendo que en el tiempo se ha duplicado el precio el costo de la planta de Río Grande debería costar a lo mucho 7,6 millones”.Por lo tanto dijo que es razonable pensar que existe un sopreprecio de al menos 10 millones de dólares en la oferta de Catler Service para impulsar el proyecto. El decreto supremo en cuestión agrega que todas las contrataciones, independientemente de su forma, que superen el monto de un millón de dólares) o su equivalente en Bolivianos, de conformidad al artículo número 9 inciso f) del decreto supremo 28324 (Estatutos de YPFB) deberán ser autorizadas por el Directorio en pleno. Uno de sus ex miembros consultado por La Prensa señaló que la gestión de varios directores culminó en agosto por lo que el contrato con Catler Uniservice terminó siendo avalado por la presidencia de YPFB. Es decir sin la fiscalización. La misma fuente señaló que los amplios poderes otorgados a la estatal y su presidente no pudieron ser objetados porque la orden venía desde Palacio y a través de un decreto. Añadió que de estar completo el directorio probablemente el contrato con Catler no hubiese sido avalado por algunas observaciones como la de no tener el respaldo financiero para encarar un proyecto de la envergadura de la planta separadora. La construcción de la planta iba a demandar un presupuesto de 86 millones de dólares, y Catler Uniservice sólo había declarado un capital de 50 mil bolivianos (7 millones de dólares). El Deber informó luego de haber realizado una inspección aérea a la planta que no existe un avance en el proyecto debido a que las obras principales dependen de los queipos que aún estan en fase de construcción en el exterior. Es el caso de las tuberías, los tanques y otros insumos. Un empleado de la firma Catler Service en Argentina de nombre Javier Montes en contacto con La Prensa aseguró que el proyecto tiene un avance del 30 y 40 por ciento en la construcción de los tanques fijos y moviles y otros equipos para la planta. Así se verificó dijo luego de una inspección realizada en Argentina y Estados Unidos donde se fabrican estos insumos que tienen un peso superior a las 4.800 toneladas. Montes señaló que Catler Uniservice es una compañía de Ingeniería que trabaja en conjunto con Gulsbi, firma asentada en Texas, EEUU que ha construido más de 50 plantas iguales o más grande que la de Río Grande.Fuentes del sector señalan que en lugar de darle el contrato a Catler, con la que se debió establecer una relación contractual es con Gulsbi que es la que finalmente levantará la obra. Catler opera desde el bufette de su abogado en Salta, Argentina Catler, la empresa argentina socia de Uniservice opera desde el estudio jurídico de su abogado en la ciudad de Salta. El portal de esta empresa http://www.catlercorp.com da cuatro direcciones internacionales; en Argentina, Brasil, Bolivia y república Dominicana. La de Bolivia es donde funciona Uniservice en Santa Cruz de la Sierra, en la avenida Busch entre el tercer y cuarto anillo, calle cinco Nº 100. La de Argentina, la dirección es en la ciudad de Salta, calle Juan M. Leguizamon 752. Según información del diario EL TRIBUNO, de salta, proporcionada para el diario El Deber, comprobó que en esa dirección no existe ninguna empresa con ese nombre, no hay ningún cartel que la identifique y tampoco hay funcionarios que estén trabajando para ella. De acuerdo con este medio escrito salteño, ese lugar es el domicilio y, donde también tiene su estudio jurídico, el abogado de Catler, Jesús Cornejo. A EL TRIBUNO le indicaron ayer que Cornejo estaba de vacaciones y que en 15 días llegaría. Por si fuera poco, este medio escrito salteño comprobó que el número telefónico que se da en ese portal, es de la ciudad de Buenos Aires y no de Salta, tal como publicó El Deber, el sábado pasado.A EL TRIBUNO le contestó un señor de nombre Jaime Foster. En cambio a El Deber, que hizo otra conferencia telefónica ayer, le siguió contestando un señor que dice tener por nombre Javier Montes y que manifiesta ser el secretario de la empresa. Ayer, Montes volvió a indicar que el ejecutivo de Catler, Agustín Melano, no se encuentra y que la decisión de la compañía es no hacer declaraciones mientras las investigaciones de la Fiscalía no concluyan. Una versión similar ofreció Foster a EL TRIBUNO en ese mismo número telefónico. Cuando a Montes le indicamos si era posible que su empresa recibiera a un equipo periodístico de nuestro diario, esto fue lo que respondió: “Señor, pierde su tiempo, nadie los va a recibir”. Posteriormente se insistió para conocer cuáles son los trabajos que de manera específica hace Catler en Argentina, y esto fue lo que dijo: “Esta es una empresa privada, no es una empresa pública, no se publican los negocios y tampoco se publican los clientes”.

LAS PERSONAS: Otra de las irregularidades cometidas por el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez Valverde, es el nombramiento de Juan Bautista Condori Calixto, esposo de su hermana de madre, Gregoria Acebo Valverde, como presidente de la empresa nacionalizada Transredes, en reemplazo de Gary Daher, en 2008. La fecha de la partida de matrimonio de Acebo Valverde y de Juan B, Condori es del 30 de junio de 1984, en la localidad potosina de Caiza D. En tanto, según el certificado de nacimiento de Ramírez Valverde, éste nació en la comunidad de Caiza D. Y en ese lugar el destituido Ramírez contrajo matrimonio el 7 de enero 2008 con Jiovana Navia Doria Medina. Cuando Condori fue nombrado presidente de Transredes, fuentes del Ministerio de Hidrocarburos y de YPFB señalaron que el presidente Evo Morales instruyó a la estatal petrolera tener el control absoluto del accionar del sector, para lo cual “se debe elegir a hombres y mujeres de plena confianza de los sectores sociales al MAS”. La orden apunta principalmente a los líderes de las empresas, los directorios, además de la conformación de poderosos sindicatos. Jenny Medinacelli Abogada con Maestría en Derecho Administrativo. Es de la línea del partido de Gobierno. Actual directora Legal de YPFB. Róger Uzquiano Economista y Administrador de Empresas. Está ligado al MAS. Actualmente es gerente Administrativo y de Finanzas. Gary Medrano Mayor de Caballería. Fue gerente en Santa Cruz en 2008. Fue retirado por supuestas irregularidades. Es gerente de Comercialización. José Luis Gutiérrez P. Ingeniero. Fue vicepresidente de Operaciones de YPFB y trabajó con Aruquipa y Santos Ramirez. Actual viceministro de Planificación. La representación que suscribió el contrato entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la firma Catler- Uniservice desató ayer contradicciones entre el expresidente de la estatal Santos Ramirez y un empleado de la compañía en Argentina. El contrato para instalar una planta de extracción de licuables se firmó el 14 de julio de 2008 en Santa Cruz. En una encuentro con la prensa ayer al salir de YPFB, la ex autoridad afirmó que quien firmó el documento en Río Grande en julio de 2008, fue Jorge O`Connor y no Agustin Milano quien estaba sentado a su derecha durante el acto público. Ante la insistencia de la prensa sobre si quien firmó fue Milano, Ramirez aseguró “no para nada, es el señor Miguel Oconnor quien tiene el poder notarial, no se puede firmar sin el poder notarial”. Por parte del Estado la firma corresponde a la autoridad destituida. Sin embargo, La Prensa se contactó con el empleado de Catler Uniservice en Argentina, Javier Montes, quien aseguró que “El señor Milano y Oconnor firman el contrato, como corresponde en una asociación accidental, lo que pasa es que hay una desconocimiento asombroso de las actividades comerciales que sorprende”. La Prensa le preguntó que Ramirez, como ex autoridad de la estatal afirma lo contrario. Entonces, Montes contestó “seguramente porque está mal informado por sus abogados, pero el acto fue registrado hasta por la televisión”. El empleado de Catler Uniservice afirmó que Milano no dará ninguna explicación.

FRASES: “El compañero Evo ha sido claro: hay que despedir a cuanta gente sea necesario para que tengamos una nueva planilla de funcionarios sin ninguna sospecha. En eso está trabajando el nuevo presidente de YPFB y esperamos que en el transcurso de la presente semana salgan los memorándums. No debe quedar nadie sobre el que pese alguna denuncia de nepotismo, tráfico de influencias, etc.”, afirmó anoche el ministro de Hidrocarburos, Saúl Ávalos, que sostuvo reuniones con el presidente a.i de la estatal petrolera, Carlos Villegas, y la viceministra de Transparencia, Nardy Suxo. Catler Uniservice en Argentina, Javier Montes, quien aseguró que “El señor Milano y Oconnor firman el contrato, como corresponde en una asociación accidental, lo que pasa es que hay una desconocimiento asombroso de las actividades comerciales que sorprende”. “Ésa no era la primera vez, han sido dos veces en que él (Ramírez) ha recibido un diezmo (…) fueron en casas de la avenida Saavedra (Miraflores). No sé por qué esta vez han querido cambiar de casa, ésa en la Tejada Sorzano”, reveló la fuente.

http://www.la-razon.com/versiones/20090203_006627/nota_244_757215.htm http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-02-03/vernotanacional.php?id=090203001750 http://www.laprensa.com.bo/noticias/03-02-09/03_02_09_nego1.php

Febrero 02, año 2009. Lunes

LOS HECHOS: Antes de que se inicie la revisión de la documentación en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el marco de la investigación sobre los hechos de corrupción que involucran a Santos Ramírez, salieron a la luz pública algunas irregularidades. La copia del contrato por un monto de $us 86.35 millones con la empresa Uniservice, que debió remitirse a la Contraloría General de la Nación cinco días después de haberse suscrito, no se realizó. De igual forma, esta empresa no es sólo considerada pequeña para hacerse cargo de la construcción de una planta de separación de líquidos en Río Grande, sino que también tenía antecedentes de incumplimiento de contrato en la Prefectura tarijeña y un informe de la Contraloría. El Viceministerio ha recibido llamadas de empresas que se habían presentado a la licitación que denuncian, que, pese a tener requisitos, no fueron tomadas en cuenta, lo que hace suponer que fue una adjudicación a invitación directa y sin cumplir exigencias. El parlamentario Jorge Aguilera (Podemos) informó de que en el Senado se ha conformado una comisión multipartidaria que se encargará de ver todos los elementos de la investigación, porque acompañará a todas las acciones que realicen los fiscales adscritos al caso y seguirá todos los detalles que se sigan en cualquier instancia. Esta comisión está conformada por cinco senadores: Wálter Guiteras, José Villavicencio y Fernando Romero, por la oposición, junto a Ricardo Días y Antonio Peredo, por el oficialismo.

LA INVESTIGACION: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la principal empresa productiva del país y la esperanza por la recuperación plena y la industrialización de los hidrocarburos, ha tenido durante los tres años de la presente gestión, seis Presidentes interinos que salieron mal parados, en unos casos por presuntos actos irregulares o de corrupción y en otros por presiones políticas. Recordemos que el Presidente Evo Morales, apenas asumió el mando de la nación, en enero del 2006, posesionó a su estrecho colaborador Jorge Alvarado como primer Presidente interino de YPFB, con la misión de lograr la refundación de la empresa petrolera estatal. Pero antes de los cinco meses fue cambiado debido a una observación de la Superintendencia de Hidrocarburos por la suscripción de un contrato lesivo a los intereses del Estado con la firma “Iberoamérica”, para la exportación de 2.000 barriles diarios de petróleo y por haber incurrido en incumplimiento de normas legales. En su reemplazo, fue posesionado Juan Carlos Ortiz, que duró menos tiempo, al haber renunciado por presiones políticas, y cuando se cumplía el primer año de gobierno, Evo Morales posesionaba a su tercer Presidente en la petrolera. Esta vez fue Manuel Morales Olivera, cuya gestión derivó en enredos legales con las petroleras privadas, adulteración de los contratos y otras irregularidades y escándalos, por los fue cambiado en marzo de 2007 por Guillermo Aruquipa Copa, en cuya gestión desapareció el gas para uso doméstico, y se observó la mayor escasez de petróleo. Gas natural, gasolina y diesel generando protestas en todo el país. Finalmente, el año pasado asumió funciones como Presidente interino de YPFB Santos Ramírez, estrecho colaborador del Primer Mandatario del país y uno de los fundadores del MAS, quien pese a las denuncias, inicialmente recibió respaldo del Presidente Morales, pero ante las abrumadoras evidencias determinó la intervención de YPFB, la destitución de Ramírez e instruyó una profunda investigación, que incluya una auditoría económica y otra jurídica. El objetivo de la investigación, además de establecer la legalidad de contratos firmados y legitimidad en las operaciones de la petrolera, es de establecer el destino que tenían los 450 mil dólares que dieron origen a un atraco, muerte de un empresario y apresamiento de una decena de cómplices, que dieron a entender que el dinero estaba destinado al pago de una “comisión”. Las investigaciones sobre los presuntos vínculos de Ramírez en este último “affaire”, han desenterrado también algunos otros hechos como el negociado de “avales” para obtener cargos, un caso de narcotráfico en el que el detenido portaba una credencial firmada por el entonces Presidente del Senado Santos Ramírez, y la concesión ilegal de visas a ciudadanos chinos. Ahora, asume la Presidencia interina de YPFB, el hombre que desde un comienzo dio marco a la política económica del gobierno como Ministro de Planeamiento y que también fue Ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, con la instrucción expresa de investigar los hechos junto a la Viceministra de lucha contra la corrupción, Nardy Suxo. Evo Morales reconoció que lo que ocurre “es muy sospechoso” y no se puede perdonar a personas que estén desviando los recursos económicos de las empresas estatales. Señaló que “deben ser sancionados, caiga quien caiga”.

LAS PERSONAS: Varias autoridades del Gobierno formaron parte del proceso de licitación de la planta de separación de gas licuado de petróleo y gasolina en el campo Río Grande, Santa Cruz, que fue adjudicada a Catler-Uniservice, en julio del 2008 por 86,35 millones de dólares. La Comisión Calificadora de la licitación estaba presidida por Mario Arenas Aguado, como señalan las Actas de las reuniones aclaratorias realizadas el 27 de mayo y 5 de junio del año pasado. Esta persona en la actualidad es Presidente de YPFB-Andina. Las actuales autoridades que participaron en las reuniones fueron además de Arenas, el que ahora es viceministro de Desarrollo Energético, Misael Gemio, el entonces Jefe de la Unidad de Industrialización del Ministerio de Hidrocarburos, Mario Ávalos, según consta en los documentos del proceso. La licitación para «Provisión e instalación “llave en mano” de una planta de extracción de licuables de gas natural a ser instalada en el campo Río Grande, ubicado en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz», está marcada con el código “LPN-GNAF-24-GNDIS-03-08”, de acuerdo con los documentos oficiales de YPFB. En la reunión aclaratoria del 27 de mayo del 2008, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) estuvo representada por el entonces gerente Nacional de Planificación, Inversiones y Servicios, Misael Gemio, además, de Mario Arenas y el asesor técnico Daniel Álvarez Gantier. En tanto que en esa reunión aclaratoria tan sólo participaron delegados de tres compañías interesadas: Catler International Corporation, entonces no estaba en sociedad con la boliviana Uniservice, Man Ferrostall y Latt International Group. En ese encuentro se acordaron nuevos plazos y fechas, atendiendo el pedido de varias compañías que solicitaron postergar el cronograma de la primera convocatoria. En la siguiente reunión aclaratoria, realizada el 5 de junio se incrementó el número de interesados en el proyecto, asistieron representantes de Tecna Bolivia SA, Carlos Caballero SRL, Hanover Bolivia, Equipetrol-Propak, Ferrostall Latt Internacional Group, AESA, Contreras SA, Cryoenergy. En la reunión de junio, realizada pocos días después de la primera, Catler ya se presentó en sociedad con Uniservice, como figuran en el Acta Aclaratoria II. En esa cita por YPFB participaron Arenas y Gantier, en tanto que por el Ministerio de Hidrocarburos estuvo Ávalos. La licitación pública internacional fue lanzada en mayo del 2008, con plazo de un año para la fabricación e instalación de la planta de acuerdo con el cronograma de los Términos de Referencia, fechados el 24 de ese mes. La presentación de propuestas tuvo dos postergaciones, la explicación oficial de la época fue que se posponía por pedido de los interesados, además, para tener más proponentes. El plazo original para presentar ofertas era el 31 de mayo, pero se pospuso hasta el 20 de junio y finalmente hasta el 30 del mismo mes y se adjudicó el 11 de julio y el contrato se firmó el 14 en Santa Cruz.

FRASES: “Vamos a empezar a trabajar una auditoría jurídica de donde saldrá toda la información para hacer una análisis concreto fundamentalmente del contrato, que debemos revisar desde la primera hasta la última página”, explicó Suxo.

http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_02/nt090202/3_04ecn.php http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-02-02/vernotanacional.php?id=090201211132 http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_02/nt090202/3_02ecn.php

Febrero 01, año 2009. Domingo

LOS HECHOS: Irregularidades sacan a Santos Ramírez Carlos Villegas, nuevo presidente de YPFB. La depuración comienza en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con la posesión del nuevo presidente de la entidad estatal, Carlos Villegas, ex Ministro de Planificación del Desarrollo. Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Saúl Ávalos, fue el encargado de tomar el juramento de Villegas, en reemplazo de Santos Ramírez de quien se dijo fue echado por el Mandatario por sospechas de actos irregulares, según ABI. Ayer, el Gobierno intervino las oficinas de la casa matriz de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en La Paz. La acción se produjo después del juramento del nuevo presidente de la estatal, Carlos Villegas. La intervención estuvo a cargo de los viceministros de Transparencia, Nardy Suxo, y de Seguridad Ciudadana, Alberto Castillo, junto al nuevo presidente de la petrolera, con el apoyo de la fuerza pública que quedó al custodio de las instalaciones y, sobre todo, de la documentación. Los funcionarios que serán destituidos son, según la lista que el Gobierno proporcionó: viceministro de Desarrollo Energético, Michel Gemio; directora Jurídica de YPFB, Esther Carmona; gerente nacional de Comercialización de YPFB, Rodrigo Carrasco; gerente de la empresa de Servicios YPFB, Rogelio Ashimine (es la segunda vez que lo destituyen en este Gobierno, la primera fue el 8 de febrero de 2006, cuando se desempeñaba de viceministro de Transportes en la gestión de Salvador Ric); gerente nacional de Fiscalización, José Baldiviezo; vicepresidente de Operaciones, Nelson Cabrera; gerente de Planificación, Juan carlos Arellano; jefe de Recursos Humanos, Sabino Carme, y los dos cuñados de Santos Ramírez: Juan Carlos Navia Doria Medina y Mario Cristhian Navia Doria Medina. El juez Tercero de Instrucción en lo Penal, Constancio Alcón, determinó ayer, luego de una audiencia de medidas cautelares, enviar a Luis Fernando Córdova Santiváñez al penal de San Pedro, después de que los médicos de la clínica policial Virgen de Copacabana decidan darle de alta. Córdova calificó la decisión del juez como “injusta” y negó que hubiese planificado la muerte del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach, como afirmaron Rufino Rodríguez y Franz Michaell Rodríguez Calero, quienes ya se encuentran detenidos en el penal de San Pedro, acusados de ser partícipes en el asesinato del empresario tarijeño. “Absolutamente soy inocente, no tengo nada que ver en este crimen que ha pasado, estoy pasando un momento muy crítico de mi vida, he sido secuestrado…, me han pegado (…) me han torturado… por los mismos efectivos de la Policía he sido secuestrado, temo por mi vida”, afirmó. También negó un presunto parentesco con Santos Ramírez, ahora ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y afirmó que no conoce a ninguna de las personas que fueron aprehendidas por la Policía. Contradijo la versión de su hermano, Ernesto, quien dijo el viernes que no fue la primera vez que se entregaba dinero de esta forma. “Es totalmente falso”, señaló.

LA INVESTIGACION: En la mañana de ayer, Morales postergó su viaje a Pando y se reunió en su residencia con sus colaboradores más cercanos. El movimiento fue inusual en la casa presidencial, incluso Carlos Villegas llegó y se fue conduciendo su vehículo particular. Cambio resistido que sacó chispas al gabinete Según trascendió ayer en la sede de Gobierno, el ministro de Planificación, Carlos Villegas, se resistió en primera instancia a hacerse cargo de YPFB porque estaba en plena ejecución del plan de desarrollo que le había encomendado el presidente de la República, Evo Morales. Al interior del gabinete de ministros se sabía que el Presidente había decidido la salida de Santos Ramírez a la media noche del viernes y que convocó a Villegas para las 7:00 del sábado. En la residencia presidencial, Morales se pasó dos horas tratando de convencerlo, pero Villegas no dijo Sí; a las 11:30 se fue en su vehículo sin dar explicaciones y visiblemente molesto. Minutos antes del mediodía, entre el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro Juan Ramón Quintana, finalmente persuadieron a Villegas para que acepte su nuevo cargo. En la reunión del Presidente con los ministros hubo una fuerte llamada de atención y hasta se especuló con una crisis de gabinete; la cara de los ministros en el acto de posesión reafirmó la versión.

LAS PERSONAS: Villegas afirmó que con la intervención no se suspenderá las tareas de YPFB. Alrededor de las 16.00, tomó las oficinas de la petrolera en compañía de un contingente policial. Con la posesión de Carlos Villegas como nuevo Presidente de YPFB, suman seis las personas que asumieron este cargo, y cuatro fueron cambiados, con Ramírez, por denuncias de irregularidades en el manejo de la estatal petrolera, y uno renunció al cargo horas después de haber sido posesionado. Ahora Villegas, junto a Suxo, tendrá que realizar una auditoria financiera y otra legal para destapar los actos de corrupción en YPFB, y además deberá mantener en funcionamiento a la empresa. Por si no fuera poco, el economista tendrá que ‘profundizar el proceso de nacionalización fortaleciendo a la empresa estatal, asegurar la provisión de combustibles en el mercado interno, impulsar decididamente la exploración y explotación de yacimientos e ingresar a la etapa de la industrialización del gas y el petróleo boliviano’.

FRASES: “El compañero Santos Ramírez tiene la obligación de defenderse ante el pueblo boliviano y ante las diversas instancias de la justicia y el Parlamento que investigan el asunto”, afirmó Morales. “Esta decisión que tomé es designar como presidente interino al compañero Carlos Villegas; tiene la responsabilidad de transparentar la administración en YPFB con una intervención, y para eso pedimos la participación de funcionarios sanos, honestos, una auditoría a la parte económica, financiera, a la parte legal para saber sobre los contratos y sobre el manejo de los recursos económicos”, señaló el Jefe de Estado durante el acto de posesión. Con una seriedad extrema reflejada en el rostro, Morales aseguró que su Gobierno está comprometido en la lucha contra la corrupción y admitió que en los últimos días lo invadió una ‘enorme preocupación’ al escuchar las denuncias contra la estatal petrolera. “Personalmente quiero saber adónde iba la plata, sabemos de dónde era y por eso (Villegas) tiene la obligación de hacer una intervención para saber e investigar profundamente quiénes eran los responsables, cómo se manejaba esto”, dijo y prometió llegar al fondo del asunto ‘caiga quien caiga’. “Es de nuestro interés el de hacer diáfano todo lo que ha ocurrido las últimas semanas, y en esos términos el compromiso con el Presidente, Vicepresidente, y especialmente con el pueblo de Bolivia, de que sus recursos, YPFB como la empresa estatal más importante del país, tiene transparencia, tiene gestión”, aseguró. Las frases del presidente Destino • “En los últimos días, con mucha preocupación hemos escuchado problemas serios, que un grupo de delincuentes asalte a algunos seres humanos que manejaban recursos económicos. Ya sabemos de dónde vienen, la tarea es saber dónde iba esa plata”. Defensa • “El compañero Santos Ramírez tiene la obligación de defenderse ante el pueblo boliviano y ante las instancias (correspondientes: justicia)”. Investigación • “Personalmente, quiero saber dónde iba esa plata; sabemos de dónde era la plata y por eso, doctora Nardi Suxo, usted tiene la obligación a partir de este momento de la intervención junto al presidente interino…investigar…quiénes eran los responsables, cómo se manejaba”. YPFB • “Compañero Carlos Villegas, tiene que mejorar en inversión, temas de exploración, explotación e industrialización del gas, del petróleo”. Puntos de Vista “La decisión tiene respaldo”, ALFREDO RADA. Ministro de Gobierno “Es una decisión del Presidente con pleno respaldo del gabinete de ministros. El Gobierno decidió dar una fuerte señal en YPFB de que no se van a permitir actos de corrupción. Santos Ramírez tiene que asumir su responsabilidad y su defensa legal”. “Apoyamos la determinación”, JOSÉ DOMINGO VÁSQUEZ. Ejecutivo de los trabajadores petroleros “Como trabajadores, vamos a exigir que se haga una investigación sobre este hecho. Creo que el Presidente no está convencido de que esto sea cierto; pero al existir la duda, decidió cambiar a Santos Ramírez, y los trabajadores estamos de acuerdo con la decisión”. “Todos tienen que ser investigados”, FÉLIX YAPU. Dirigente nacional del MAS “Creo que todos los que están involucrados en este caso tienen que ser investigados. Si Santos está involucrado en algo, nadie del instrumento lo va a defender, porque el Presidente con su decisión está haciendo una lucha frontal contra la corrupción”. “Tal vez el cambio es por precaución”, PEDRO MONTES. Secretario ejecutivo de la COB “Bueno, tal vez este cambio se deba a una precaución, aunque muy poco conozco del tema. Pero, quien tenga la culpabilidad debe pagar, porque no podemos seguir con la corrupción. No es suficiente cambiar, sino más al contrario, se debe saber todo”. “Debe demostrar su inocencia”, ALEJANDRO ALMARAZ. Viceministro de Tierras “Santos Ramírez tiene que demostrar su inocencia con argumentos sólidos. Esto no por consideraciones políticas, sino por ética y moral. Creo que toda la ciudadanía espera argumentos algo más completos y sólidos de los que ha dado hasta ahora”. “Que se dedique a su defensa”, CARLOS ROMERO. Ministro de Desarrollo Rural “Una medida acertada del Presidente. Hablamos de una empresa estratégica que debe tener impecable todas su gestiones. Se necesita una investigación imparcial y que Santos Ramírez se dedique sólo a su defensa o a colaborar en la investigación”. “Está bien que designe a otro”, FÉLIX ROJAS. Senador del MAS “El Presidente tiene todas las atribuciones de acuerdo a la CPE para cambiar. Está bien que haya designado a otro ciudadano para que el hermano Santos Ramírez tenga mayor tiempo, mayores posibilidades para buscar la verdad”. “Celebramos la tardía decisión”, WÁLTER GUITERAS. Senador de Podemos “Celebramos la tardía decisión del Presidente, que dejó de ser el abogado de Santos Ramírez, y que haya entendido el mensaje de que hay un gran componente de corrupción. Sin embargo, no se puede callar la corrupción, el asesinato con una destitución”. “Ha dado una buena señal”, CARLOS D’ARLACH. Senador de Podemos “El Presidente ha dado una buena señal al destituir a Santos Ramírez. Esa era una señal que todo el país esperaba. En cuanto al nombramiento de Carlos Villegas, creo que fue el funcionario con mayor continuidad en área de hidrocarburos”. “La instrucción que me ha dado el Presidente es determinante y precisa: hay que investigar todo con la mayor rapidez posible y sin descuidar detalle alguno. También nos ha dicho que hay que llegar hasta el fondo del problema, investigando y brindando detalles hasta lo más mínimo sin tapar nada ni a nadie; esto será caiga quien caiga”, dijo. La viceministra de Transparencia, Nardy Suxo

http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_02/nt090201/3_01ecn.php http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-02-01/vernotanacional.php?id=090131230054 http://www.la-razon.com/versiones/20090201_006625/nota_249_756352.htm http://www.lostiempos.com/noticias/01-02-09/01_02_09_nac5.php http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-02-01/vernotanacional.php?id=090131230430 http://www.la-razon.com/versiones/20090201_006625/nota_249_756353.htm http://www.la-razon.com/versiones/20090201_006625/nota_249_756354.htm

Enero 31, año 2009. Sábado

LOS HECHOS: Ayer, Santos Ramírez dio una conferencia de prensa en la que se desvinculó de los familiares de su esposa, la diputada suplente del MAS Giovanna Navia Doria Medina, con quien se casó el 7 de enero. Javier René Navia Doria Medina y Franklin Gonzalo Aramayo Doria Medina, hermano y primo de la esposa de Ramírez, estuvieron en la escena del crimen donde el 27 de enero asesinaron a Jorge O’Connor D’Arlach para robarle $us 450.000 que supuestamente llevaba a la casa de uno de ellos para pagar un soborno al titular de YPFB, por la construcción de la planta de gas de Río Grande, según la oposición.

LA INVESTIGACION: El azar facilitó esclarecer el atraco Una casualidad facilitó a la Policía esclarecer el asesinato de Jorge O”Connor D”Arlach Taborga, pues uno de los presuntos autores del crimen y su esposa estuvieron a punto de chocar con una patrulla policial en Cochabamba y al ser detenidos se encontró parte del botín. La mañana del martes 27, al menos cinco atracadores robaron 450 mil dólares y uno de ellos asesinó con un disparo a O”Connor. En menos de 48 horas, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) detuvo a cuatro implicados y aclaró el caso. Sandra Verónica Mamani Quispe, su marido Rufino Rodríguez Coca y Franz Michael Rodríguez Caero fueron detenidos en Cochabamba, mientras que Ernesto Córdoba Santiváñez era aprehendido en La Paz. Ayer en la mañana, Ernesto, hermano de Luis Fernando Córdova, afirmó ante los medios de comunicación que su hermano y Mario Cossío conocen los antecedentes del dinero y a quién iba a ser destinado. “Tienen que preguntarle a mi hermano (les dice a los periodistas), hablen con él, al fin y al cabo si a nosotros nos han querido involucrar en esto, mi hermano va a tener que hablar con todos ustedes y decirles de la plata; mi hermano sabe y Mario (Cossío) también”, afirmó en celdas de la Policía Judicial. Según el detenido, su hermano, Mario Cossío, Jorge O’Connor y otros ya habían realizado ese tipo de movimientos bancarios en anteriores ocasiones. La propia viceministra de Transparencia dijo que YPFB no le entrega documentación ni despeja sospechas de irregularidades en un contrato con la empresa del asesinado Jorge O’Connor El principal acusado de la muerte de Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, Ernesto Córdova, dijo que es necesario que los medios de comunicación puedan acceder al movimiento económico que realizaron los ejecutivos de Catler Uniservice, porque no era la primera vez que sacaban esa cantidad de dinero del banco. Desde una celda, amenazó con revelar ‘a quién estaba dirigido el dinero’ si se insistía en acusarlo a él y a su hermano del atraco y negó cualquier vínculo familiar con el presidente de YPFB, a quien dijo conocer sólo a través de los medios. Respecto a los documentos sobre empresas que fueron encontradas en su departamento, señaló que se trata de proyectos que él y su hermano iban a desarrollar ‘más adelante’ y que no eran ‘nada importante’. Asimismo, aseveró que los celulares, pasaportes, cédulas de identidad y tarjetas de crédito que fueron encontrados en su negocio eran ‘prendas’ que dejan sus ‘clientes’ cuando no tienen dinero para pagar la cuenta. Los hermanos Córdova son propietarios de varios prostíbulos en la ciudad de La Paz y son conocidos por esa actividad. Negocio. Catler y YPFB aseguran que hay un avance del 30% en la fabricación de las piezas de la planta. Se están haciendo en EEUU y Argentina. En mayo empiezan a instalarla Uniservice SRL es una empresa tarijeña que opera en el área de las construcciones civiles, carreteras y obras de infraestructura. De acuerdo con el diario EL Nuevo Sur, esta compañía tiene nueve contratos con la Prefectura de ese departamento. El secretario de Planificación de la Prefectura de Tarija, Carlos Rico, dijo que su unidad no es ejecutora y que solamente establece el presupuesto y el programa anual de inversiones. “Las unidades ejecutoras tienen que ser, cada una de ellas, las que informen cuáles son las empresas que están trabajando en cada uno de los sectores de Tarija. No es mi competencia y por ahí doy una información que no es correcta”, se excusó Rico. De la misma manera, la directora de Contrataciones y Licitaciones, Ana Noemí Bass Werner, dijo que en ese despacho está desde mayo del año pasado y que la información que pueda dar tal vez sea incompleta. Asimismo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, las instalaciones de esta empresa, ubicadas entre el tercer y cuarto anillo de la avenida Busch, fueron cerradas desde el martes. Se indicó que el lunes estarán abiertas. Una constructora que se fue transformando Uniservice es una constructora que se fue transformando. En primera instancia, se trataba de una empresa unipersonal, constituida únicamente por dos personas, Miguel O’Connor D’Arlach Taborga y por su hermano Jorge O’Connor (+). El 10 de agosto de 2006 se transforma en Sociedad de Responsabilidad Limitada, que tiene por objeto la prestación de servicios de construcción e ingeniería y actividades relacionadas. Aquí en Santa Cruz, el frontis de esta empresa indica que es una de ‘servicios de ingeniería incorporados’. Sin embargo, la tarjeta de presentación de su regente regional en La Paz, Mario Cossío McGalem, establece que es una ‘empresa de construcciones y servicios petroleros’, según verificó el diario EL DEBER . YPFB puso en manos de una empresa pequeña, producto de una sociedad accidental, la construcción de un “gigante” de procesamiento de gas. La estatal petrolera le adjudicó a Catler Uniservice la construcción y puesta en funcionamiento de la planta procesadora de líquidos de Río Grande, un proyecto al que Bolivia apostó el futuro de la provisión de gas licuado e incluso la exportación de excedentes de la próxima década. Según los datos de la Superintendencia de Empresas, Uniservice tiene personería jurídica tramitada en Bolivia, pero el asiento legal de Catler corresponde a Panamá. Ambas inscribieron una empresa de responsabilidad limitada Catler-Uniservice en Fundempresa dos meses después de la firma del contrato con Santos Ramírez, presidente de YPFB. Pese a que se adjudicó una obra por $us 86,35 millones, la nueva empresa declaró un capital de Bs 50.000 ($us 7.000). Esto provocó problemas para que Catler Uniservice no pudiera conseguir las boletas de garantías del sistema bancario nacional, lo que demoró el desembolso. Según una nota de ANF fechada el 15 de julio, el primer desembolso equivalente al 20% del total del contrato, debió ser efectuado hasta agosto de 2008. Sin embargo, la orden de proceder a construir la planta, recién se dio entre el 19 y 20 de enero del presente año. Así lo aseguran empresas del ramo asentadas en Santa Cruz. Esto propició el desembolso de $us 20 millones, $us 15 millones para la que está construyendo la planta y 4,5 millones a la cuenta de Uniservice en Banco Unión. De ahí retiró Jorge O´Connor D´Arlach los $us 450.000 que llevaba consigo cuando fue asesinado en La Paz, el pasado lunes. Este monto, supuestamente, estaba destinado al pago del “diezmo” o soborno para Ramírez a través de su cuñado. El viceministro de Desarrollo Energético, Misael Jemio, a la pregunta de por qué ganó Catler frente a una gigante como Hanover, la otra empresa postulante, aseguró que la propuesta económica de Hanover Exterran fue ligeramente menor a la de Catler, pero su planta producía un 25% menos (GLP y gasolina) que la de su competidora. Esa diferencia gravitó para que Catler gane. “La razón fue la ventaja o beneficio económico para el país. Mientras la una (Hanover) ofrecía producir 270 toneladas, la otra (Catler), 360. Esa diferencia equivale a unas 35 mil toneladas al año, si nosotros importáramos ese volumen eran más de $us 35 millones. Era demasiada la diferencia de dinero”, afirmó Gemio. Sin embargo, Hanover Exterran es uno de los consorcios más grandes del mundo en el ramo, con 10.700 empleados y presencia en 30 países, además de ser una empresa legalmente constituida y con experiencia en Bolivia. Tiene como clientes a empresas como Repsol YPF, Petrobras, Oxy, Pluspetrol, Tecpetrol, Camuzzi, Chevron, Apache, Pan American Energy, entre otras compañías. Dentro de Latinoamérica se destacan sus operaciones en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, México, Perú y Trinidad y Tobago y Venezuela.

LAS PERSONAS: Sin embargo en la cautelar de los presuntos homicidas de O’Connor surgieron datos que ligan cada vez más a Uniservice con Yacimientos. Se conoció que un ex asesor del actual superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, era regente regional de Uniservice en la Paz. Se trata de Mario Ángel Cossío McGalem, que acompañó a O’Connor a hacer los retiros del Banco Unión y cobró un cheque por un valor de $us 150.000. El occiso retiró $us 300.000. El senador Carlos D’Arlach (tío del infortunado) afirmó que Cossío fue uno de los principales asesores del actual superintendente cuando era presidente de YPFB y que luego se fue a la Superintendencia de Hidrocarburos con él. Aruquipa es uno de los hombres de confianza de Ramírez y fue su asesor desde antes que el MAS asuma el poder. En 2006 fue oficial mayor del Senado, durante la presidencia de Ramírez. De allí saltó al viceministerio de Hidrocarburos, luego a la presidencia de YPFB y finalmente a ‘Súper’ de Hidrocarburos, siempre con el aval y respaldo de Ramírez. Cossío, junto con Luis Fernando Córdova, Jorge y Miguel O’Connor retiraró el dinero y se dirigió hasta el domicilio del pariente político de Ramírez Gonzalo Aramayo. Allí fueron interceptados por atracadores, que le dispararon a O’Connor. Cossío llevaba el maletín con el dinero. Lo tiró cuando escuchó el disparo y salió corriendo. Un fiscal afirmó que el domicilio donde se suscitaron los hechos pertenecía al hermano o a la esposa del presidente de YPFB, Jovanna Navia Doria Medina. El Presidente duda de las acusaciones. Ramírez se deslinda del caso. Ante la consulta de a quién pertenecía la vivienda de la calle Tejada Sorzano, el fiscal Marcos Vidal —en un contacto telefónico con este medio— respondió: “Al cuñado del señor (Santos) Ramírez, eso está confirmado, o (a) la nueva esposa. No lo hemos averiguado porque no nos ha dado tiempo, eso es lo que comentan los vecinos, pero todavía no hemos hecho la inspección ocular, entrar y preguntar a todos ellos, hacer las investigaciones (…). Más nos hemos abocado a colectar las pruebas”. De acuerdo con fuentes de la pesquisa, el cuñado de Ramírez, Javier Navia Doria Medina, esperaba la llegada de O’Connor y del dinero. El dato fue confirmado ayer por Vidal. “Estaban presentes en el momento del hecho. Creo que en uno de los vehículos, o al interior de la casa, o esperando el dinero, la verdad no sé muy bien este punto, pero los que declaran dicen que él (Javier Navia) estaba ahí, porque han ido a la casa de él”, especificó.

FRASES: “Yo lo conozco al compañero Santos Ramírez, no creo, dudo de estas acusaciones, pero está para investigación. No porque es un compañero Santos Ramírez, fundador de un instrumento político, puede ser tapado”, Presidente de la República, Evo Morales “Yo no tengo por qué asumir la responsabilidad de otras personas, peor no siendo mis parientes. Yo he contraído un matrimonio con mi señora esposa y no he contraído con los hermanos”, aseguró. “No es la primera vez que han sacado ese monto de plata, no es la primera vez, ustedes averigüen en los bancos cuánta plata… Ellos tenían contratos con Yacimientos y con una empresa donde estaban trabajando”, acotó Ernesto Córdova. “Al cuñado del señor (Santos) Ramírez, eso está confirmado, o (a) la nueva esposa. No lo averiguamos porque no nos ha dado tiempo”. MARCOS VIDAL, fiscal del caso de volteo de dinero.

http://www.eldeber.com.bo/vernotaahora.php?id=090131021318 http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-01-31/vernotanacional.php?id=090131014205 http://www.lostiempos.com/noticias/31-01-09/31_01_09_nac10.php http://www.la-razon.com/versiones/20090131_006624/nota_249_756061.htm http://www.la-razon.com/versiones/20090131_006624/nota_249_756062.htm

Enero 30, año 2009. Viernes

LOS HECHOS: De acuerdo con el informe policial, en Cochabamba, un grupo policial buscaba a Franz Rodríguez, Verónica Mamani y Rufino Rodríguez. A las 8.00, los tres acusados eran trasladados en un avión comercial desde el valle hasta La Paz. Los detenidos llegaron a esta ciudad con un fuerte resguardo policial y fueron remitidos en vehículos policiales a la FELCC. “Hemos realizado diferentes operativos en La Paz, Cochabamba y en otras ciudades para determinar cuál era el vínculo que existía entre los delincuentes que habrían protagonizado este hecho. Franz Rodríguez Calero y Verónica Mamani (ambos detenidos en Cochabamba) indicaron que los autores intelectuales son Fernando Córdova y Ernesto Córdova, Santos Zelaya, Marcelo Quiroga, Avelino Queso, Ariel Paniagua (prófugo)”, afirmó ayer el jefe nacional de la FELCC, coronel Fernando Figueredo. Sin embargo, en la tarde de ayer, Zelaya, Queso y Quiroga fueron puestos en libertad al no hallarles indicios de culpabilidad. Según el jefe policial, la noche del miércoles se detuvo en Cochabamba a Rufino Rodríguez —alias El Rufo— en posesión de 50 mil dólares. De acuerdo con versiones preliminares, sería él quien le disparó a O’Connor y el dinero que fue hallado sería una parte de lo que se le robó. Según el acta de declaración de este último acusado, difundida por la red Bolivisión y Cadena A, Ernesto Córdova fue quien planificó, en su domicilio, el volteo al empresario. En palabras del presunto delincuente, la resistencia de O’Connor ante el robo fue lo que propició el disparo. No obstante, el resultado de laboratorio, sobre quién disparó a la víctima, sería emitido hasta hoy. Anoche se conoció que la Policía todavía buscaba a un sexto implicado que estaría prófugo y sería hermano de Ernesto y Luis Fernando Córdova. De acuerdo con datos preliminares, se sospecha que fue él quien disparó el arma ese martes y que era asesor de la víctima y trabajaba cerca del presidente de YPFB, según revelaron fuentes de la investigación. Ramírez no quiso pronunciarse al respecto. Hizo decir a través de sus colaboradores que se encontraba muy ocupado.

LA INVESTIGACION: Santos Ramírez y el ejecutivo de Catler Uniservice, Agustín Milano, firmaron el contrato. O’Connor estuvo en el acto como representante de la empresa en Bolivia. La anterior semana, YPFB hizo efectivo el pago de 4,5 millones de dólares a Catler Uniservice. Fuentes de la investigación revelaron que Córdova fue el intermediario para que Ramírez adjudique esa licitación a O’Connor D’Arlach. El martes, O’Connor llevó a una casa de la avenida Tejada Sorzano 450 mil dólares junto a Córdova para entregarlos a alguien. Ese monto sería el 10% de una comisión por la adjudicación que iba a ser entregada directamente a Ramírez, afirmaron fuentes judiciales y policiales. Por otra parte, este medio consiguió una carta anónima, del 5 de enero de este año, dirigida al fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez. En ella se denuncia que la empresa Catler Uniservice “no cuenta con domicilio constituido en Bolivia y que la dirección que señalaron, ubicada en Cochabamba corresponde a una persona particular de nacionalidad argentina, quien habría prestado su departamento a la empresa mientras se adjudiquen el contrato con el Estado”. La misiva revela que Luis Fernando Córdova consiguió la documentación de la empresa “de manera ilegal”. Su abogado, Jhonny Castelú, afirmó el miércoles que su cliente era asesor legal de Catler Uniservice. Según la carta anónima que llegó al Fiscal de Distrito con la denuncia de Catler Uniservice, se revela que esa empresa es “fantasma” porque no existe ni el domicilio en el exterior, ni mucho menos sus representantes, entre ellos, Agustín Milano, quien firmó el contrato con el presidente de Yacimientos. Si bien el contrato se firmó en julio del año pasado, el 30 de septiembre, se depositó Bs 50 mil para que la planta de licuables comience a funcionar, según fuentes de la indagación. Lo que nadie explica es por qué después de dos meses se efectivizó el contrato y se pagó ese monto que para un proyecto de esa magnitud resultaría pequeño. La misiva señala que Córdova salió favorecido del contrato entre Catler Uniservice y YPFB, y recibió “una fuerte cantidad de dinero”. Esa suma estaría depositada en la cuenta de Yolanda Salinas de Córdova, esposa del sospechoso, y de otros parientes. Sobre Catler Uniservice, la carta asevera que es una empresa fantasma “que logró estafar al Estado una millonaria suma de dinero con la colaboración del delincuente Fernando Córdova (sobrino de Santos Ramírez)” Denuncia, asimismo, que parte del dinero entregado Córdova lo usó “en la compra de varios vehículos de lujo”. En el informe que brindó ayer el director nacional de la FELCC, coronel Fernando Figueredo, se confirmó que Fernando Córdova y su hermano Ernesto, también involucrado en el caso, tienen antecedentes penales por el delito de trata de personas a raíz del negocio que tienen con locales nocturnos. Tras una investigación que realizó La Razón sobre los locales denominados “de remate”, fuentes policiales advirtieron que los hermanos Córdova tenían un curioso poder en ese rubro. A pesar de que las autoridades clausuraban esos centros de diversión, luego de un tiempo volvían a funcionar. Alertaron que tenían mucha influencia y poder. Ernesto Córdova es el dueño del local El Caballito, lugar que fue clausurado reiteradas veces por diferentes escándalos y corrupción de menores, pero, por razones desconocidas, se reabrió y aún funciona. Luego de que el presunto autor material del crimen, Rufino Rodríguez, declaró ante la Policía, señaló ayer a los medios de comunicación que no conocía a Córdova. Sin embargo, el coronel Figueredo aseguró que los tres delincuentes que fueron aprehendidos en Cochabamba informaron de manera “enfática” que quienes habían organizado el crimen y después el volteo del dinero eran precisamente Fernando y Ernesto Córdova. Fuentes de la Fiscalía revelaron que Rufino Rodríguez fue quien se contactó con Córdova para concretar el hecho ilícito. Según Figueredo, las pesquisas determinaron que una persona no identificada realizó un depósito de 38 mil dólares en una de las sucursales de FIE en La Paz, y que luego ese dinero fue retirado en Cochabamba. “El destino del dinero se encuentra en etapa de investigación”, acotó. “Rodríguez tiene mandamiento de detención preventiva en Cochabamba por robo agravado, Fernando y Ernesto Córdova tienen antecedentes en la FELCC relacionados con el funcionamiento de locales nocturnos y con trata de personas”, manifestó el coronel Figueredo.

LAS PERSONAS: El hombre que resultó ser uno de los autores intelectuales del asesinato del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach Taborga, Luis Fernando Córdova, era representante legal de la empresa de la víctima, Catler Uniservice, y además, allegado del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez (MAS). El nexo de Córdova con Ramírez es familiar. Según fuentes judiciales, el presidente de YPFB es primo hermano de uno de los padres de Córdova. Un amigo del acusado reveló a La Razón que trabajaba cerca a Santos Ramírez desde que éste era senador. Fuentes de la indagación informaron que Córdova no trabajaba directamente con Ramírez. Sólo era intermediario para efectuar adjudicaciones. Sin embargo, otras fuentes revelaron que desde hace tiempo mantenían contacto laboral muy estrecho. La detención de los autores del aparente atraco de los 450 mil dólares conmovió ayer el mundo de los burdeles de La Paz, pues la Policía capturó a Ernesto Córdova, uno de los principales proxenetas de la ciudad y propietario de El Caballito, un enorme local de prostitución. Luis Fernando Córdova —pieza clave de un escándalo que salpica al presidente de YPFB y hermano de Ernesto— es, según una autoridad policial, también proxeneta y propietario de locales. Ubicado a pocos pasos de la plaza Villarroel, El Caballito es un local que bulle de madrugada, y a donde llegan clientes que iniciaron la juerga en otros locales y buscan placer incluso después de las 4.00. En el día, quien pasa por el lugar no se imagina que detrás de una puerta pequeña está una infraestructura donde hay ambientes para distintos bolsillos y gustos. Otras fuentes policiales aseveraron que los Córdova “traían mujeres jóvenes de Paraguay, Brasil, ofreciéndoles trabajar como meseras, les pagaban los pasajes, las alojaban y luego las extorsionaban. Les decían que podían irse cuando quieran, pero después de pagar por el traslado y el alojamiento, con lo que las forzaban a ser damas de compañía en sus locales”. En pocas palabras, los Córdova son hombres temidos, pues —según otra fuente— compiten con otro de los protagonistas del negocio del sexo y a quien la fuente no quiso identificar. Además de El Caballito, tienen casas de cita que se camuflan como domicilios particulares. El night club Anaconda, que fue cerrado y que estaba ubicado en la Av. Capitán Ravelo, a pocos pasos del Puente de las Américas, les pertenecía. Fue clausurado; luego, los hermanos buscaron convertirse en socios de otro local ubicado en la avenida Busch. No lo habrían conseguido. Tenían otros bares de remate, como El Charro, en la avenida Armentia; El Melgarejo, que estaba ubicado en la calle Estados Unidos, de la zona de Miraflores. Otros en la subida al mirador de Killi Killi, en Alto Miraflores. El miércoles, Córdova denunció que fue secuestrado, brutalmente golpeado y echado en La Cumbre. Según informes médicos extraoficiales, sus costillas estaban rotas y tenía daños considerables en sus tímpanos. Fue internado en el hospital Arco Iris. Ayer, Nadia Zegarra, médica que atiende a Córdova, explicó que sólo “es un paciente policontuso”. Indicó que fue valorado tanto por un otorrino como por un traumatólogo, quienes descartaron fracturas y otras lesiones. “Está en observación”, dijo.

FRASES: “La empresa estafó al Estado una millonaria suma de dinero con la ayuda de Fernando Córdova (sobrino de Santos Ramírez)”, Parte de una carta anónima. Las preguntas aún sin respuestas del caso Córdova 1 El dinero • ¿Cuál es el origen de los 450 mil dólares que fueron retirados del Banco Unión la media mañana del martes 27? ¿Dicho monto fue retirado por Jorge O’Connor D’arlach? 2 El departamento • ¿Quién iba a recibir esa suma en el departamento ubicado en un inmueble de la Av. Tejada Sorzano? ¿Quién era el inquilino? ¿Era habitado frecuentemente? 3 La empresa • ¿Cuáles son los motivos por los que YPFB firmó un contrato con Castler Uniservice, a pesar de las observaciones que existen sobre su capital y conformación? 4 Atraco • ¿Estaba en los planes de los delincuentes cobrar la vida del ingeniero O’Connor D’arlach, en el volteo que ocurrió el martes en las puertas del departamento de la Av. Sorzano? 5 YPFB • ¿Qué obstáculos enfrentó Castler Uniservice para poner en marcha el proyecto separadora de GLP y gasolina? ¿Por qué recibió la suma de $us 4,5 millones hace poco? 6 Transparencia • ¿Cuál será la actitud y decisión política del Gobierno que demostrará para esclarecer este caso que, según los datos, afecta la imagen de la estatal del petróleo?

http://www.la-razon.com/versiones/20090130_006623/nota_249_755520.htm http://www.la-razon.com/versiones/20090130_006623/nota_249_755521.htm http://www.la-razon.com/versiones/20090130_006623/nota_249_755522.htm http://www.hoybolivia.com/Noticia.php?IdEdicion=273&IdSeccion=15&IdNoticia=10547 http://www.la-razon.com/versiones/20090130_006623/nota_249_755525.htm http://www.eldiario.net/noticias/2009/2009_01/nt090130/4_09scd.php

Enero 29, año 2009. Jueves

LOS HECHOS: Ayer hubo un inusual movimiento en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Castillo se reunió en privado, tanto en la mañana como en la noche, con jefes policiales que llevan adelante el caso. Las autoridades del orden se mostraron herméticas en revelar oficialmente información a los medios de comunicación.

LA INVESTIGACION: El fiscal asignado dijo que el dinero (450 mil dólares) era llevado a la casa de la avenida Tejada Sorzano, donde se iba a “recabar información”. La víctima tenía un contrato con YPFB (2008). El monto de dinero que el empresario O’Connor llevaba en un maletín junto con una computadora portátil habrían servido para pagar una comisión por la adjudicación de una licitación con YPFB, según informaron fuentes de la investigación y otras judiciales conocedoras del caso. El fiscal encargado del caso, Luis Mamani, informó de manera oficial que O’Connor llegó hasta ese lugar con el fin de “hacer una transferencia de información que debía obtenerla de una computadora de la persona que tiene su casa en la Tejada Sorzano”. Anoche, Cadena A informó que el inmueble es del cuñado del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez. Dos fuentes policiales señalaron que había indicios en ese sentido, aunque oficialmente no se confirmó el mencionado dato. O’Connor arribó el martes en la mañana de Santa Cruz, se alojó en el hotel Presidente y luego se encontró con tres personas más, entre ellas Fernando Córdova, quien sería el representante de su empresa petrolera. Horas más tarde sacaron $us 450 mil del Banco Unión, en la avenida Camacho, y en una vagoneta llegaron a la casa de Miraflores, sin ningún resguardo policial. De acuerdo con fuentes de la investigación, las cámaras de seguridad del Banco Unión grabaron el momento en que sacaron el dinero. Según informaron, O’Connor no fue quien recibió el dinero. Lo que tampoco nadie confirmó es el lugar de dónde salió el dinero, de bóvedas o de las cajas. El gerente regional de la entidad financiera, Iver Vargas, sostuvo ayer que tiene restricción para brindar información a los medios de comunicación. Sin embargo, la historia de este hecho no empezó el martes. Hace una semana, la víctima habría tenido una reunión con Córdova y con una tercera persona en un café de La Paz para concretar el pago por la adjudicación de la licitación con YPFB, según fuentes cercanas a la Fiscalía. Dos personas que trabajan por el lugar del crimen indicaron que en esa casa había un inquilino que sólo llegaba por temporadas. Otro vecino contó que el tercer piso estaba ocupado por un varón, pero “desde ayer ya no está aquí”. El inquilino sería pariente de Santos Ramírez. Este medio se comunicó con la oficina de prensa de YPFB para consultar si había un contrato nuevo con la empresa Catler Uniservice, de la que O’Connor era presidente. Desde allí informaron ayer a La Razón que desconocían cualquier vínculo. Sin embargo, en julio del 2008, O’Connor firmó un contrato con el presidente de YPFB, Santos Ramírez, para la construcción de una planta de Gas Licuado de Petróleo (GLP). El costo es de 86,35 millones de dólares. Días atrás, la petrolera estatal hizo efectivo un pago de alrededor de 4,5 millones de dólares, según ANF.

LAS PERSONAS: Fernando Córdova, quien acompañaba a O’Connor el momento del atraco, salió ileso. Ayer denunció que fue secuestrado en la mañana cuando salía de su casa y que fue llevado a La Cumbre, donde lo golpearon brutalmente, supuestamente para que brinde datos sobre el hecho criminal. Familiares de Córdova informaron a este medio que éste es gestor de una empresa petrolera, pero que no conocían otras actividades que realizaba.

FRASES: “Este caso es muy delicado y peligroso, involucra a personas de poder. No investiguen más”. JEFE POLICIAL de la entidad del orden.

http://www.la-razon.com/versiones/20090129_006622/nota_256_754890.htm

Enero 28, año 2009. Miércoles

LOS HECHOS: Crimen. Mataron a un hombre y le robaron $us 450.000. Sucedió ayer en La Paz. Dos delincuentes asaltaron a la víctima a plena luz del día en la puerta de su casa y luego huyeron en una motocicleta. Se cree que lo siguieron al salir de un banco De acuerdo con la investigación preliminar, el hecho de sangre ocurrió a las 11:15, en momentos en que O’Connor D’Arlach y otras dos personas descendieron de un vehículo. Cuando se aprestaban a ingresar al domicilio fueron interceptados por los sujetos armados, uno con revólver y el otro con escopeta. Los delincuentes amedrentaron a las víctimas, luego en la puerta de la casa los redujeron tendiéndolos en el piso, pero Jorge O’Connor al parecer se resistió, lo que provocó que los asaltantes le disparen en la región del cuello, informaron oficiales de la Patrulla de Auxilio Ciudadano (PAC), que fueron los primeros en llegar al lugar del atraco. La víctima aún con vida llegó a la clínica Arco Iris donde minutos después falleció a causa de la letal herida. Ayer, luego del disparo, dos de los malhechores se subieron a una moto roja y escaparon. Una mujer contó que vio a otros tres sospechosos ingresar a un vehículo Caldina de color verde y dirigirse hacia Villa Fátima, por detrás la motocicleta.

LAS PERSONAS: Un empresario de distinguida familia tarijeña Jorge O’Connor D’Arlach, asesinado ayer en La Paz por unos delincuentes que le robaron $us 450.000, según la Policía, pertenecía a una distinguida familia del departamento de Tarija, donde su muerte ha causado conmoción en gran parte de la población, conforme a los datos del diario Nuevo Sur de ese distrito. O’Connor D’Arlach era propietario de la empresa Uniserver, que se dedicaba mayormente a la construcción de carreteras, según la fuente informativa. El malogrado empresario era hijo del actual rector de la Universidad Privada Domingo Savio en Tarija, quien lleva el mismo nombre del hombre asesinado. De acuerdo con datos proporcionados por el diario tarijeño, el fallecido poseía domicilios en diferentes ciudades del eje troncal del país, como La Paz y Santa Cruz, donde estuvo viviendo últimamente por negocios.

FRASE: “Yo lo saqué de adentro (de la casa) y lo subí al auto. Eran muchos, yo manejaba el auto y nos asaltaron entre varios”, contó, entre sollozos y nervioso, Fernando Córdova, compañero de la víctima y quien presenció el hecho.

http://www.la-razon.com/versiones/20090128_006621/nota_256_754237.htm http://www.eldeber.com.bo/2009/2009-01-28/vernotaseguridad.php?id=090127232322

Enero 27, año 2009. Martes

China y Corea del Norte dieron ayer la bienvenida a su Año Nuevo Lunar, que da inicio al Año del Buey. Las celebraciones, sin embargo, salieron de sus fronteras y llegaron a Filipinas y Panamá, entre otros.

http://www.la-razon.com/versiones/20090127_006620/nota_251_753596.htm

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